BUENOS AIRES.- A medida que se acerca el 20 de diciembre, y en consecuencia, el horror del recuerdo de aquella jornada sufrida por la Argentina hace dos años, parece instalarse desde el poder político un dilema erróneo, que si se mantuviera en los términos en que viene siendo planteado, puede resultar peligroso tanto para quienes manejan hoy el país, como para la sociedad en general.
Las opiniones de expertos, consultores, políticos y dirigentes instalados o los que sin tener cargos aún manejan hilos que más parecen sólidas cuerdas atadas a algunos factores de peso, plantean hoy como conflicto central la protesta encarnada por los piqueteros, y el dilema entonces se presenta entre estos opuestos: reprimir o dejar hacer.
Quienes se inclinan por la "represión", sea legal o de acción policial -como el duhaldismo lo ha hecho en las últimas horas- dicen hacerlo en nombre de los reclamos de la clase media, aquella que se considera en la teoría como base de sustento del gobierno de Néstor Kirchner.
Mientras que los que lo hacen por la "laxitud", dicen que se basan en la necesidad de impedir que se pague con sufrimiento y hasta con la muerte una protesta que, eventualmente reprimida por las fuerzas policiales, irremediablemente redundaría en un precio político muy alto. Este precio sería tan alto como el que tuvo que pagar Eduardo Duhalde, cuando renunció a completar su mandato sui generis por el asesinato de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Nada más engañoso.
Que las constantes protestas piqueteras molesten al ciudadano común que se enfrenta a diarias dificultades para moverse por sus ámbitos habituales, no podría justificar jamás represión o política dura, puesto que los quejosos difícilmente estén reclamando esa opción.
Sin justificar
Que la alimentación por razones políticas y clientelismo de sectores piqueteros, implementada indudablemente desde el poder, redunde en contradicción con la cultura del trabajo, difícilmente resulte una justificación válida para la eliminación de subsidios que no alcanzan a cubrir las mínimas necesidades de alimentación y salud.
El nudo del problema, en cambio, podría radicar en dos cuestiones básicas: la necesidad de poner en marcha un modelo de país que permita la reivindicación de sus sufridos habitantes, arrojados a la marginalidad y la pobreza por otro modelo, exitosamente llevado a cabo durante la década del 90 por los factores de poder que imperaron entonces y que plantearon como fin perverso la exclusión que habilitara altísimos privilegios para unos pocos, contra el hambre de los muchos.
Cumplido ese plan sistemático que llevó a la desesperación a millones de argentinos, se intenta instalar ahora la necesidad de reprimir a quienes hoy recurren a lo que tienen a mano -o a lo que distintos sectores políticos los indujeron- para llamar la atención sobre su propio conflicto.
En verdad, el dilema que debería plantearse hoy es la forma de arrancar de esos niveles indignos a los argentinos que hoy los ocupan sin esperanza alguna de mejorar, sin expectativa ninguna y por lo tanto, hasta ahora, casi sin voluntad de confiar en un futuro distinto. (DyN)
