"Los Estados de Latinoamérica ya no tienen margen para especular con la impunidad"

El titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cree que los ciudadanos de la región son más conscientes de sus derechos

22 Sep 2013
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PERSONALIDAD. Diego García-Sayán presidió una mesa el jueves pasado, en el XI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional "Jorge Carpizo". LA GACETA / FOTO DE HECTOR PERALTA

El presidente de la más alta (y última) instancia judicial disponible en América es un peruano nacido en Nueva York (EE.UU.) en 1950 por culpa del golpe de Estado que eyectó a su familia de Lima. Es un hombre que se expresa con el castellano dulce de los países propiamente andinos y caribeños. Es un jurista que en Tucumán desayuna huevos revueltos, jamón, queso y kiwi. Es un señor de cabello blanco que habla en forma llana; se dice aliado de la prensa (no en vano tiene a una periodista por pareja), y asegura que acabó asumiendo funciones públicas porque se topó con ellas a la vuelta de la esquina. Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2009, su par Eduardo Ferrer-Mac Gregor y José de Jesús Orozco Henríquez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron las figuras del XI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional "Jorge Carpizo" celebrado durante la semana pasada en esta ciudad. Nunca antes había pisado Tucumán una autoridad del sistema interamericano de derechos humanos creado por la Convención Americana de Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, entre otros instrumentos internacionales. García-Sayán se esfuerza por achicar las distancias y en todo momento da a entender que su tribunal no cultiva el hieratismo. "Nuestra Corte es de los pueblos, no de sus jueces", dice este jueves a LA GACETA mientras desayuna en el hotel Sheraton.

La Corte IDH protege a los individuos de los excesos de los Estados y tiene facultad para revisar las sentencias emitidas por los tribunales argentinos -una vez agotada la vía judicial en el territorio nacional-. Su competencia contenciosa también ha sido aceptada por Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. Ese último país dejó sin efecto su adhesión al Pacto de San José durante la última presidencia de Hugo Chávez: como la denuncia al tratado entró en vigor el 10 de septiembre pasado, la Corte IDH sigue siendo competente en casos de violaciones de derechos humanos ocurridos antes de esa fecha. Ni Canadá ni Estados Unidos ratificaron el Pacto; pese a ello, Chávez y su sucesor, el presidente Nicolás Maduro, acusaron al sistema interamericano de ser funcional a los intereses estadounidenses.

Pese a esta baja, García-Sayán se entusiasma con lo que considera una "revolución jurídica" en marcha en la región: "esta consiste nada más ni nada menos que en el encuentro en la realidad de los derechos nacional e internacional que construyen los países. El derecho internacional no viene del ciberespacio ni es obra de los marcianos: los países de América crearon su Corte IDH, y dijeron que esta tiene capacidad para dictar sentencias de cumplimiento obligatorio y que las leyes internas deben ser adaptadas al Pacto de San José".

- Por favor, cuente más sobre la revolución que usted advierte.

- La Corte IDH se instaló en 1979 y durante 15 años no dictó sentencias. Luego aparecieron fallos con un sentido emblemático y simbólico, casi testimonial. Aquello cambió en los últimos diez años: las sentencias de la Corte IDH se han convertido en piezas fundamentales para propiciar cambios institucionales, normativos y de políticas públicas, y para la superación de dramas estructurales del mundo contemporáneo, como la impunidad. Lo más importante de este proceso es la viva interacción entre dos órdenes legales, el nacional y el internacional, que acaban siendo uno por los derechos humanos, donde las sentencias de la Corte IDH son captadas y utilizadas por los tribunales nacionales en decisiones fundamentales como la que en Argentina declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

- ¿El ciudadano común está al tanto de ese fenómeno?

