Ley despareja y poco rigurosa

Hay una convención social que molesta más que el incumplimiento de las leyes: que no se aplique el refrán que pregona que “ley pareja no es rigurosa”. Las excepciones en beneficio de algunos mientras penalizan a otros es lo que exaspera a diferentes porciones de nuestra sociedad. Ejemplos sobran, como el hecho de que se hayan retirado autos de una concesionaria ligada a la familia Alperovich antes de que la ola de saqueos golpeara a la provincia. El miércoles, la periodista Carolina Ponce de León le preguntó al gobernador por este hecho, que copó las redes sociales y fue reproducido por medios locales y nacionales: el mandatario se indignó, pero no lo negó. Se limitó a decir que esa concesionaria no era de su propiedad. Como fuere, la sensación de desigualdad ante la ley y de oportunidades es lo que genera bronca y hasta violencia. Porque no hay forma de explicar por qué un Gobierno tardó dos días en reaccionar ante un inminente motín policial, pero personas ligadas al poder lograron resguardar sus bienes mientras otros ciudadanos perdieron todo. Otro dato no menor respecto de esta situación es que los autos de la concesionaria fueron escondidos en un club que administra un hombre con conocidas influencias en Tribunales. Hasta aquí, la única explicación fue la de tildar de “mentirosa” a la preguntona Ponce de León.

El icono de la disparidad legal es el de la venta ambulante. Los cuentapropistas informales se mueven como peces en el agua en las peatonales sin que nada ni nadie les impida el paso. El fallo que en 2006 el combativo y entonces presidente de la Federación Económica, Humberto Sánchez, logró para que los vendedores abandonen el microcentro jamás se hizo cumplir. Alperovich dio sucesivas prórrogas y permisos a los trabajadores informales administrando las “excepciones” a su antojo y sin cuidado ni por la ley ni por “paridad” para con cientos de comerciantes legales: mientras ellos son ahogados por los sabuesos de Rentas, los patrones de los ambulantes amontonan pesos e ilegalidad.

“Los dueños”

Los vendedores no son los culpables de esta situación ni los que sacan la jugosa tajada de ingresos con la comercialización callejera a costo cero (no pagan luz, ni gas, ni alquiler, ni impuestos, ni cargas laborales, ni nada), sino un puñado de pícaros y oscuros empresarios que manejan el comercio informal. Cualquier funcionario público (judicial, policial, municipal, federal o provincial) con vocación de hacer cumplir las leyes puede rápidamente conocer el circuito comercial y la forma en que se maneja parte de esta estructura informal: camionetas 4x4 ingresan al microcentro alrededor de las 7 AM, bajan la mercadería, la reparten entre los vendedores, dejan un vigía por sector que anota cuánto se va vendiendo y los trabajadores informales reciben un porcentaje de dinero por lo que venden en el día. No todos trabajan bajo este régimen, pero sí gran parte. Entre el 10% y el 20% de comisión reciben, según comentaron ellos mismos a esta columna.

Y surgen las preguntas. ¿Nadie sabe de esta situación? ¿Por qué ningún funcionario judicial –provincial o federal- actuó de oficio ante esta práctica que viola desde ordenanzas hasta leyes federales? ¿Y las autoridades municipales, por qué nunca actuaron en defensa de sus vecinos? ¿Con qué base legal la Provincia hizo la vista gorda ? Cualquiera sea la respuesta, la continuidad de los ambulantes en las calles muestra incapacidad. O ineptitud para hacer cumplir las leyes, para no detectar un circuito de venta cuasi mafioso o para no ver que hay funcionarios que permiten -¿a cambio de qué?- que los cuentapropistas instalen sus puestos en las calles.

Esa ceguera inducida de la clase dirigente es la que colabora de manera alarmante en la ascendente violencia social. Porque si el mensaje es que da lo mismo cumplir o no con las leyes o, lo que es peor aún, salir mejor parado si se transita por la senda opuesta a la de la honestidad es lo que alimenta al virus de la descomposición y el desaliento social.