Piden tres años de cárcel para una presunta usurpadora

La imagen, tomada en los 70, muestra a un niño pequeño sentado sobre la falda de su madre. Ella lleva un vestido a cuadros y sonríe. Detrás se ve un jardín y la ventana abierta de la casa de Frías Silva al 200. La fotografía de Diana Irene Oesterheld y de Fernando Araldi fue una de las pruebas que citaron ayer los abogados querellantes Daniel Mendivil y Juan Carlos Véliz durante el alegato en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II", en la caso por la usurpación de su vivienda del matrimonio de desaparecidos que integraban Oesterheld (estaba embarazada) y Carlos Araldi. La causa es un desprendimiento de aquella por el secuestro y desaparición de la joven, por los que fueron condenados en "Jefatura I" represores como Luciano Benjamín Menéndez y Roberto "El Tuerto" Albornoz. En este caso, la imputada es la ex policía María Elena Guerra, quien habría ocupado ilegalmente el inmueble tras los secuestros de los tres miembros del grupo familiar (también fue llevado Fernando, quien fue abandonado por policías en la Sala Cuna y recuperado luego por sus abuelos). Guerra iba a ser juzgada en ese proceso de 2010, pero el expediente fue separado porque su defensa cuestionó ante la Cámara Nacional de Casación Penal la calificación de delito de lesa humanidad en su acusación.

Mendivil y Véliz, que representan al hijo del dueño de la propiedad que alquilaban los Araldi, Julio Marini, pidieron que fuera condenada a tres años de prisión al considerarla autora material de la usurpación. Argumentaron que corresponde un crimen de lesa humanidad, en tanto que habría ocupado la vivienda inmediatamente tras el secuestro y como parte de un "plan de ataque sistemático" a un grupo social determinado. También subrayaron testigos que habían mencionado que Albornoz era "amante" de Guerra y que le habría "regalado" esa casa.

Desacreditaron las versiones -múltiples, según indicaron- de Guerra sobre cómo llegó a sus manos la vivienda. Recordaron que su defensa intentó demostrar que la familia no habría estado en ese inmueble. Expresaron que el análisis de la fotografía por parte de peritos, una inspección ocular y media docena de testimonios despejaron esas dudas.

Los abogados cuestionaron duramente a los defensores oficiales que llevan el caso de Guerra y mencionaron que habrían cometido "mala praxis profesional". Los acusaron también de "plantar" supuestos testigos falsos. Marcaron al respecto una serie de testimonios "erráticos" y pidieron que cuatro mujeres fueran investigadas por presunto falso testimonio.

El matrimonio -que militaba en la Juventud Peronista- y su hijo de un año eran de Buenos Aires. En 1975 se mudaron a Tucumán. Tras vivir en un petit hotel, alquilaron la casa y estaban por comprarla cuando fueron secuestrados. Diana -hija de Héctor, autor de "El Eternauta"- fue detenida allí ilegalmente en julio de 1976 y vista en la Jefatura. En 1977 testigos declararon haber visto el cuerpo de Araldi en ese mismo centro clandestino. Los restos de este último fueron hallados en el Cementerio del Norte y reconocidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Ella permanece desaparecida.

El padre de Chebaia

"Chebaia es un caso emblemático, porque no tenía que ver con el contexto cotidiano de violencia". De esa manera arrancó su alegato Daniel Villagra, abogado de la familia del empresario José Guetas Chebaia. Al momento de su secuestro, el 24 de marzo de 1976, se desempeñaba como secretario de Planeamiento del gobierno de Amado Juri. Argumentó que la represión no habría estado dirigida a los "llamados subversivos", sino a "elegir dirigentes populares o representativos" para "sacarlos del medio". Ese fue el caso de Chebaia, según Villagra. Brindó un contexto económico y político y caracterizó el modelo que pretendían imponer las Fuerzas Armadas. Añadió que Chebaia representaba lo contrario a esas ideas.

"A este Tribunal no le queda otra que condenar", concluyó. Por una cuestión procedimental, Villagra es querellante pero no podía requerir penas.

Chebaia, que estaba muy enfermo, fue sacado de su vivienda de Mate de Luna al 3.000. Villagra, cuando declaró como testigo del hecho, había dicho que entre los captores había reconocido a Albornoz. Los hijos, entre ellos el ex intendente Rubén Chebaia, relataron que creían que su padre había muerto en el Hospital Militar a poco de su desaparición.

Al cierre de esta edición, el Ministerio Público Fiscal comenzaba a alegar. Está previsto que los fiscales lo hagan durante las próximas jornadas.