26 Octubre 2003 Seguir en 
Santiago del Estero.- La jueza María del Carmen Bravo y un experto en criminología realizaron una inspección ocular en el monte santiagueño de La Dársena, zona en la que fueron encontrados los restos de Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba, el 6 de febrero pasado.
A más de ocho meses del macabro hallazgo del cadáver de Patricia y a los restos óseos, la cabellera y prendas íntimas de Leyla, la magistrada y el perito Enrique Prueguer fueron al lugar en el que una cruz de madera sobresale de la tupida vegetación como testimonio del doble crimen de La Dársena.
Según los padres de las víctimas, "las investigaciones no sólo volvieron a fojas cero, sino que permanecen estancadas, a consecuencia del pacto de silencio, impunidad y encubrimiento a los asesinos".
"Las detenciones del ex juez Mario Castillo Solá, del diputado Carlos Anauate, de los policías que investigaron el caso y del dueño y empleados de la wisquería Saravah, fueron para frenar la intervención federal a la Justicia", coincidieron.
Sobre la nueva inspección ocular en La Dársena, Younes Bshier, padre de Leyla, y Olga Díaz, madre de Patricia, coincidieron en que desde un comienzo las huellas fueron borradas y se llegó hasta a incendiar el monte, únicamente en la zona en que fueron encontrados los cuerpos.
Pedidos desesperados
En tanto, los abogados defensores de los detenidos por el doble crimen reclamaron que la jueza Bravo levante el secreto de sumario, impuesto hace más de un mes, y solicitaron que responda a los pedidos de excarcelaciones y cambio de calificación que realizaron.
Las excarcelaciones fueron planteadas a favor del diputado justicialista Anauate, acusado de asociación ilícita y encubrimiento agravado, y del primer juez que investigó la causa, Castillo Solá, sospechado de asociación ilícita, mal desempeño de funciones y prevaricato. También se pidió la libertad y la alta de mérito para el dueño de la wisquería "Saravah", Daniel Moukarzel, y de Rubén Serrano, cajero del local nocturno del que se presume desapareció Leyla, en la madrugada del 16 de enero pasado.
Ante la sospecha de que hubo demasiadas irregularidades, la jueza Bravo secuestró de un local de reparaciones dos máquinas de escribir pertenecientes a la comisaría 12ª, donde se radicó la denuncia por la desaparición de Leyla. (Télam)
A más de ocho meses del macabro hallazgo del cadáver de Patricia y a los restos óseos, la cabellera y prendas íntimas de Leyla, la magistrada y el perito Enrique Prueguer fueron al lugar en el que una cruz de madera sobresale de la tupida vegetación como testimonio del doble crimen de La Dársena.
Según los padres de las víctimas, "las investigaciones no sólo volvieron a fojas cero, sino que permanecen estancadas, a consecuencia del pacto de silencio, impunidad y encubrimiento a los asesinos".
"Las detenciones del ex juez Mario Castillo Solá, del diputado Carlos Anauate, de los policías que investigaron el caso y del dueño y empleados de la wisquería Saravah, fueron para frenar la intervención federal a la Justicia", coincidieron.
Sobre la nueva inspección ocular en La Dársena, Younes Bshier, padre de Leyla, y Olga Díaz, madre de Patricia, coincidieron en que desde un comienzo las huellas fueron borradas y se llegó hasta a incendiar el monte, únicamente en la zona en que fueron encontrados los cuerpos.
Pedidos desesperados
En tanto, los abogados defensores de los detenidos por el doble crimen reclamaron que la jueza Bravo levante el secreto de sumario, impuesto hace más de un mes, y solicitaron que responda a los pedidos de excarcelaciones y cambio de calificación que realizaron.
Las excarcelaciones fueron planteadas a favor del diputado justicialista Anauate, acusado de asociación ilícita y encubrimiento agravado, y del primer juez que investigó la causa, Castillo Solá, sospechado de asociación ilícita, mal desempeño de funciones y prevaricato. También se pidió la libertad y la alta de mérito para el dueño de la wisquería "Saravah", Daniel Moukarzel, y de Rubén Serrano, cajero del local nocturno del que se presume desapareció Leyla, en la madrugada del 16 de enero pasado.
Ante la sospecha de que hubo demasiadas irregularidades, la jueza Bravo secuestró de un local de reparaciones dos máquinas de escribir pertenecientes a la comisaría 12ª, donde se radicó la denuncia por la desaparición de Leyla. (Télam)
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