Los rentistas

Los recientes episodios de General Mosconi, en Salta, donde un grupo de manifestantes piqueteros saqueó e incendió oficinas de dos empresas petroleras, y la subsiguiente reunión de sus organizadores con el ministro del Interior y otros funcionarios nacionales para negociar demandas, pueden ser una consecuencia límite de la confusión entre el orden público y los intereses políticos. La singularidad del conflicto, que desde hace años mantiene una situación de agitación excepcional en la zona, es el hecho de que ninguna de esas empresas mantiene deuda o compromiso alguno con quienes demandan un resarcimiento por desempleo, del que es responsable el Estado.
A partir de esa aclaración, se advierte cuán injusta ha sido la agresión protagonizada por una minoría cuyos procedimientos recurrentes ponen en peligro fuentes de trabajo y han merecido el repudio de la población afectada por el incumplimiento estatal. General Mosconi y Campo Durán ostentan así el título más ominoso de dos años de crisis y de pérdida del orden público en distintos lugares del país, durante los que se registraron alrededor de 20.000 manifestaciones de protesta.
¿Quién puede dudar de que están dadas las condiciones para que una proporción sin precedentes de argentinos y quienes eligieron nuestro país para vivir se vean obligados a peticionar por el respeto de sus derechos más esenciales? Mas igualmente, es honesto reconocer que ese ejercicio reivindicatorio tiene un marco jurídico y social definido con precisión que, si es desbordado, causa un daño inmediato a terceros cuya gravedad se manifiesta en algún momento con la descomposición del sistema social.
El testimonio de General Mosconi es un ineludible llamado de atención, como lo es también que un alto funcionario nacional responsable del orden público haya explicado los hechos culpando a las fuerzas de seguridad en el lugar por la iniciativa de reprimirlos. En el país existen actualmente no menos de doscientas organizaciones o siglas de piqueteros.
Algunas de ellas disponen de oficinas y empleados, y económicamente demuestran estar en condiciones de movilizar centenares de personas en cualquier momento, a las que pagan y facilitan bolsas de alimentos, amén de distribuirles parte de los subsidios que sus líderes perciben de organismos públicos.
Esa red de estructuras contestatarias es intermediaria en el reparto de planes como el de Jefes y Jefas de Hogar, sin otro control que un compromiso de no apelar a la violencia cuando cortan rutas o puntos urbanos.
El concepto de violencia es, en ese orden, tan laxo que han dejado ser hechos de esa naturaleza la gran mayoría de los que las normas penales definen como tales. Por otra parte, ello ha dado lugar a que se pretenda y analice una ley de amnistía de la que tan sólo estarían excluidos los casos más graves de homicidio.
El sistema de piqueteros se sustenta en una combinación de temor de la autoridad de aplicación del orden legal y un criterio de justicia que iguala la atenuante de delitos con la eximente. A ello se suma el interés político en servirse de esas estructuras contestatarias para compensar la falta de poder que el Gobierno central enfrenta en el partido oficialista.
La otra realidad que muestra ese fenómeno inédito de un sistema marginal de protesta, financiado en alta proporción por subsidios oficiales, es la crisis que ha terminado por afectarlo, testimoniada por sus propios protagonistas, al denunciarse recíprocamente por connivencias con las autoridades de aplicación y actos de corrupción que no tienen eco judicial.
Divididos en buenos y malos, de acuerdo con sus oportunismos frente al poder político, los dueños de esas estructuras pertenecen a la poderosa y exclusiva clase de rentistas de la crisis.