29 Marzo 2014
CARACAS.- Mientras el número oficial de muertos desde el inicio de las protestas en Venezuela ascendió a 37, la justicia negó la excarcelación del dirigente Leopoldo López y desde el oficialismo y la oposición buscaron condicionar el futuro diálogo al que las dos partes se habían comprometido ante la misión de la Unasur. La Corte de Apelaciones de Caracas negó el pedido de libertad presentado por la defensa de López, preso en una cárcel militar desde el 18 de febrero pasado, acusado de incurrir en los delitos de “determinador (autor intelectual) en incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir”.
La Corte mantuvo los delitos imputados a López y como lugar de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, un penal cercano a la capital.
El gobernador de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles consideró el fallo una “decisión fascista” y expresó su solidaridad con López.
La fiscal general, Luisa Ortega, oficializó que son 37 los muertos por la ola de protestas violentas que comenzó el mes pasado, y que dejó también 559 heridos y 168 detenidos. Ortega reveló además que “hasta la presente fecha” hay abiertas 81 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos, y existen “17 funcionarios de los cuerpos policiales y militares privados de libertad, tres con medidas cautelares y sustitutivas de libertad y siete órdenes de captura que aún no se han hecho efectivas”.
En el informe de Ortega, no entraron los nuevos ataques con bombas incendiarias en Aragua y Zulia, sin víctimas, hechos por los que oficialistas y opositores volvieron a cruzar acusaciones. El alcalde del municipio de Girardot, Pedro Bastidas, afín al gobierno de Nicolás Maduro, dijo que oficinas y automóviles del ayuntamiento y de la Cámara Municipal de Maracay, capital de Aragua, resultaron destruidos.
En Zulia, la coordinadora regional del opositor partido Voluntad Popular (VP), Desireé Barboza, denunció que la sede fue atacada “con bombas molotov” por un grupo de seguidores de Maduro que llegaron al lugar en motocicletas, desde las que tiraron los explosivos. (Télam)
La Corte mantuvo los delitos imputados a López y como lugar de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, un penal cercano a la capital.
El gobernador de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles consideró el fallo una “decisión fascista” y expresó su solidaridad con López.
La fiscal general, Luisa Ortega, oficializó que son 37 los muertos por la ola de protestas violentas que comenzó el mes pasado, y que dejó también 559 heridos y 168 detenidos. Ortega reveló además que “hasta la presente fecha” hay abiertas 81 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos, y existen “17 funcionarios de los cuerpos policiales y militares privados de libertad, tres con medidas cautelares y sustitutivas de libertad y siete órdenes de captura que aún no se han hecho efectivas”.
En el informe de Ortega, no entraron los nuevos ataques con bombas incendiarias en Aragua y Zulia, sin víctimas, hechos por los que oficialistas y opositores volvieron a cruzar acusaciones. El alcalde del municipio de Girardot, Pedro Bastidas, afín al gobierno de Nicolás Maduro, dijo que oficinas y automóviles del ayuntamiento y de la Cámara Municipal de Maracay, capital de Aragua, resultaron destruidos.
En Zulia, la coordinadora regional del opositor partido Voluntad Popular (VP), Desireé Barboza, denunció que la sede fue atacada “con bombas molotov” por un grupo de seguidores de Maduro que llegaron al lugar en motocicletas, desde las que tiraron los explosivos. (Télam)
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