17 Octubre 2013
EQUIPO DE TRABAJO. Caponio dirige la palabra a la comisión; escuchan Racedo y Rava (izquierda), y Caramuti, Sánchez, Molina y Albo (derecha). PRENSA LEGISLATURA
Pocas veces cavó tan hondo un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento de la Justicia penal de Tucumán. El informe que este martes leyeron el fiscal Edgardo Sánchez y el camarista Carlos Caramuti dejó claro que el sistema hace agua por motivos culturales, normativos y organizacionales. Y que urge hacer algo -todo lo posible- para revertir su ineficacia.
"No podemos seguir así", resumió la fiscala Adriana Gianonni a modo de remate de una intervención dramática en la que suplicó un cambio integral. "Llegué a mi cargo hace 10 años. En este plazo incorporamos ayudantes, horario vespertino y sistema de gestión judicial. Sé perfectamente que por día firmo casi 300 causas, y que no vemos la cara de las víctimas ni damos la respuesta esperada. Trabajamos con desasosiego porque elevamos expedientes a juicio oral y no sabemos cómo los defenderán. Quiero investigar y un ministro público que me dé instrucciones. Los fiscales archivamos arbitrariamente el 60 % de las causas sin notificar a las víctimas. Así no vamos a ningún lado", dijo a los miembros de la comisión especial a cargo de elaborar un proyecto de reforma procesal penal.
El análisis riguroso -suscrito por todos los representantes del Poder Judicial en el comité- corroboró las falencias de la investigación penal preparatoria que pretendía subsanar el fallido plan piloto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Ambos trabajos insisten sobre la necesidad: 1) de "oralizar" -mediante audiencias públicas- el proceso previo al juicio; 2) de romper la lógica del expediente que incentiva el planteo de nulidades formales; 3) de adoptar salidas alternativas como la conciliación; 4) de establecer un criterio para investigar sólo los casos relevantes para la política criminal (principio de oportunidad), etcétera.
Las críticas expresadas por los jueces fueron luego refrendadas por Ángel Fara y Sergio Faiad, representantes del Colegio de Abogados del Sur (se quejaron de la burocracia; de la imposibilidad de consultar el expediente durante la pesquisa y de la lentitud de un sistema que no respeta los plazos procesales). Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, se abstuvo de brindar una visión del proceso penal con el argumento de que no tenía acceso a las estadísticas que elabora la CSJT. "Tampoco disponemos de las auditorías que ordena el alto tribunal", añadió el letrado.
El debate luego prosiguió con el pedido del legislador Gerónimo Vargas Aignasse (FpV) de dar pasos concretos y considerar las implicancias presupuestarias que podría entrañar el proyecto de la comisión. Se habló también de llamar a una audiencia pública, y de activar los juzgados Contravencionales y de Ejecución de Sentencias (despachos creados por leyes que nunca fueron ejecutadas). Distintos integrantes pidieron imprimir dinamismo a la comisión, que viene reuniéndose una vez al mes. Su presidente, el legislador Marcelo Caponio (FpV), cerró la reunión de tres horas de duración con el anuncio de que el quinto encuentro tendrá lugar en noviembre. La sensación general es que el ritmo de trabajo aumentará cuando pasen las elecciones.
INTEGRACIÓN.- La comisión especial encargada de elaborar un proyecto de reforma del proceso penal fue creada por el Poder Legislativo. Este comité está integrado por representantes de cuatro estamentos: el Poder Judicial (tres titulares y tres suplentes); el Poder Ejecutivo (tres titulares y dos suplentes); la Legislatura (cinco titulares y dos suplentes), y los colegios de abogados de la Capital y del Sur (aporta un titular y un suplente cada uno).
EN LA MESA.- A la cuarta reunión asistieron los camaristas Santiago Caramuti y Eduardo Albo; los fiscales Edgardo Sánchez y Adriana Gianonni, y el defensor Hernán Molina; los legisladores oficialistas Marcelo Caponio (presidente del comité), Guillermo Gassenbauer (secretario -se retiró temprano-), Gerónimo Vargas Aignasse, Ramiro González Navarro, Regino Racedo, y los parlamentarios opositores José Páez y Ariel García; los funcionarios alperovichistas Humberto Rava, José Farhat y Paul Hofer, y los letrados Francisco García Posse (capital), y Ángel Fara y Sergio Faiad (sur).
SILLAS VACÍAS.- No asistieron al encuentro ni la ex camarista Ana Lía Castillo (está fuera del país; pese a que se jubiló, mantendrá su carácter de miembro) ni Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia, ni Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado, ni el letrado capitalino Ezio Jogna Prat.
