La reforma consitucional para blindar con privilegios escandalosos al poder político demandó 84 días. La sesión preparatoria se realizó el 14 de marzo de 2006 y el nuevo texto legal fue sancionado el 6 de junio siguiente: la Ley Fundamental alperovichista fue promulgada el 6 del 6 del 6.
Insumió $ 1,8 millón el órgano reformador que estableció que el Poder Ejecutivo y el Legislativo son más importantes que el Judicial, porque hacen falta más votos legislativos para acusar y destituir en juicio político al gobernador y al vice que para remover a los vocales de la Corte.
Por simple división entre pesos y días, surge que desequilibrar la República costó unos $ 21.500 por jornada. Pero no es verdad. Durante 83 días, el órgano reformador consumió $ 500.000. O sea, unos $ 6.000 diarios. Así se desprende de la documentación contable a la que tuvo acceso esta columna:
• El 7 de abril, las autoridades de la Convención Constituyente libraron el cheque número 06289976, por $ 120.000.
• El 11 de abril emitieron el cheque 06289977, por otros $ 170.000.
• Y el 23 de mayo tuvieron un inconveniente en la confección del cheque 06289978, por $ 210.000, así que lo anularon.
• En su reemplazo, ese mismo día, firmaron el cheque 06289979, por $ 209.000.
Con estos valores retiraron dinero de la "Cuenta corriente 20098287-8 Honorable Convención Constituyente", en el Banco del Tucumán SA. No hubo más novedades hasta el penúltimo día.
• El 5 de junio se suscribió el cheque 06289980. Su monto: $ 1,3 millón.
De casualidad, en esas costosas 24 horas surgió una norma que no había sido debatida en las comisiones. Un abuso contra la igualdad ante la ley, que apareció sorpresivamente. Fue en esos últimos momentos de la reforma cuando, de repente, emergió la cláusula transitoria que hace de José Alperovich el único tucumano que pudo ser candidato a gobernador tres veces seguidas. En 2007, él convalidó con el decreto 1.039 (MGyJ) los gastos de los enmendadores.
Por simple división entre dinero y tiempo, surge que cada una de esas últimas 24 horas reformadoras le costaron $ 54.000 al erario. Pero es mentira. Los tucumanos pagaron más caro la angurria de poder alperovichista: el precio fue un unicato populista y clientelar, que consagró una democracia meramente formal y vacía de sustancia.
Para nada divinos
No es cuestión de cifras, sino de instituciones. Lo grave no está en que la Convención Constituyente haya gastado $ 500.000 durante 83 días y $ 1,3 millón -retirado con un cheque- en las 24 horas finales. Lo inquietante es que haya podido hacerlo. Y que haya quedado impune. Eso ha sido posible porque el Tribunal de Cuentas no hizo lo que debía: controlar el uso de los dineros del pueblo por parte del Estado.
Porque el organismo reformador de la Constitución no fue un ente celestial, supraterreno ni extraterrestre: fue una institución prevista por las leyes del Estado que funcionó dentro de la esfera estatal. Sus miembros, domiciliados en esta provincia y no en un mundo paralelo, no se fueron al Sinaí a recibir leyes de Dios, sino que sesionaron en el recinto de la Legislatura, asistidos administratativamente por el personal de la Cámara, y bajo la presidencia de Juan Manzur. Y lo esencial: no consumieron lo que caía del cielo, sino los recursos de los contribuyentes. En la República no puede haber áreas del Estado que usen recursos públicos sin control institucional.
Más aún: había una cuenta oficial, en el banco oficial, con chequera oficial, y mucha plata de los tucumanos. Es de esperar que nadie pretenda que el ente de control sólo debe monitorear poderes constituidos y no poderes constituyentes: esa semántica no enmascara la realidad: si representantes del pueblo gastan plata del pueblo, debe actuar el contralor. "Son sus atribuciones y deberes, sin perjuicio de los demás conferidos por ley: El control preventivo de todo acto administrativo que implique empleo de fondos públicos", dice el artículo 80 de la Constitución provincial.
La pantomima de los reformadores durante la última sesión, aprobándose a sí mismos sus propios gastos, es una caradurez estéril: nadie puede tener más poder que el que las leyes le confieren.
Precisamente, en tanto refiere a dinero de los tucumanos, la emisión de cada cheque del órgano reformador debió haber estado precedido por una resolución de su responsable: Manzur. Y ese acto debió someterse, antes, al control preventivo del Tribunal de Cuentas.
Para nada objetados
La normativa vigente cuando la enmienda alperovichista fijaba que partir de la ejecución del gasto, había un plazo de 60 días para probar que había sido correctamente empleado. Si expirado ese término no se había concretado la justificación, había una intimación y un lapso de 10 días. Si después de ese vencimiento se mantenía el incumplimiento, se iniciaba el juicio de cuentas.
