Soborno institucionalizado

En nuestra edición de ayer, una extensa nota, con concluyentes testimonios, muestra que es cosa común el soborno que los remiseros truchos utilizan para que los inspectores de tránsito los dejen trabajar sin inconvenientes. No se necesitan grandes sumas: bastan 2 pesos, por regla general, para que el agente mire hacia otro lado. Y permita que el vehículo ilegal, por desvencijado que sea y aunque carezca hasta de patente, circule y se estacione en cualquier parte, incluyendo las paradas de colectivos o la vereda que enfrenta la Casa de Gobierno. El tema del transporte ilegal de pasajeros en nuestra provincia ha alcanzado dimensiones inimaginables. Lo que debió haberse encarado en sus comienzos, se ha dejado crecer hasta el punto actual, en que implementar una solución eficaz parece directamente imposible. Las sucesivas administraciones municipales y provinciales no han cumplido con su deber. Han permitido que se ignoren olímpicamente todas las normas que encuadran este rubro en San Miguel de Tucumán. Y así, junto al transporte legal, ha crecido exponencialmente el que no lo es, y que se desarrolla en franco perjuicio del primero y rodeado por una falta de seguridad realmente pasmosa. No sabemos cómo se planificará terminar con este fenómeno, que, sin duda, es una de las gruesas asignaturas pendientes en el municipio.
Pero nos interesa referirnos a otra cuestión. Es el hecho del soborno institucionalizado de los inspectores estatales. No es un problema de hoy. Por el contrario, tiene muy antigua data y es ya algo incorporado a la "normalidad" de las calles. Cualquier chofer de taxi puede dar testimonio de centenares de episodios que muestran a la coima como recurso habitual, desde hace ya muchos años.
Esto se llama corrupción. Un agente público que reciba dinero a cambio de hacer o no hacer alguna cosa es un delincuente. Corresponde que sea separado de la repartición donde presta servicios, y que se lo responsabilice judicialmente por su conducta. Así debiera ocurrir si respetáramos la ley. Al parecer, hasta la actualidad, hemos optado por no respetarla, en este como en otros rubros. Por eso el soborno, lejos de ser una excepción severamente castigada, ha tomado condición de cosa corriente y normal.
Nunca será posible ordenar las administraciones provincial y municipal, si no se termina de raíz con estas situaciones y si no se sanciona de modo ejemplar a sus protagonistas. De nada servirán las inyecciones de fondos en sus presupuestos, si su personal inspector carece de la probidad que resulta indispensable en todo el que cobre un sueldo del Estado. Esto es claro y no se necesita abundar en demasiados argumentos. Parece evidente que resulta urgente una acción moralizadora, que restablezca el imperio de la ley y sin vacilaciones.
La existencia del soborno institucionalizado es afrentosa y constituye un justificado motivo de alarma para la ciudadanía. No puede prolongarse ni un minuto más. El discurso político habitual levanta, con enorme frecuencia, la bandera de la lucha contra la corrupción. Bueno es recordar que la corrupción no sólo está en los negocios millonarios que pudieran hacerse en las altas esferas del poder. También se expresa en el miserable soborno de $ 2 que es suficiente para que un inspector provincial mire para otro lado. Y hay delito en quien entrega ese dinero tanto como en el que lo recibe.
Resulta imperioso terminar con semejante estado de cosas. Los organismos públicos están formados por hombres, y estos deben tener, además de capacidad, las condiciones de honradez y de probidad básicas. Mientras no lo entendamos así, constituirán una utopía todos esos cambios en el modo de gobernar que a diario se proclaman como indispensables.