BUENOS AIRES.- Acosado por el doble frente que presenta el problema de los piqueteros, el gobierno ha debido reconocer por medio del jefe del Gabinete, Alberto Fernández, que "son reclamos llevados a cabo por grupos cada vez más minoritarios, que tienen un contenido político antes que social", aunque no habrán de reprimirse. Con anterioridad, el presidente Kirchner había resuelto no concurrir a la clausura de la Conferencia Industrial Argentina, después de conocer el texto del discurso que pronunciaría el titular de la Unión Industrial, Alberto Alvarez Gaiani, quien se lo adelantó personalmente. El empresario subrayó igualmente en esa ocasión la alarma del sector por la inseguridad que pone en peligro a personas e instalaciones, considerando que la ola delictiva afecta indirectamente a las inversiones. Sobrevolando esas jornadas industriales el inquietante problema dio lugar a que un dirigente comentase al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que no llevaba ya encima tarjetas personales que pudieran incitar a un secuestrador a solicitar mayor rescate. Al clima de temor se agravó con la seguidilla de luctuosos atracos a restaurantes porteños y extremadas conjeturas sobre sus causas, hasta relacionarlos con supuestas réplicas de policías bonaerenses a las fuertes imputaciones que se les hacen desde el gobierno central.
El conurbano
Estrechamente conectada la inseguridad del distrito federal con la del conurbano, a la tensión generada por el problema se han sumado políticamente las dificultades que el gobernador de la provincia, Felipe Solá, está teniendo no sólo en ese orden, sino en sus relaciones con el aparato duhaldista y que debilitan su poder de gestión. El mandatario bonaerense ha integrado un gabinete más kirchnerista, y la respuesta que tuvo ha sido una configuración fuertemente duhaldista en el manejo de la Legislatura. Otro tropiezo de Solá ha sido no poder incorporar al equipo renovado del Ministerio de Seguridad al ex ministro León Arslanián, fuertemente crítico del manejo político que, a su criterio, se ha hecho de la institución policial. Lo que más sorprende al secretario de Seguridad Interior de la Nación, Norberto Quantín, es que las reacciones oficiales y medidas adoptadas por el gobierno no hayan desalentado la delincuencia sino, por el contrario, se esté produciendo un fenómeno inverso.
El destituido juez de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O´Connor, había hecho una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con anterioridad a su defenestración por el Senado. En la semana próxima hará una segunda, detallando irregularidades sobre el comportamiento de algunos senadores que votaron por su destitución y no tuvieron tiempo para tomar conocimiento de las doce mil fojas del procedimiento. La Corte de San José de Costa Rica carece de atribuciones para restablecer a Moliné, pero sí las tiene para revisar las decisiones con mayor amplitud que nuestra Corte Suprema. El propósito del ex juez es de orden ético, después de que sus acusadores no consiguieran descalificarlo a futuro para acceder a cargos públicos. (De nuestra Sucursal)