- Esta Corte IDH no es un tribunal majestuoso encerrado en su sede de San José de Costa Rica. Nosotros viajamos por Latinoamérica celebrando audiencias públicas. Y siempre tenemos salas llenas: en Medellín, hace dos meses, convocamos a mil colombianos... La ciudadanía percibe su derecho a recurrir a la Corte IDH. Por otro lado, algunas cortes supremas, como la de México y la de Argentina, citan nuestras resoluciones y exigen la aplicación de esos precedentes a los tribunales inferiores. La Corte IDH es un espacio típicamente latinoamericano y los tribunales nacionales se apoyan en ella y, por ello, la han fortalecido. Pero el objetivo es que la Corte IDH sea fuerte haciendo fuerte a los poderes judiciales de cada país porque ellos son las instituciones llamadas a resolver los conflictos en primer término.

- ¿Hasta qué punto ha avanzado la lucha contra la impunidad en Latinoamérica?

- La realidad es siempre claroscura, como una pintura de Rembrandt. Tenemos zonas de luz y rincones de oscuridad. La respuesta no es fácil, pero, en esencia, estoy convencido de que la impunidad ha sufrido un golpe histórico en América Latina. Los Estados ya no tienen margen para especular con la impunidad. Con luces y sombras, siento que nuestras democracias se caracterizan por su vitalidad y que ello obedece a que la gente percibe sus derechos: quiere participar en las decisiones de gobierno; quiere explicaciones de parte de sus gobernantes; quiere juicios justos, etcétera.

- ¿No teme que el dinamismo de la Corte IDH y su creciente producción de condenas contra los Estados genere más deserciones como la de Venezuela?

- No creo que la decisión de Venezuela (de abandonar la Convención Americana) sea imitada por otros países. Sí me preocupa que los derechos de los venezolanos hayan quedado debilitados. Siento que este asunto será reconsiderado en el futuro, tal vez cuando haya un cambio de Gobierno. Pero insisto en que no me parece que esta sea la primera pieza que cae en un efecto dominó: no veo que otros Estados pretendan retirarse del sistema.

La combinación de estabilidad democrática con crecimiento económico ha dado lugar a un impulso inédito para el desarrollo de las clases medias en países de Latinoamérica. García-Sayán destaca esta novedad cuando, a título personal, se dispone a reflexionar sobre la restauración de la democracia en la región (restablecimiento que en Argentina cumple tres décadas este año). "La clase media emergente está cambiando todo. El ciudadano rescatado de la pobreza tiene más demandas: no sólo no quiere ser torturado sino que exige acceso a la información pública. Esto supone un progreso inmenso, aunque no habrá nunca suficiente vacuna contra una regresión autoritaria", explica.

Ese panorama alentador no está exento de amenazas. "La más grave para nuestras democracias es el divorcio entre la ciudadanía y las instituciones", evalúa el juez, que considera que la sociedad confía más en el caudillo (elegido por el voto) que en los partidos políticos o los poderes legislativos. "Se elige y reelige al líder que parece capaz de resolver los grandes y pequeños problemas de la comunidad. No hago un juicio de valor sino que recojo el dato. Esto pasó en Colombia con Álvaro Uribe; en Ecuador con Rafael Correa y en Bolivia con Evo Morales. Una tendencia de esa especie revela la precariedad de los mecanismos de representación. La apelación al caudillo puede ser buena en el corto y mediano plazo, pero, en la perspectiva larga, supone una vulnerabilidad: si le da un infarto al caudillo, ¿qué viene después?", interroga retóricamente.

Otro reto significativo para la democracia es el que plantea el conflicto social que, según su opinión, pulula por doquier. "Las instituciones no saben todavía cómo lidiar con él. Los viejos métodos no funcionan: nadie saldrá a reprimir con ametralladoras. Hay conflictos muy serios en materia del control del territorio y de los recursos naturales que involucran a los pueblos indígenas. Si las partes no se ponen de acuerdo, las cosas no se hacen", subraya. Y dice que los países están aprendiendo a negociar y a abrir canales para la participación ciudadana. Con todo, García-Sayán es optimista respecto del futuro de la democracia en la región, como corresponde a un mortal convencido de que las oportunidades esperan a la vuelta de la esquina.

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