Por pedido del PE, la Legislatura tratará el jueves una ley contra los “dealers” barriales

“La Legislatura la tratará en la próxima sesión. Le daremos un año a la Justicia y se formará una comisión para ir trabajando”. El gobernador, José Alperovich, celebró ayer que la Legislatura finalmente esté por tratar el proyecto de adhesión de la Provincia a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737).

La norma implica habilitar a los tribunales de la Justicia local la competencia de investigar y actuar en causas relacionadas con la llamada venta de drogas al “menudeo”, es decir, en menor escala. Se buscaría, de esta manera, agilizar los trámites judiciales y disminuir la actividad de los dealers en los barrios, según las autoridades.

La adecuación había sido requerida por la Nación. En su última visita a Tucumán, a principios de febrero, el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina, había reconocido que estaban requiriendo a los gobiernos provinciales que se adhieran a la norma. “Las adicciones son un problema de todos. Las justicias provinciales tienen que hacerse cargo de esto. Todos saben quién vende y donde está”, había reprochado en ese entonces. Y había agregado que en tres distritos ya se encontraba vigente: Buenos Aires, Córdoba y La Rioja. Tucumán sería el cuarto.

Una comisión especial

La comisión de Seguridad y Justicia del parlamento dio dictamen el viernes al proyecto elevado por el Poder Ejecutivo (PE), a tres días de haber ingresado.

La secretaria general de la Gobernación, Carolina Vargas Aignasse, explicó que el texto incluye un requerimiento de fondos a la Nación para adecuar el funcionamiento de las dependencias provinciales. Alperovich había afirmado que el Poder Judicial le había requerido alrededor de $ 200 millones en inversiones para que el fuero pueda afrontar las nuevas pesquisas.

“Está previsto que la entrada en vigencia sea el 1 de marzo de 2015 y establece también la posibilidad de prorrogar esa fecha”, puntualizó Vargas Aignasse. Subrayó que se creará una comisión tripartita para coordinar y monitorear la aplicación. Estará conformada por un miembro de cada uno de los Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). “Se define una línea política muy especifica, porque nos interesa que la Justicia pueda tomar carta en las cuestiones que hacen en la vida diaria de los vecinos, testigos todos los días del incremento de la problemática. Si bien se hacen esfuerzos, necesitamos de la colaboración de la Justicia para desmantelar estas redes de venta al menudeo”, consideró.

El legislador Guillermo Gassenbauer, uno de los más cercanos al gobernador, adelantó que la sesión se celebrará durante la mañana del jueves. “Es un paso adelante en la lucha contra el narcotráfico. Es el flagelo más grande que tenemos”, opinó.

Alperovich había anunciado a mediados de enero la inmediata adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, en el marco del programa “Noche Segura”. La iniciativa se había frenado por las duras críticas que había recibido de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de los fiscales penales. Tras un trabajo en conjunto, acordaron los puntos para poner en marcha el proyecto.

El texto que ya tiene dictamen en la Legislatura, y que sería tratado por otras comisiones antes de llegar al recinto, llegó con las firmas de Alperovich y del ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer. “La aplicación de esta ley agilizará el trámite judicial y dará la debida trascendencia social a la venta ‘al menudeo’ de estupefacientes, permitiendo a las fuerzas de seguridad provinciales actuar en forma inmediata. Los vecinos podrán recurrir a la Policía y/o Fiscalía de su localidad, donde tienen fácil acceso; y recepcionada la denuncia, el fiscal podrá promover en forma inmediata acciones legales que le competen (requisas domiciliarias, secuestros, detenciones) al juez”, expresó el PE en los fundamentos.

Para qué sirve la ley

Contra “transas”

La norma buscará que la Justicia provincial investigue e intervenga en casos de comercio, entrega, suministro de “drogas fraccionadas en dosis para el consumo”, según el proyecto de ley. 

Agilidad

Según el Gobierno provincial, la aplicación de la norma agilizaría los expedientes y daría “trascendencia” social a la venta “minorista” de estupefacientes. En el texto se detalla que, a partir de una denuncia, las fiscalías podrían promover “requisas, secuestros y detenciones”. inmediatas. 

Adecuación

La adecuación de la Justicia provincial a las nuevas funciones se daría gradualmente. La Corte requirió un presupuesto de al menos $200 millones para poder atender los casos. El dinero se destinaría a la apertura de al menos 17 oficinas (fiscalías y juzgados); adaptaciones edilicias; capacitación de funcionarios y empleados y equipamiento especial, entre otros.