Eran otros tiempos: hoy, prácticamente, en el ente técnico de control estatal sólo hay juicios de esa clase para los policías que perdieron el arma reglamentaria...
Como todo cambia, se ve que también mutó la rendición de cuentas. ¿En qué debería consistir? En una comprobación documentada de la adquisición de un bien o de la prestación de un servicio. Y esto se aplicaba, inclusive, para los subsidios. Para dar un ejemplo: los $ 14 millones para el estadio de hockey financiado con el dinero de los tucumanos en favor del Club Tucumán y Gimnasia deberían ser rendidos con comprobantes (facturas) de los bienes (materiales de construcción) y de los servicios (manos de obra) que haya demandado esa obra.
Léase: así como no debería alcanzar con un simple recibo de la institución deportiva por el monto del millonario subsidio para considerar que la rendición de cuentas está cumplida, tampoco debieran haber bastado, en el caso de la Convención Constituyente, los recibos en blanco que LA GACETA viene mostrando desde hace días, y que sólo consignan un monto, una firma y ningún concepto.
Sin embargo, bastó y sobró. El Acuerdo 2.512 de 2007 contiene el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta de Inversión de 2006. O sea, el resultado de haber auditado los movimientos financieros durante el año de la reforma constitucional. Y no menciona una palabra acerca de los gastos de la Convención Constituyente. O sea, no se formuló la menor observación sobre sus gastos.
Para que se entienda: en la Contabilidad de Responsables, Manzur debió figurar con $ 1,8 millón, que es lo que gastó la Convención Constituyente, y a medida que iba rindiendo cuentas, ese monto debió ir disminuyendo. En el informe de Cuenta de Inversión correspondiente a 2006, él no figura. Es decir, saldó todo. O sea, admitieron los recibos en blanco como probada justificación de gastos.
Para nada medidos
Lejos de ser una cuestión aislada, la mecánica terminó siendo paradigmática. La rendición de cuentas de los "gastos sociales" de la Legislatura alperovichista (reemplazaron a los "gastos de bloque" del mirandato) se concreta mediante recibos Húsares garabateados.
Con esos papelitos manuscritos, se dan por justificados esos subsidios financiados con fondos públicos. Según fuentes muy informadas, ascienden a $ 70.000 mensuales para el común de los legisladores oficialistas... salvo en diciembre. Para el mes que viene se da por hecho que los parlamentarios recibirán un 50% extra de esos recursos: un "aguinaldo" de los "gastos sociales".
Esto, a pesar de que los gastos de personal asignados individualmente a cada representante popular van por aparte: serían de $ 75.000 mensuales para que cada oficialista contrate asesores. Esos dineros, justificadamente, tienen Sueldo Anual Complementario. Y por aparte está la dieta de los parlamentarios (su costo bruto para el Estado es de unos $ 20.000), también sujeta a aguinaldo.
De paso: como el Presupuesto 2014 de la Legislatura es de unos $ 700 millones, su crecimiento es de un 35% respecto del aprobado para este año, que era de $ 520 millones. Así que se espera que por lo menos los "gastos sociales" y los gastos para asesores suban en igual porcentaje desde enero.
Para nada controlados
El Tribunal de Cuentas no formula reparos a los gastos legislativos. La Legislatura, que debe controlar al Tribunal de Cuentas, convalida el 82% móvil para la jubilación de los vocales de ese cuerpo supervisor. Y avala sin chistar el presupuesto anual del ente de control (el de 2014 suma el récord de $ 105,1 millones), pese a que a ese organismo siempre le sobra plata, a juzgar por los $ 13,8 millones de "excedentes financieros" que atesoraba en el comienzo de 2012.
La Convención Constituyente, que en sus últimas 24 horas gastó el 72,2% de todo el dinero que insumió, tampoco mereció reproche por sus erogaciones. Y la Constitución surgida de esa enmienda dio rango constitucional al ente de control, en el artículo 78. Allí se agrega: "Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas".
Sin embargo, el Fondo Fiduciario Municipal, una figura del derecho privado, no es auditado por el Tribunal de Cuentas, a pesar de que administra fondos públicos. Y por miles de millones. Según el propio contralor en su informe de Cuenta de Inversión del año pasado (Acuerdo 2.318/13), la deuda consolidada de las Municipalidades ascendía en 2012 a $ 1.941 millones. "El Fondo Fiduciario -se agrega- constituye el componente mayoritario dentro de esa estructura: $ 1.515 millones".
Todo control es un límite. Si no se controla el uso del dinero público, que es uno de los mayores factores de poder, hay poder ilimitado. Si hay poder sin coto, se deslegitiman la república y la democracia. Emergen entonces repúblicas subtropicales. Democracias pavimentadoras. Que canjean institucionalidad por asfalto. Y que se enorgullecen de su hormigón, aunque el control se encuentre enterrado bajo algún cordón cuneta.
