Un informe sorprendente

El informe del fiscal general de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo de la Cruz, sobre alrededor de 4.000 conexiones telefónicas entre oficinas del Gobierno nacional y del Ejército, y bandas de delincuentes responsables de secuestros y de otros graves delitos, ha constituido otro hecho sin precedentes de los que acumula nuestra vida pública en los recientes años.
Esa investigación se corresponde con 200 causas penales y comprende desde 1997 hasta el presente año. Pero no sólo su contenido específico provoca conmoción en una sociedad ya acostumbrada a lo imprevisto, sino los cauces seguidos por su difusión, pues han sido la propia oficina del fiscal general bonaerense y los amplios detalles difundidos por este los que han permitido que esos hechos trascendieran al tiempo que eran conocidos en los máximos niveles oficiales.
Tras esas cifras y detalles sobre una red excepcional de comunicaciones, donde se cruzan alrededor de 200 líneas telefónicas mediante conmutadores, aparecen la Secretaría de Inteligencia del Estado y otra unidad castrense de investigaciones, pero no se precisa individualización alguna, por lo que el amplio espectro de llamadas cruzadas tan sólo promueve nuevas indagaciones en busca de responsables y de destinatarios determinados, pasibles de complicidad delictiva.
El fiscal De la Cruz ha revelado, en sus declaraciones, que hizo llegar ese informe al Presidente de la Nación con el propósito de que el Gobierno adopte medidas internas, y que habría personal estable en las diferentes gestiones, que opera con mafias. Otros detalles suministrados por el alto funcionario de la Corte bonaerense introducen en un oscuro laberinto de complicidades que hacen suponer una operatoria delictiva que incluye el tráfico de armas, y cuya compleja tecnología -expresó- dificulta la acción de la Justicia. Sin mayores eufemismos, el fiscal general ha señalado como conclusión de las dificultades para avanzar en el caso, que los hechos también revelan una escasa vocación de investigación.
Como no podía ser menos, la llamativa difusión del informe y sus detalles por parte de los responsables, produjo reacciones encontradas en los medios gubernamentales y castrenses. Entre los primeros, tanto los ministros de Justicia, del Interior y de Defensa, como el jefe del Gabinete. En todos los casos ha privado el escepticismo, amén de una sospecha sobre un supuesto contraataque de sectores policiales bonaerenses, en respuesta al fuerte hostigamiento y denuncias de corrupción que parten del poder central. En este punto, el panorama oscurece el rumbo de la investigación, como sugiere el secretario de Seguridad de la cartera de Justicia, Norberto Quantín, al afirmar: "hasta ahora no hay ninguna prueba de lo que dice el informe".
Por cierto que el clímax imperante entre las partes de esa investigación -el gobierno central y la justicia bonaerense, que ha operado en el caso con la policía provincial- es el menos favorable para un trabajo esclarecedor. El frecuente y descalificante discurso del ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Beliz, contra la llamada "Bonaerense" y sus concomitancias políticas, y el hostigamiento que otros voceros del poder central mantienen con los poderosos caudillos duhaldistas del conurbano porteño, son en definitiva elementos estimulantes de ese informe tan ampliamente difundido. Una y otra parte -más allá de la gravedad de una denuncia que no puede dejar de investigarse- han dado testimonio nuevamente de que la prudencia responsable sigue siendo una virtud ausente de nuestra vida pública, parcelada por disputas que obstruyen perentorias demandas de la sociedad.