La meta fiscal prevista por la Dirección General de Rentas pone en alerta a los ciudadanos que contribuyen para financiar el gasto público, con el pago de los impuestos. El organismo quiere recaudar un piso de $ 28 millones mensuales en 2004, lo que hace presumir que habrá aumento en algunos tributos o una mayor política de presión hacia los deudores (históricos o no) y hacia los evasores.
Pero las pautas dadas a conocer por las autoridades de Rentas nada dicen respecto de los incentivos para aquella franja de contribuyentes que religiosamente cumple con el fisco. Los bloqueos fiscales, las moratorias y hasta los planes de financiación a largo plazo no hicieron otra cosa que alentar la morosidad a la espera de una decisión salvadora por parte de las autoridades de turno. Pero una fuerte presión tributaria, sin anestesia mediante, tampoco contribuye al rápido recupero de la deuda histórica (unos $ 200 millones) que la población tiene con el Estado, al decir de los funcionarios.
Esto último constituye una seria limitación en la potestad que tiene todo Estado para definir su política impositiva. "El aumento de los impuestos no necesariamente implicará un incremento sostenido en la recaudación". Esta máxima es denominada por los teóricos en la materia como la Curva de Laffer.
En el impuesto Automotor ya está decidido en que habrá un reajuste impositivo para actualizar la valuación de los rodados inscriptos en Rentas. El aumento promediará entre el 10% y el 20% para los vehículos usados y hasta podría alcanzar el 40% en las unidades último modelo por efecto de la devaluación del peso respecto del dólar. En cuanto al otro de tributo patrimonial, el Inmobiliario, hay serias intenciones de tomar el mismo camino, aduciendo que no hubo un revalúo en las últimas décadas. En ambos impuestos está inscripto el conjunto de la sociedad, aquel que tiene los ingresos mínimos para sobrevivir en esta época de crisis.
La política fijada por el gobernador José Alperovich tiende a aplicar todas las herramientas para exprimir a los morosos. 2004 se caracterizará como el año de los embargos, por las ejecuciones fiscales en curso y por otras que se presentarán en breve.
Para esa tarea, el mandatario encomendó los servicios de un "sabueso" de la AFIP, Pablo Clavarino, quien ya tomó medidas similares en Salta, hace casi un lustro. Y existe la decisión política de la Casa de Gobierno de crear nuevos Juzgados de Cobros y Apremios para que las causas abiertas por Rentas se aceleren y descomprimir la labor de los dos despachos judiciales que hoy atienden 20.000 causas por cada juzgado.
El sacrificio económico
Los impuestos, en sí, son un sacrificio que hacen los tucumanos para que en la provincia exista una buena atención de los servicios esenciales (educación, salud y seguridad) en beneficio de todos los sectores de la sociedad, en especial, de aquellos que no tienen una cobertura social.
Por esa razón, es fundamental la transparencia del gasto público para que el contribuyente sepa si la gestión de gobierno está usando debidamente los recursos que aportó al sistema. Tal vez ese sea uno de los motivos que lleva a los empresarios a pensar en la necesidad de que Rentas elimine los impuestos distorsivos (Sellos e Ingresos Brutos). Pero esta será una pelea sin fecha de término.
Ante este escenario, el Gobierno "debe estimular al ciudadano de modo que el temor de los tributos no debe impedir a aquel el abrir un negocio", como decía, palabras más, palabras menos, Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe. Esa debería ser la alfombra roja que tanto se promete desde la Casa de Gobierno para atraer las inversiones, pero también dejar satisfechos a aquellos sectores de la actividad privada que siguen creyendo en la provincia.
