26 Octubre 2003 Seguir en 
Las causas judiciales que dieron lugar a la entrega de vehículos "mellizos" serían todas truchas. El informe que el juez federal Felipe Terán le envió a la Corte Suprema la semana pasada, y que derivó en una auditoría generalizada a las fiscalías, demostraría que en varias de ellas las denuncias sobre supuestas estafas y los demás planteos de las presuntas víctimas, que reclaman la entrega de vehículos, responden a patrones comunes, por lo que se piensa que se trataría de un modus operandi destinado a blanquear autos y camionetas robadas o contrabandeadas. Además del aparentemente lucrativo negocio que implicaba la maniobra, hay casos en los que parece ser que el amiguismo llevó a funcionarios a hacer entregas irregulares.
El denominado "informe Terán" indica que en las dos causas radicadas en la Fiscalía III "se advierte que los escritos de denuncia que dieron origen a ambas actuaciones presentan idénticas características... lo que hace presumir que se trataría de un ?cliché?... presuntamente confeccionado por la misma persona".
Ese elemento llevó a Terán a empezar a sospechar que en la organización, tal vez trabajando junto al empresario detenido Pedro Tomás, habría algún abogado que aún no estaría debidamente identificado.
Como dueños de casa
Otro elemento que surge del informe es que Tomas y el presuntamente asesinado mecánico Pedro Bobba habrían tenido una sorprendente facilidad para ingresar a algunas fiscalías (especialmente a la IV, cuyo titular es el sospechado fiscal Héctor Abraham Musi).
Esa sería la explicación de la entrega indiscriminada de oficios que habría realizado el detenido prosecretario Hugo Tarifa, que están en el aire porque no existen causas judiciales que los justifiquen.
Ello surge de las declaraciones de algunos de los procesados, que dijeron que ellos ingresaban y luego salían con copias de las denuncias supuestamente falsas para que las firmaran. Eso dijo, por ejemplo, Sandra Abascal, esposa de Tomas y hermana de Javier Abascal (procesado).
Otro elemento llamativo surgió de la declaración del ex prosecretario de la Fiscalía X, el procesado Hugo Lazarte, quien dijo que hizo el oficio para entregar una camioneta Ford Ranger a pedido de sus superiores, e indicó que la persona que denunció la presunta estafa, Fernando Lazarte, era amigo "del rugby" del secretario Hernán Molina.
Con esa causa hubo, a criterio de Terán, algunos movimientos que levantaron sospechas. El pidió copias del expediente el 10 de julio, y desde la Fiscalía le respondieron que estaba en Mesa de Entradas, por lo que no podían hacerlo. Pero cuando el juez federal recibió las copias, el 28 de julio, se dio con que figuraba en ella que el 3 de julio esa oficina se la había devuelto a la Fiscalía X. La camioneta fue la primera que secuestró Gendarmería, el 13 de julio pasado, y dio inicio a la investigación que tiene en jaque al Poder Judicial tucumano.
Le habrían entregado una costosa camioneta de manera irregular
Personal de Gendarmería busca afanosamente a una mujer para quien se libró al menos un oficio irregular, el de posesión de una camioneta Suzuki Grand Vitara que tiene sus números de identificación borrados. Se trata de Ana Lucía Govetto, quien tiene orden de captura dictada por el juez federal Felipe Terán.
El certificado, hallado en el depósito del detenido empresario Pedro Tomas durante el allanamiento que Gendarmería realizó el 23 de julio pasado, lleva la firma del prosecretario detenido, Hugo Tarifa.
El 1 de marzo pasado se le extendió el certificado, cuando se presentó en la Fiscalía IV la denuncia que Govetto habría realizado por estafas, en contra de un tal Pablo Lucetino (se desconoce si existe). Pero en las copias de la causa que recibió Terán saltaría a la vista que el texto de la denuncia y las demás características de la presentación son casi idénticos a los de otras causas, por lo que se sospecha que se trataría de otra de las causas "fabricadas".
