Herramienta contra la corrupción

El Poder Ejecutivo Nacional ha dictado un decreto para la transparencia de la gestión pública que regula la actividad del lobby (influencia o presión) con el fin de acotar la discrecionalidad de los funcionarios y reducir los ámbitos de irregularidad y corrupción. La decisión concierne a todos los integrantes del PEN, desde el Presidente hasta los directores generales, quienes deberán difundir, antes y después de todas las reuniones relacionadas con la gestión de intereses particulares, los temas considerados y sus resultados. El decreto de referencia establece una serie de condiciones para su cumplimiento, cuya complejidad señaló el presidente Néstor Kirchner al reconocer: "vamos a tener numerosísimos problemas de aplicabilidad, ya que se trata de cambiar una cultura que viene de muchos años, si bien con ese empeño vamos a sacar a la Argentina de los rankings de corrupción que tanto nos avergüenzan". Con tal propósito, la Jefatura del Gabinete está elaborando junto con organismos de las Naciones Unidas un sistema de consultas abierto al público mediante Internet; se habilitarán igualmente diversas vías de comunicación inmediata, con dependencia de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.
Dicho decreto lleva el número 1.172/03 y se denomina Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, por lo que sus pautas no regirán para los restantes poderes del Estado. Esa limitación es consecuente con el hecho de que el Congreso no haya avanzado en la misma dirección después de varios años en que diferentes proyectos de ley de esa naturaleza no han merecido el necesario interés de la mayoría. La decisión del PEN ha sido instrumentada con la Oficina Anticorrupción, el Diálogo Argentino y el Foro Social de la Transparencia y debería contribuir a estimular el interés del Poder Legislativo, generalmente renuente a las reformas necesarias para la buena marcha de la República, pero que implican en casos como el referido revisiones en las prácticas de clientelismo político y financiamiento partidario. El último intento frustrado en el ámbito parlamentario se produjo hace poco más de un año, cuando un grupo de senadores no consiguió el tratamiento de una iniciativa conjunta, donde se consideró lobbista a la persona física o jurídica que realice acciones en defensa de sus intereses o de terceros para influir en proyectos legislativos o del Poder Ejecutivo, a cambio de una remuneración. Con ese fin se propuso la creación de un Registro de Lobbistas con trámites rigurosos, inspirado en el régimen vigente en los Estados Unidos. La iniciativa tuvo impulso a raíz de un escándalo suscitado por la doble gestión de un lobbista con representación simultánea de intereses oficiales y privados. Ese gestor suministraba información parlamentaria a bancos privados y al Central, encargado de controlarlos, además de haber cumplido función semejante en el Ministerio de Economía. Sin embargo, esos testimonios no fueron suficientes desde entonces para que alguna de las Cámaras del Congreso resolviera incluir el problema en sus órdenes del día, después de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado los investigó, a propósito de presuntos sobornos para impedir algunas leyes. Es de esperar que la complejidad del rumbo abierto en el gobierno nacional no desaliente a quienes deben recorrerlo, permitiendo así -como ha señalado el Presidente- sacar al país de la ominosa lista de la corrupción internacional que lo degrada y le retrae confianza hasta el punto de su declinación. Mas esa acción -en que la ciudadanía debe asumir un resuelto coprotagonismo- será insuficiente mientras el Poder Legislativo no asuma la responsabilidad de incorporarla y recupere ante la sociedad el perdido prestigio de su gestión.