05 Junio 2014
En la Legislatura descansan seis proyectos de ley -tres del oficialismo, tres de la oposición- que proponen una reforma íntegra al actual Código de Contravenciones Policiales (CCP), concebido en forma de ley durante la última dictadura militar y registrada con el número 5.140. Sin embargo, todas estas iniciativas podrían quedar relegadas, en caso de que la Legislatura avance con la modificación del régimen de faltas que cada día aplica la Policía.
Regino Amado, presidente subrogante de la Cámara, anticipó que la elaboración de la nueva normativa de convivencia ciudadana podría tener las características del trabajo que se está llevando adelante para la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán. En esa labor participan, desde el año pasado, representantes del parlamento, de la Justicia, del PE y de los letrados colegiados. “La complejidad del tema amerita un trabajo similar. Es necesario atender qué dicen el Ministerio de Seguridad Ciudadana, las ONG que estén trabajando en este tema, los magistrados, y sobre esa base determinar la necesidad del cambio y qué debe cambiar”, dijo Amado.
El inicio de esta labor no tiene plazo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), al emitir una segunda sentencia en la causa “Núñez”, habló sobre el “retraso normativo” en materia contravencional.
Ayer, el gobernador, José Alperovich, también se refirió -aunque de modo escueto- a la polémica por el cuestionado Código de Contravenciones Policiales. “Está el tema en la Legislatura. Hay que hacerlo (al estudio de la modificación normativa) y trabajar en conjunto con la Justicia”, advirtió el mandatario provincial, en rueda de prensa.
Conclusiones
Gracias a la ley N° 5.140, el jefe de Policía investiga y sanciona (con multas o arresto) a la persona que los propios agentes del orden han arrestado. Este ciudadano, al declarar, no cuenta con asistencia de un abogado defensor. Y la fuerza de seguridad, dependiente del PE, tiene hasta 48 horas para notificar a la Justicia sobre la presunta infracción al Código de Contravenciones.
A estas conclusiones llegó el 5 de octubre de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al fallar en “Núñez”, causa iniciada en 2004 por el arresto de un joven que había protagonizado incidentes tras un partido de fútbol en “La Bombilla”. El 7 de mayo pasado, la Corte de esta provincia dictó una nueva sentencia “conforme a derecho”, como le había ordenado el máximo tribunal argentino para este caso; así, la CSJT se sumó a las críticas a la ley N° 5.140.
Luego de que la Justicia marcara la mora legislativa, el oficialista Marcelo Caponio retrucó que “más urgente es la creación de los Juzgados Contravencionales”, y responsabilizó por la tardanza al poder tribunalicio. El alperovichista Amado coincidió en que “las leyes (para esos juzgados) ya fueron aprobadas”. “Está en manos del Poder Judicial ponerlos en marcha. Si falta alguna herramienta legal, siempre estamos dispuestos a colaborar. Eso sí: deberán tener en cuenta que significaría un incremento en su presupuesto”, agregó Amado.
Desde diciembre de 2011, cuando se conformó el actual parlamento, se elevaron seis proyectos para modificar el CCP. Los autores fueron Ariel García (UCR), Marcelo Caponio (PJ), Jesús Salim (PJ), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), Graciela Suárez (PJ) y la ex legisladora provincial Silvia Elías (UCR, hoy es senadora nacional). Las iniciativas reunieron, en total, 25 firmas. Sin embargo, ninguna obtuvo dictamen en la comisión de Seguridad y Justicia, durante las presidencias del neomassista Gerónimo Vargas Aignasse (de 2011 a inicios de este año) ni del alperovichista José León (actual titular).
Regino Amado, presidente subrogante de la Cámara, anticipó que la elaboración de la nueva normativa de convivencia ciudadana podría tener las características del trabajo que se está llevando adelante para la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán. En esa labor participan, desde el año pasado, representantes del parlamento, de la Justicia, del PE y de los letrados colegiados. “La complejidad del tema amerita un trabajo similar. Es necesario atender qué dicen el Ministerio de Seguridad Ciudadana, las ONG que estén trabajando en este tema, los magistrados, y sobre esa base determinar la necesidad del cambio y qué debe cambiar”, dijo Amado.
El inicio de esta labor no tiene plazo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), al emitir una segunda sentencia en la causa “Núñez”, habló sobre el “retraso normativo” en materia contravencional.
Ayer, el gobernador, José Alperovich, también se refirió -aunque de modo escueto- a la polémica por el cuestionado Código de Contravenciones Policiales. “Está el tema en la Legislatura. Hay que hacerlo (al estudio de la modificación normativa) y trabajar en conjunto con la Justicia”, advirtió el mandatario provincial, en rueda de prensa.
Conclusiones
Gracias a la ley N° 5.140, el jefe de Policía investiga y sanciona (con multas o arresto) a la persona que los propios agentes del orden han arrestado. Este ciudadano, al declarar, no cuenta con asistencia de un abogado defensor. Y la fuerza de seguridad, dependiente del PE, tiene hasta 48 horas para notificar a la Justicia sobre la presunta infracción al Código de Contravenciones.
A estas conclusiones llegó el 5 de octubre de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al fallar en “Núñez”, causa iniciada en 2004 por el arresto de un joven que había protagonizado incidentes tras un partido de fútbol en “La Bombilla”. El 7 de mayo pasado, la Corte de esta provincia dictó una nueva sentencia “conforme a derecho”, como le había ordenado el máximo tribunal argentino para este caso; así, la CSJT se sumó a las críticas a la ley N° 5.140.
Luego de que la Justicia marcara la mora legislativa, el oficialista Marcelo Caponio retrucó que “más urgente es la creación de los Juzgados Contravencionales”, y responsabilizó por la tardanza al poder tribunalicio. El alperovichista Amado coincidió en que “las leyes (para esos juzgados) ya fueron aprobadas”. “Está en manos del Poder Judicial ponerlos en marcha. Si falta alguna herramienta legal, siempre estamos dispuestos a colaborar. Eso sí: deberán tener en cuenta que significaría un incremento en su presupuesto”, agregó Amado.
Desde diciembre de 2011, cuando se conformó el actual parlamento, se elevaron seis proyectos para modificar el CCP. Los autores fueron Ariel García (UCR), Marcelo Caponio (PJ), Jesús Salim (PJ), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), Graciela Suárez (PJ) y la ex legisladora provincial Silvia Elías (UCR, hoy es senadora nacional). Las iniciativas reunieron, en total, 25 firmas. Sin embargo, ninguna obtuvo dictamen en la comisión de Seguridad y Justicia, durante las presidencias del neomassista Gerónimo Vargas Aignasse (de 2011 a inicios de este año) ni del alperovichista José León (actual titular).
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