Los políticos se presentan a sí mismos como las personas capacitadas para resolver los problemas de la sociedad. Todos sus actos están destinados a vender sus habilidades múltiples para enfrentar cualquier situación conflictiva. La sociedad, sin embargo, los mira de otra manera. Los acepta como los que tienen responsabilidad sobre la cosa pública, pero duda de que sus objetivos sean solucionar problemas. Groucho Marx sentenció que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Y Woody Allen completó la idea al definir que la vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema. Basta mirar lo que se hizo en la última década con los remises y los taxis en Tucumán.
Hace diez años estalló el gran escándalo de los transportes públicos, conocido como "taxigate". Entonces había poco más de 1.200 taxis legales y la sociedad estaba escandalizada por las denuncias de ventas de licencias en forma irregular. Para 1995, los políticos solucionaron el problema de las licencias irregulares con la sanción de la ordenanza que creaba el servicio de remises. Y a partir de allí los remiseros fueron creciendo hasta transformarse en una marea que inunda la ciudad. Una ordenanza posterior permitió que haya más autos y que tengan más facilidades para circular. Desde entonces, todas las soluciones agravaron la cuestión. Hoy se gasta más tiempo y energías en hablar del problema que en afrontarlo, porque el nudo es tan grande que no se sabe por dónde desatarlo.
El primero en quedar en evidencia, tras la denuncia de LA GACETA, fue el director de Transporte provincial, Lorenzo Ponce. Mientras afirmaba que los operativos de control eran exitosos, un periodista subía sorprendido a un taxi pirata en las mismas escalinatas de la Casa de Gobierno. ¿Puede Ponce cambiar las cosas? No. Los conductores pirata dijeron que ellos trabajan desde hace dos décadas así, y que no piensan ceder. Los funcionarios de la Municipalidad capitalina no actúan porque dicen que no tienen poder de policía. Tampoco tienen poder para controlar a sus empleados. Por ello, ante el primer conato de conflicto el intendente Domingo Amaya dio marcha atrás con las anulaciones de nombramientos. Si cede ante los díscolos, ¿qué hará para controlar cómo trabajan? El gremio municipal ya logró, en una gestión anterior, hacer anular sumarios por presuntas coimas. "No me temblará la mano para firmar cualquier proyecto que busque acabar con la ilegalidad", dijo.
Pero tendrá que probar que no habrá temblores. Hasta ahora no prosperaron los proyectos de ordenamiento, porque no se logró hacer acuerdos mínimos con los interesados. Los taxistas no quieren ceder más luego de años de perder frente a la fuerza de los remiseros, y estos no quieren salir de la ilegalidad (que implica no pagar tasas ni seguros). Prefieren coimear. Los únicos que afirman que no coimean son los de Cinco Estrellas, que se imponen por el miedo o por sus relaciones políticas íntimas con sectores del peronismo. De cualquier manera, buscar salidas excluyéndolos significa una guerra que los políticos nunca quisieron librar, y es dudoso que lo hagan. Gobernar no consiste en solucionar problemas, sino en hacer callar a los que los provocan, decía Giulio Andreotti.
La salida, como casi todo en este país, parece estar en una sociedad con instituciones fuertes, que defina el perfil que quiere tener en el futuro y debata y acuerde entre provincia y municipios políticas comunes en temas básicos (carnet de manejo, transporte, basura, etcétera) y los respete. Pero eso se podía plantear hace diez años; hoy los intereses están demasiado encontrados. El problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era, dijo Paul Valéry.