Insumió $ 1,8 millón el órgano reformador que estableció que el Poder Ejecutivo y el Legislativo son más importantes que el Judicial, porque hacen falta más votos legislativos para acusar y destituir en juicio político al gobernador y al vice que para remover a los vocales de la Corte.
Por simple división entre pesos y días, surge que desequilibrar la República costó unos $ 21.500 por jornada. Pero no es verdad. Durante 83 días, el órgano reformador consumió $ 500.000. O sea, unos $ 6.000 diarios. Así se desprende de la documentación contable a la que tuvo acceso esta columna:
• El 7 de abril, las autoridades de la Convención Constituyente libraron el cheque número 06289976, por $ 120.000.
• El 11 de abril emitieron el cheque 06289977, por otros $ 170.000.
• Y el 23 de mayo tuvieron un inconveniente en la confección del cheque 06289978, por $ 210.000, así que lo anularon.
• En su reemplazo, ese mismo día, firmaron el cheque 06289979, por $ 209.000.
Con estos valores retiraron dinero de la "Cuenta corriente 20098287-8 Honorable Convención Constituyente", en el Banco del Tucumán SA. No hubo más novedades hasta el penúltimo día.
• El 5 de junio se suscribió el cheque 06289980. Su monto: $ 1,3 millón.
De casualidad, en esas costosas 24 horas surgió una norma que no había sido debatida en las comisiones. Un abuso contra la igualdad ante la ley, que apareció sorpresivamente. Fue en esos últimos momentos de la reforma cuando, de repente, emergió la cláusula transitoria que hace de José Alperovich el único tucumano que pudo ser candidato a gobernador tres veces seguidas. En 2007, él convalidó con el decreto 1.039 (MGyJ) los gastos de los enmendadores.
Por simple división entre dinero y tiempo, surge que cada una de esas últimas 24 horas reformadoras le costaron $ 54.000 al erario. Pero es mentira. Los tucumanos pagaron más caro la angurria de poder alperovichista: el precio fue un unicato populista y clientelar, que consagró una democracia meramente formal y vacía de sustancia.
Para nada divinos
No es cuestión de cifras, sino de instituciones. Lo grave no está en que la Convención Constituyente haya gastado $ 500.000 durante 83 días y $ 1,3 millón -retirado con un cheque- en las 24 horas finales. Lo inquietante es que haya podido hacerlo. Y que haya quedado impune. Eso ha sido posible porque el Tribunal de Cuentas no hizo lo que debía: controlar el uso de los dineros del pueblo por parte del Estado.
Porque el organismo reformador de la Constitución no fue un ente celestial, supraterreno ni extraterrestre: fue una institución prevista por las leyes del Estado que funcionó dentro de la esfera estatal. Sus miembros, domiciliados en esta provincia y no en un mundo paralelo, no se fueron al Sinaí a recibir leyes de Dios, sino que sesionaron en el recinto de la Legislatura, asistidos administratativamente por el personal de la Cámara, y bajo la presidencia de Juan Manzur. Y lo esencial: no consumieron lo que caía del cielo, sino los recursos de los contribuyentes. En la República no puede haber áreas del Estado que usen recursos públicos sin control institucional.
Más aún: había una cuenta oficial, en el banco oficial, con chequera oficial, y mucha plata de los tucumanos. Es de esperar que nadie pretenda que el ente de control sólo debe monitorear poderes constituidos y no poderes constituyentes: esa semántica no enmascara la realidad: si representantes del pueblo gastan plata del pueblo, debe actuar el contralor. "Son sus atribuciones y deberes, sin perjuicio de los demás conferidos por ley: El control preventivo de todo acto administrativo que implique empleo de fondos públicos", dice el artículo 80 de la Constitución provincial.
La pantomima de los reformadores durante la última sesión, aprobándose a sí mismos sus propios gastos, es una caradurez estéril: nadie puede tener más poder que el que las leyes le confieren.
Precisamente, en tanto refiere a dinero de los tucumanos, la emisión de cada cheque del órgano reformador debió haber estado precedido por una resolución de su responsable: Manzur. Y ese acto debió someterse, antes, al control preventivo del Tribunal de Cuentas.
Para nada objetados
La normativa vigente cuando la enmienda alperovichista fijaba que partir de la ejecución del gasto, había un plazo de 60 días para probar que había sido correctamente empleado. Si expirado ese término no se había concretado la justificación, había una intimación y un lapso de 10 días. Si después de ese vencimiento se mantenía el incumplimiento, se iniciaba el juicio de cuentas.
Eran otros tiempos: hoy, prácticamente, en el ente técnico de control estatal sólo hay juicios de esa clase para los policías que perdieron el arma reglamentaria...