Govetto, según trascendió, pertenecería al círculo íntimo de Tomas, y ese no sería el único vehículo que habría "blanqueado" mediante una denuncia aparentemente falsa.Terán aguarda a interrogar a la mujer para aclarar así su situación y obtener más elementos sobre la supuesta organización dedicada a la venta de costosos vehículos "mellizos" como la camioneta 4x4 Suzuki.
El denominado "informe Terán" indica que en las dos causas radicadas en la Fiscalía III "se advierte que los escritos de denuncia que dieron origen a ambas actuaciones presentan idénticas características... lo que hace presumir que se trataría de un ?cliché?... presuntamente confeccionado por la misma persona".
Ese elemento llevó a Terán a empezar a sospechar que en la organización, tal vez trabajando junto al empresario detenido Pedro Tomás, habría algún abogado que aún no estaría debidamente identificado.
Como dueños de casa
Otro elemento que surge del informe es que Tomas y el presuntamente asesinado mecánico Pedro Bobba habrían tenido una sorprendente facilidad para ingresar a algunas fiscalías (especialmente a la IV, cuyo titular es el sospechado fiscal Héctor Abraham Musi).
Esa sería la explicación de la entrega indiscriminada de oficios que habría realizado el detenido prosecretario Hugo Tarifa, que están en el aire porque no existen causas judiciales que los justifiquen.
Ello surge de las declaraciones de algunos de los procesados, que dijeron que ellos ingresaban y luego salían con copias de las denuncias supuestamente falsas para que las firmaran. Eso dijo, por ejemplo, Sandra Abascal, esposa de Tomas y hermana de Javier Abascal (procesado).
Otro elemento llamativo surgió de la declaración del ex prosecretario de la Fiscalía X, el procesado Hugo Lazarte, quien dijo que hizo el oficio para entregar una camioneta Ford Ranger a pedido de sus superiores, e indicó que la persona que denunció la presunta estafa, Fernando Lazarte, era amigo "del rugby" del secretario Hernán Molina.
Con esa causa hubo, a criterio de Terán, algunos movimientos que levantaron sospechas. El pidió copias del expediente el 10 de julio, y desde la Fiscalía le respondieron que estaba en Mesa de Entradas, por lo que no podían hacerlo. Pero cuando el juez federal recibió las copias, el 28 de julio, se dio con que figuraba en ella que el 3 de julio esa oficina se la había devuelto a la Fiscalía X. La camioneta fue la primera que secuestró Gendarmería, el 13 de julio pasado, y dio inicio a la investigación que tiene en jaque al Poder Judicial tucumano.
Personal de Gendarmería busca afanosamente a una mujer para quien se libró al menos un oficio irregular, el de posesión de una camioneta Suzuki Grand Vitara que tiene sus números de identificación borrados. Se trata de Ana Lucía Govetto, quien tiene orden de captura dictada por el juez federal Felipe Terán.
El certificado, hallado en el depósito del detenido empresario Pedro Tomas durante el allanamiento que Gendarmería realizó el 23 de julio pasado, lleva la firma del prosecretario detenido, Hugo Tarifa.
El 1 de marzo pasado se le extendió el certificado, cuando se presentó en la Fiscalía IV la denuncia que Govetto habría realizado por estafas, en contra de un tal Pablo Lucetino (se desconoce si existe). Pero en las copias de la causa que recibió Terán saltaría a la vista que el texto de la denuncia y las demás características de la presentación son casi idénticos a los de otras causas, por lo que se sospecha que se trataría de otra de las causas "fabricadas".
Govetto, según trascendió, pertenecería al círculo íntimo de Tomas, y ese no sería el único vehículo que habría "blanqueado" mediante una denuncia aparentemente falsa.Terán aguarda a interrogar a la mujer para aclarar así su situación y obtener más elementos sobre la supuesta organización dedicada a la venta de costosos vehículos "mellizos" como la camioneta 4x4 Suzuki.
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