El rumbo de la Corte Suprema

La reciente designación de Enrique Petracchi y de Augusto Belluscio en la presidencia y en la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de sus propios miembros ha abierto perspectivas estimulantes para la recuperación del prestigio público requerido por el máximo tribunal de Justicia. Ambos magistrados accederán a sus cargos al iniciarse el año próximo, para cuando se estima que debería tener fin la prolongada, y por momentos polémica, reestructuración de la Corte. Sometidos a juicio político o renunciantes cuatro de los ministros de la institución, son cinco los que al momento se desempeñan sin que en ningún caso se advierta riesgo alguno de cuestionamiento formal; de ellos, el todavía presidente, Carlos Fayt, se retirará jubilado por propia determinación y cederá el lugar a su sucesor. Cinco fue igualmente el número de integrantes que estableció la Constitución Nacional de 1853. Cuando la reforma de 1860 dejó de precisar ese dato abrió las puertas para que, tres años después, el número fuera elevado a siete. A partir de entonces, se alternaron en distintas circunstancias históricas esas numeraciones, hasta que en 1990 se incrementaron de cinco a nueve los miembros del tribunal. Pero esa realidad estadística es apenas un testimonio menor de la azarosa historia de la Corte desde el momento en que se interrumpió su estabilidad institucional, a casi un siglo de su creación.
En 1946, tras la llegada del peronismo al poder, ese oscuro proceso se inició con un juicio político colectivo que concluyó con un tribunal dócil a las demandas del gobierno, y siguió prolongándose en variadas etapas como secuelas de golpes de Estado y recuperaciones transitorias, inclusive mediante decretos que no repararon en la gravedad de la crisis que estaba echando raíces en la seguridad jurídica de la Nación. En 1990, cuando la democracia se había afirmado, después de medio siglo de frustraciones, se produjo la más original de todas las alternativas para lograr una Corte dócil al poder político: la elevación de cinco a nueve del número de sus integrantes, con lo que se configuróla famosa "mayoría automática", finalmente dispersa mediante procedimientos testimoniales de cómo arraigaron en nuestros viejos cuadros políticos los perversos estilos que incubaron nuestra decadencia. Esta singularidad, donde no pocos de quienes incriminan a esos jueces fueron parte en la gestión que los ungió, es el costado oscuro, al menos en el procedimiento, de la esperada recuperación. Las consecuencias de ese largo proceso histórico de descrédito -inevitable a pesar de honrosas y calificadas presencias en el órgano máximo de la Justicia- no sólo afectaron los asuntos públicos, manejados con discrecionalidad por los poderes políticos, sino la actividad privada, sin reglas claras y bajo los efectos de una desconfianza creciente en la seguridad jurídica de sus intereses. El punto esencial es ahora satisfacer la certeza de que no se va a retornar al triste capítulo de la Corte dócil, algo que esas designaciones para encabezarla están descartando a la luz de sus antecedentes. Alta es la probabilidad, igualmente, de la reducción del número de miembros del tribunal; al menos, no se advierte juicio autorizado alguno que sostenga el de nueve. A ello deberán seguir otras reformas de orden funcional para impedir que el máximo tribunal siga siendo atorado por miles de causas innecesarias que afectan su calidad decisoria.
Si ambas esperanzas logran satisfacción, la Corte Suprema puede recuperar su rango, no sólo como máximo órgano de justicia, sino de árbitro entre poderes, factor de civilidad y generador de certeza y seguridad en los derechos, valores y condiciones sin los cuales las seguridades de los argentinos seguirían amenazadas.