Dejarán la ruta si liberan a los detenidos

Las consecuencias del desalojo en la ex fábrica Pacífico siguen latentes. Al revuelo político y judicial por las responsabilidades en la ocupación del predio de 16 hectáreas, se sumó la protesta de las familias que fueron sacadas de allí por la Policía.

Desde hace una semana, los desalojados mantienen un piquete sobre la ruta 315, que une San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo, a la altura de la zona conocida como "La Cartujana". Durante algunas jornadas, los manifestantes hicieron barricadas también sobre los caminos alternativos cercanos.

Los principales afectados de las medidas de fuerza son los vecinos de Villa Carmela y de Tafí Viejo, porque para llegar hasta la capital deben sortear los cortes realizando trasbordos de colectivos y, los que poseen vehículos, ingresando por senderos de tierra de una quinta limonera cercana a la zona (desembocan en Lomas de Tafí).

Trasbordos y denuncias

El sol del mediodía pegaba sobre la cabeza de los piqueteros. El fuego ya había consumido las cubiertas que habían encendido temprano. Ramas, piedras, escombros, un caño de plástico, motos y sillas formaban parte de la barrera. Sólo se podía pasar a pie. Los pasajeros que bajaban de los ómnibus cruzaban de a grupos y, del otro lado, improvisaban paradas debajo de los árboles para esperar el colectivo que los recogería. Se trataba, principalmente, de quienes toman las líneas 106, 130 y 100. Algunos optaban por tomar un taxi para acortar el periplo. Ese fue el paisaje ayer y el que se vivió desde el viernes en el corte.

"Ya estoy llegando tarde a clases", renegó Ezequiel, un docente de 33 años que vive en un barrio de la capital y enseña en una escuela de Villa Carmela, y que como el resto de los damnificados prefirió no dar su apellido. "Es un problema, porque tomar otra ruta se me hace más caro. Hay mucha molestia porque hace una semana que estamos así. Los que tomamos colectivos somos trabajadores y estudiantes. Pero nadie hace nada", relató.

Unas mujeres gritaron a los piqueteros y los mandaron "a trabajar". Del otro lado, sólo las observaron. Indignadas, denunciaron que cuando cae la tarde, las familias que mantienen el corte serían reemplazadas por jóvenes que, según dijeron, roban y cobran $ 5 de "peaje" a los vecinos para pasar. "¡Roban y amenazan a la gente! Esto no puede seguir así. Es un problema grande para los que vivimos en Villa Carmela: altera todo", se quejó Mariana, empleada pública de 46 años. Susana, una abogada de 50 años, dijo que su hijo para volver del colegio debe hacer un trasbordo. "Llega dos horas más tarde a comer y está asustado. Vio cómo le quitaban gorras a dos chicos que pasaban. Esto no puede ser. Alguien debe hacer algo", manifestó.

Más conciliadora, Margarita, una empleada de 58 años, expresó su deseo de que las familias obtengan una solución. "Sufrimos molestias, pero ellos no tienen casas. Fue terrible cómo los sacaron...", opinó. Y relató que debió levantarse dos horas más temprano para poder llegar a tiempo al trabajo. Pascual, un electricista de 42 años, describió que viaja varias veces al día al centro para comprar repuestos y dijo que se expone a la inseguridad cada vez. "Roban carteras y asaltaron a tres colectiveros ya. Ayer al mediodía había policías y hoy no hay nada. Es un inconveniente. A los que vienen con mercadería también les piden que las 'donen'", repudió. Pidió a los dirigentes locales que refuercen la vigilancia. Ninguno de los pasajeros consultados por LA GACETA quiso dar su apellido, porque afirmaron que pasan por allí todos los días y temen represalias por parte de quienes protestan. Los manifestantes tampoco lo brindan, porque tienen miedo, a su vez, de perder los planes sociales, según explicaron.

Libertad y viviendas

A metros del piquete, una docena de chicos correteaba alrededor de un círculo de sillas. Allí estaba reunida la "comisión": un grupo -en su mayoría mujeres- que lidera a los manifestantes. En un refugio de colectivos, montaron una "oficina" en la que anotaban a quienes fueron desalojados. También organizan allí las ollas populares y colectas para que los padres de los detenidos tras el desalojo puedan comprar cospeles e ir a visitarlos.

"Ahora estamos haciendo un censo. No les prometemos nada. Sólo queremos saber quiénes y cuántos somos. Estimamos que unos 1.000", resumió Fabiana, la vocera de la incipiente organización. Explicó que no levantarán el corte hasta que liberen a los 14 detenidos que quedan del desalojo. Luego, afirmó, decidirán cómo reclamarán por las casas que necesitan. "Les están armando causas, les dicen que tenían pólvora y armas. Hay gente que ni siquiera estaba ocupando. Los sacaron de casas vecinas", reclamó. Recalcó la violencia con la que actuaron los agentes.

"Queremos un acercamiento del gobernador (José) Alperovich, porque gracias a nosotros está ahí. Le dimos el voto, igual que al intendente (Daniel) Toledo. Ninguna autoridad vino. No nos mandaron los políticos a usurpar. Nos mandó la necesidad", afirmó. Cecilia Jerez, con la voz en alto, pidió a los gobernantes un compromiso firmado. "Dicen que nos atenderán, pero que sea antes de las elecciones y firmado. Ya no creemos en los Reyes Magos. Elegimos a este gobernador y seguirá estando si nos ayuda. Nosotros lo seguiremos a muerte, pero que nos atienda", planteó. Graciela, de 54 años, insistió: "diga que no hay punteros, aquí estamos solos". "Nosotros acompañamos esta gestión y trabajamos para los políticos muchas veces. Estamos agradecidos por los planes, pero queremos que nos escuchen y nos permitan pagar una casa", rogó.

Todas negaron que los desalojados hayan participado de robos. Advirtieron que detectaron algunos intrusos que pedían dinero a los pasajeros y que los echaron.

Hace un mes, unas 1.000 familias habían tomado el predio de la ex fábrica Pacífico, en San José. El jueves de la semana pasada, la Policía reprimió y lo desalojó. Alperovich afirmó que no permitirá que se ocupen ilegalmente más predios privados.