CONTROL DE ASISTENCIA.- La comisión especial tiene 22 miembros. Catorce de ellos asistieron a cuatro reuniones (Albo, Molina, Sánchez, Caponio, Gassenbauer, Racedo, González Navarro, Vargas Aignasse -estuvo cinco minutos en el cónclave inaugural-, Páez, García Posse, Fara, Faiad, Farhat y Paliza). Caramuti, Gianonni y García fueron a tres reuniones. Jogna Prat, Castillo, Posse Ponessa y Rava participaron de dos citas. Jiménez sólo asistió a un encuentro.
"No podemos seguir así", resumió la fiscala Adriana Gianonni a modo de remate de una intervención dramática en la que suplicó un cambio integral. "Llegué a mi cargo hace 10 años. En este plazo incorporamos ayudantes, horario vespertino y sistema de gestión judicial. Sé perfectamente que por día firmo casi 300 causas, y que no vemos la cara de las víctimas ni damos la respuesta esperada. Trabajamos con desasosiego porque elevamos expedientes a juicio oral y no sabemos cómo los defenderán. Quiero investigar y un ministro público que me dé instrucciones. Los fiscales archivamos arbitrariamente el 60 % de las causas sin notificar a las víctimas. Así no vamos a ningún lado", dijo a los miembros de la comisión especial a cargo de elaborar un proyecto de reforma procesal penal.
El análisis riguroso -suscrito por todos los representantes del Poder Judicial en el comité- corroboró las falencias de la investigación penal preparatoria que pretendía subsanar el fallido plan piloto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Ambos trabajos insisten sobre la necesidad: 1) de "oralizar" -mediante audiencias públicas- el proceso previo al juicio; 2) de romper la lógica del expediente que incentiva el planteo de nulidades formales; 3) de adoptar salidas alternativas como la conciliación; 4) de establecer un criterio para investigar sólo los casos relevantes para la política criminal (principio de oportunidad), etcétera.
Las críticas expresadas por los jueces fueron luego refrendadas por Ángel Fara y Sergio Faiad, representantes del Colegio de Abogados del Sur (se quejaron de la burocracia; de la imposibilidad de consultar el expediente durante la pesquisa y de la lentitud de un sistema que no respeta los plazos procesales). Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, se abstuvo de brindar una visión del proceso penal con el argumento de que no tenía acceso a las estadísticas que elabora la CSJT. "Tampoco disponemos de las auditorías que ordena el alto tribunal", añadió el letrado.
El debate luego prosiguió con el pedido del legislador Gerónimo Vargas Aignasse (FpV) de dar pasos concretos y considerar las implicancias presupuestarias que podría entrañar el proyecto de la comisión. Se habló también de llamar a una audiencia pública, y de activar los juzgados Contravencionales y de Ejecución de Sentencias (despachos creados por leyes que nunca fueron ejecutadas). Distintos integrantes pidieron imprimir dinamismo a la comisión, que viene reuniéndose una vez al mes. Su presidente, el legislador Marcelo Caponio (FpV), cerró la reunión de tres horas de duración con el anuncio de que el quinto encuentro tendrá lugar en noviembre. La sensación general es que el ritmo de trabajo aumentará cuando pasen las elecciones.
INTEGRACIÓN.- La comisión especial encargada de elaborar un proyecto de reforma del proceso penal fue creada por el Poder Legislativo. Este comité está integrado por representantes de cuatro estamentos: el Poder Judicial (tres titulares y tres suplentes); el Poder Ejecutivo (tres titulares y dos suplentes); la Legislatura (cinco titulares y dos suplentes), y los colegios de abogados de la Capital y del Sur (aporta un titular y un suplente cada uno).
EN LA MESA.- A la cuarta reunión asistieron los camaristas Santiago Caramuti y Eduardo Albo; los fiscales Edgardo Sánchez y Adriana Gianonni, y el defensor Hernán Molina; los legisladores oficialistas Marcelo Caponio (presidente del comité), Guillermo Gassenbauer (secretario -se retiró temprano-), Gerónimo Vargas Aignasse, Ramiro González Navarro, Regino Racedo, y los parlamentarios opositores José Páez y Ariel García; los funcionarios alperovichistas Humberto Rava, José Farhat y Paul Hofer, y los letrados Francisco García Posse (capital), y Ángel Fara y Sergio Faiad (sur).
SILLAS VACÍAS.- No asistieron al encuentro ni la ex camarista Ana Lía Castillo (está fuera del país; pese a que se jubiló, mantendrá su carácter de miembro) ni Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia, ni Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado, ni el letrado capitalino Ezio Jogna Prat.
CONTROL DE ASISTENCIA.- La comisión especial tiene 22 miembros. Catorce de ellos asistieron a cuatro reuniones (Albo, Molina, Sánchez, Caponio, Gassenbauer, Racedo, González Navarro, Vargas Aignasse -estuvo cinco minutos en el cónclave inaugural-, Páez, García Posse, Fara, Faiad, Farhat y Paliza). Caramuti, Gianonni y García fueron a tres reuniones. Jogna Prat, Castillo, Posse Ponessa y Rava participaron de dos citas. Jiménez sólo asistió a un encuentro.
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