La vieja deuda del Congreso

La recomposición de ambas cámaras del Congreso mediante un prolongado calendario renovador que no se avino con el espíritu constitucional, debería poner fin a la incertidumbre con que la política nacional viene desenvolviéndose como parte de la gestión del Estado. El 10 de diciembre, un tercio de las bancas del Senado concretará la renovación de mandatos, al igual que la mitad de la Cámara de Diputados. Esos relevos se produjeron a lo largo de un prolongado proceso electoral, sin coincidir con la elección de Presidente y vicepresidente, como hubiera sido deseable, a la vez que la asunción de ambos debió adelantarse por más de siete meses por causa de la crisis que afectó la regularidad del sistema institucional. Tales irregularidades tuvieron, sin embargo, por feliz marco un firme espíritu democrático y legitimista de la sociedad que permitió el retorno a la normalidad de las instituciones, mas la renovación en ambas ramas del Congreso compromete a la clase política con una serie de decisiones fundamentales que esperan desde hace largo tiempo. Pero las expectativas públicas inmediatas no parecen atender debidamente la trascendencia de esas cuestiones de Estado pendientes y de cuya solución depende la modernización de la República.
La extrema politización de la vida argentina está dando prioridad a un tema tan sensible como el de las relaciones futuras del Poder Ejecutivo con el Legislativo, a pesar de que el partido oficialista tendrá con la recomposición parlamentaria mayoría decisiva de diputados y senadores. Sin embargo, esa mayoría numérica no se corresponde con la política, como evidencia el novedoso fenómeno de la transversalidad, al que el presidente Néstor Kirchner debe apelar para asegurarse suficiente respaldo legislativo. En consecuencia, el Poder Ejecutivo se verá obligado a negociar con su propio partido los asuntos fundamentales que deba plantear ante el Congreso y, en más de una ocasión, a demandar apoyos entre la oposición. Esa circunstancia exigirá del poder parlamentario una responsabilidad superior a la que ha venido demostrando desde que se desatendieron cuestiones cuyas postergaciones fueron causas de la crisis y declinación que afectaron tan gravemente al país. A título referencial, deben señalarse la reforma política en demanda de un moderno y eficaz sistema representativo; un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, y que constituye una base esencial para la vigencia real de las autonomías provinciales; la reglamentación del sistema de decretos de necesidad y urgencia, cuya demora por más de siete años ha permitido que todos los presidentes desde aquel año legislen irregularmente. El propio Congreso se debe a sí mismo una racionalización de su burocracia, eliminando comisiones cuyo número es tan elevado que no permite la atención adecuada por sus integrantes; también espera una acción depuradora de comportamientos por parte de los legisladores, deudores en muchos casos de una disciplina laboral cuya ausencia no se suele sancionar reglamentariamente. La deuda política del Poder Legislativo con la sociedad es ya demasiado elevada para que se pretenda mantenerla insatisfecha, así sea parcialmente, por un nuevo período. Ello es más evidente a la luz de los fuerte reflejos contestatarios que la ciudadanía demostró durante los momentos más graves de la crisis. La renovación parlamentaria seguramente ha estado muy lejos de responder al ilusorio "que se vayan todos", pues la vieja calesita del arcaico régimen político selectivo ha impedido la deseable apertura. Pese a ello, cabe esperar que la experiencia dejada por las graves instancias de los recientes años, abra conciencia en quienes tienen el deber de posponer todo otro interés que no sean los de la Nación.