Los legisladores de la nueva camada, sorpresivamente, están en el centro de la borrasca. El Colegio de Abogados, sin proponérselo, disparó una polémica dentro del poder de las leyes. La corporación de los letrados coordina la comisión tucumana para el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
Desde esa plataforma institucional les preguntó a los representantes de pueblo si conocían la existencia de la ley 25.188 de Etica de la Función Pública. Además, les consultaba acerca de la puesta en vigencia de esa ley dentro del ámbito provincial. En principio, era una petición de información carente de efectos políticos.
La CICC se formalizó en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), con una premisa básica: la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas. "La democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de la función pública, así como de los actos específicamente vinculados con tal ejercicio", es otra de las ideas básicas del pacto. En ese contexto, la ley 25.188 establece la obligación de una manifestación jurada de bienes para una extensa lista de funcionarios civiles y militares.
El requisito de la transparencia está plasmado en el artículo 10 de la ley 25.188, que ordena publicar en el Boletín Oficial de la Nación el listado de las declaraciones juradas de aquellos. Al mismo tiempo, se asegura el libre acceso de cualquier persona a esa información, previo cumplimiento de una serie de condiciones fijadas rigurosamente. Esa posibilidad se mantiene abierta durante el período en que ejercita la función.
Justamente, lo que la ciudadanía reclama es que se conozca la situación patrimonial de sus gobernantes de diferentes niveles y jerarquías y legisladores, sin restricciones de ninguna especie. En la Legislatura 1999-2003 fracasaron iniciativas que propiciaban la difusión de los datos patrimoniales de sus miembros por Internet.
Infructuosamente, el extinto concejal radical Guido García motorizó un proyecto similar. Sus pares jamás mostraron interés alguno en aprobarlo. Algunos de ellos fueron electos legisladores provinciales el 29 de junio pasado.
Mala interpretación
La encuesta del Colegio de Abogados hubiera pasado sin pena ni gloria si no trascendía que sólo ocho legisladores les habían remitido sus declaraciones de bienes. En rigor, la institución no pretendió arrogarse facultades que no tiene. Pero el malestar con quienes no tuvieron reparos fue evidente. El vicegobernador Fernando Juri precisó que los 40 legisladores acataron la ley provincial que les obliga a depositar sus declaraciones patrimoniales en la secretaría administrativa de la Cámara.
Los comentarios de entrecasa confirman que se malinterpretó la petición del Colegio de Abogados. Hubo también reservas de naturaleza política. Algunos legisladores mirandistas, por nada del mundo, darían informes que pudieran caer en manos de organizaciones no gubernamentales como el Grupo Alberdi, que forma parte de la comisión tucumana. El Grupo Alberdi sobresalió por su oposición a la administración que se fue el 29 de octubre.
La distinción legal que trazó Juri es inobjetable. Sin embargo, la opinión pública quiere que los principios de la CCIC se corporicen en la realidad. El proyecto del legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) abre una expectativa. Cuanto más se avance hacia la cristalinidad de los actos públicos, ganará en solidez la democracia. De lo contrario, se afianzará la creencia de que lo turbio encubre la actividad política.