Como todo cambia, se ve que también mutó la rendición de cuentas. ¿En qué debería consistir? En una comprobación documentada de la adquisición de un bien o de la prestación de un servicio. Y esto se aplicaba, inclusive, para los subsidios. Para dar un ejemplo: los $ 14 millones para el estadio de hockey financiado con el dinero de los tucumanos en favor del Club Tucumán y Gimnasia deberían ser rendidos con comprobantes (facturas) de los bienes (materiales de construcción) y de los servicios (manos de obra) que haya demandado esa obra.
Léase: así como no debería alcanzar con un simple recibo de la institución deportiva por el monto del millonario subsidio para considerar que la rendición de cuentas está cumplida, tampoco debieran haber bastado, en el caso de la Convención Constituyente, los recibos en blanco que LA GACETA viene mostrando desde hace días, y que sólo consignan un monto, una firma y ningún concepto.
Sin embargo, bastó y sobró. El Acuerdo 2.512 de 2007 contiene el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta de Inversión de 2006. O sea, el resultado de haber auditado los movimientos financieros durante el año de la reforma constitucional. Y no menciona una palabra acerca de los gastos de la Convención Constituyente. O sea, no se formuló la menor observación sobre sus gastos.
Para que se entienda: en la Contabilidad de Responsables, Manzur debió figurar con $ 1,8 millón, que es lo que gastó la Convención Constituyente, y a medida que iba rindiendo cuentas, ese monto debió ir disminuyendo. En el informe de Cuenta de Inversión correspondiente a 2006, él no figura. Es decir, saldó todo. O sea, admitieron los recibos en blanco como probada justificación de gastos.
Para nada medidos
Lejos de ser una cuestión aislada, la mecánica terminó siendo paradigmática. La rendición de cuentas de los "gastos sociales" de la Legislatura alperovichista (reemplazaron a los "gastos de bloque" del mirandato) se concreta mediante recibos Húsares garabateados.
Con esos papelitos manuscritos, se dan por justificados esos subsidios financiados con fondos públicos. Según fuentes muy informadas, ascienden a $ 70.000 mensuales para el común de los legisladores oficialistas... salvo en diciembre. Para el mes que viene se da por hecho que los parlamentarios recibirán un 50% extra de esos recursos: un "aguinaldo" de los "gastos sociales".
Esto, a pesar de que los gastos de personal asignados individualmente a cada representante popular van por aparte: serían de $ 75.000 mensuales para que cada oficialista contrate asesores. Esos dineros, justificadamente, tienen Sueldo Anual Complementario. Y por aparte está la dieta de los parlamentarios (su costo bruto para el Estado es de unos $ 20.000), también sujeta a aguinaldo.
De paso: como el Presupuesto 2014 de la Legislatura es de unos $ 700 millones, su crecimiento es de un 35% respecto del aprobado para este año, que era de $ 520 millones. Así que se espera que por lo menos los "gastos sociales" y los gastos para asesores suban en igual porcentaje desde enero.
Para nada controlados
El Tribunal de Cuentas no formula reparos a los gastos legislativos. La Legislatura, que debe controlar al Tribunal de Cuentas, convalida el 82% móvil para la jubilación de los vocales de ese cuerpo supervisor. Y avala sin chistar el presupuesto anual del ente de control (el de 2014 suma el récord de $ 105,1 millones), pese a que a ese organismo siempre le sobra plata, a juzgar por los $ 13,8 millones de "excedentes financieros" que atesoraba en el comienzo de 2012.
La Convención Constituyente, que en sus últimas 24 horas gastó el 72,2% de todo el dinero que insumió, tampoco mereció reproche por sus erogaciones. Y la Constitución surgida de esa enmienda dio rango constitucional al ente de control, en el artículo 78. Allí se agrega: "Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas".
Sin embargo, el Fondo Fiduciario Municipal, una figura del derecho privado, no es auditado por el Tribunal de Cuentas, a pesar de que administra fondos públicos. Y por miles de millones. Según el propio contralor en su informe de Cuenta de Inversión del año pasado (Acuerdo 2.318/13), la deuda consolidada de las Municipalidades ascendía en 2012 a $ 1.941 millones. "El Fondo Fiduciario -se agrega- constituye el componente mayoritario dentro de esa estructura: $ 1.515 millones".
Todo control es un límite. Si no se controla el uso del dinero público, que es uno de los mayores factores de poder, hay poder ilimitado. Si hay poder sin coto, se deslegitiman la república y la democracia. Emergen entonces repúblicas subtropicales. Democracias pavimentadoras. Que canjean institucionalidad por asfalto. Y que se enorgullecen de su hormigón, aunque el control se encuentre enterrado bajo algún cordón cuneta.
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