Por Irene Benito
01 Octubre 2013
Adentrarse en lo inédito conlleva riesgos imprevisibles. El Poder Ejecutivo nunca había rechazado la renuncia de un magistrado con pedido de destitución. La estrategia no coló en los Tribunales: convalidar la intransigencia del Gobierno respecto de Emilio Herrera Molina y de Alberto Piedrabuena hubiese implicado consagrar una nueva hoz política para segar las apocadas mieses de la independencia judicial. Tal guadaña podía luego volverse contra cualquier otro miembro de la familia tribunalicia.
Herrera Molina estaba enfermo y su retiro terminó convirtiéndose en una causa humanitaria. Distinto era el caso de Piedrabuena: su juicio permitió sentenciar que la renuncia a la magistratura tiene efecto cancelatorio automático. El gobernador José Alperovich ha recibido el mensaje de que no puede obligar a un juzgador a someterse ante el Jurado de Enjuiciamiento por más promesas que haya hecho a Susana Trimarco. La paradoja es que ese límite proviene del artículo 15 de la Ley 8.199, norma que el alperovichismo sancionó en 2009.
La solución satisface a medias a los interesados directos. Trimarco podrá decir que la Justicia volvió a defraudarla, pero, también, contabilizar el final de dos judicaturas que osaron oponérsele. El Gobierno podrá gritar que la Justicia actuó en forma corporativa y, de la puerta para adentro, agradecer el fracaso -por ahora parcial- de una remoción polémica inoportunamente desatada durante un año electoral. La Justicia podrá congratularse por haber puesto un límite a la política, pero acaso ese triunfo sepa a nada al lado del deterioro institucional profundo que expuso el caso "Verón".
Herrera Molina estaba enfermo y su retiro terminó convirtiéndose en una causa humanitaria. Distinto era el caso de Piedrabuena: su juicio permitió sentenciar que la renuncia a la magistratura tiene efecto cancelatorio automático. El gobernador José Alperovich ha recibido el mensaje de que no puede obligar a un juzgador a someterse ante el Jurado de Enjuiciamiento por más promesas que haya hecho a Susana Trimarco. La paradoja es que ese límite proviene del artículo 15 de la Ley 8.199, norma que el alperovichismo sancionó en 2009.
La solución satisface a medias a los interesados directos. Trimarco podrá decir que la Justicia volvió a defraudarla, pero, también, contabilizar el final de dos judicaturas que osaron oponérsele. El Gobierno podrá gritar que la Justicia actuó en forma corporativa y, de la puerta para adentro, agradecer el fracaso -por ahora parcial- de una remoción polémica inoportunamente desatada durante un año electoral. La Justicia podrá congratularse por haber puesto un límite a la política, pero acaso ese triunfo sepa a nada al lado del deterioro institucional profundo que expuso el caso "Verón".
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