25 Octubre 2003 Seguir en 
Víctor Chimale, el empresario que había sido detenido el 11 de octubre pasado mientras manejaba un lujoso automóvil que no tenía la documentación en regla, recuperó su libertad ayer, aunque continuará procesado en la causa de las 4x4.
Chimale tenía en su poder un lujoso BMW 328 Cabriolé por el que habría pagado la mitad de lo que en realidad costaría. El tenía en su poder un oficio, por el cual se lo declararía depositario judicial del vehículo -que podría haber sido mellizo- y que estaría firmado por el detenido prosecretario de la fiscalía IV, Hugo Tarifa. Chimale, que se dedica a la compra y venta de estéreos de vehículos y que tendría fuertes vínculos con sectores políticos, habría advertido en su declaración en el Juzgado Federal que el auto se lo habría comprado a una tercera persona, y que ya lo había recibido con esa documentación.
Mientras tanto, el juez federal Felipe Terán, quien tiene en sus manos la causa, no se reintegró a sus funciones ya que está con licencia por motivos de salud. Pero ayer sus adversarios legales, el fiscal Héctor Abraham Musi y su abogado Gustavo Morales presentaron un juicio político en su contra en el Consejo Asesor de la Magistratura. De este modo ambos quedaron en igualdad de condiciones, pues Terán ya le había pedido a la Legislatura que enjuicie a Musi y que le quite los privilegios constitucionales de los que goza para poder indagarlo y, de ser necesario, detenerlo.
Al respecto Morales atacó duramente a Terán al afirmar que el juez federal "no sabe nada de derecho". "Debería volver a la Facultad y estudiar Derecho Constitucional", indicó. Las críticas del abogado se deben a la ampliación de la acusación que realizó Terán contra Musi ante la Legislatura.
Causa de Córdoba
El juez federal había enviado un informe de una jueza cordobesa en el cual daba cuenta que, desde la fiscalía de Musi, se había librado un oficio judicial para que un particular sea considerado depositario de un vehículo que había sido robado en esa provincia. El oficio habría estado firmado por Tarifa. "Esto es una prueba acabada de que el único involucrado en estas maniobras es el prosecretario, y no el fiscal", advirtió Musi.
Mientras tanto, los investigadores de la Gendarmería no se detienen. Su principal objetivo en este momento es saber quiénes fueron los financistas de la operación, a través de la cual se entregaban a particulares vehículos -costosos autos, camionetas y hasta cuatriciclos robados, contrabandeados o "mellizos"- con oficios judiciales. Lo que advierten es que alguien tiene que haber puesto el dinero para obtener los vehículos.
Además de Tarifa está detenido el empresario Pedro Tomas quien poseía una concesionaria de vehículos. También otras siete personas (un policía, dos abogados, la esposa y el cuñado de Tomas y otro prosecretario judicial) están procesadas en la causa, aunque por ahora permanecen en libertad.
Chimale tenía en su poder un lujoso BMW 328 Cabriolé por el que habría pagado la mitad de lo que en realidad costaría. El tenía en su poder un oficio, por el cual se lo declararía depositario judicial del vehículo -que podría haber sido mellizo- y que estaría firmado por el detenido prosecretario de la fiscalía IV, Hugo Tarifa. Chimale, que se dedica a la compra y venta de estéreos de vehículos y que tendría fuertes vínculos con sectores políticos, habría advertido en su declaración en el Juzgado Federal que el auto se lo habría comprado a una tercera persona, y que ya lo había recibido con esa documentación.
Mientras tanto, el juez federal Felipe Terán, quien tiene en sus manos la causa, no se reintegró a sus funciones ya que está con licencia por motivos de salud. Pero ayer sus adversarios legales, el fiscal Héctor Abraham Musi y su abogado Gustavo Morales presentaron un juicio político en su contra en el Consejo Asesor de la Magistratura. De este modo ambos quedaron en igualdad de condiciones, pues Terán ya le había pedido a la Legislatura que enjuicie a Musi y que le quite los privilegios constitucionales de los que goza para poder indagarlo y, de ser necesario, detenerlo.
Al respecto Morales atacó duramente a Terán al afirmar que el juez federal "no sabe nada de derecho". "Debería volver a la Facultad y estudiar Derecho Constitucional", indicó. Las críticas del abogado se deben a la ampliación de la acusación que realizó Terán contra Musi ante la Legislatura.
Causa de Córdoba
El juez federal había enviado un informe de una jueza cordobesa en el cual daba cuenta que, desde la fiscalía de Musi, se había librado un oficio judicial para que un particular sea considerado depositario de un vehículo que había sido robado en esa provincia. El oficio habría estado firmado por Tarifa. "Esto es una prueba acabada de que el único involucrado en estas maniobras es el prosecretario, y no el fiscal", advirtió Musi.
Mientras tanto, los investigadores de la Gendarmería no se detienen. Su principal objetivo en este momento es saber quiénes fueron los financistas de la operación, a través de la cual se entregaban a particulares vehículos -costosos autos, camionetas y hasta cuatriciclos robados, contrabandeados o "mellizos"- con oficios judiciales. Lo que advierten es que alguien tiene que haber puesto el dinero para obtener los vehículos.
Además de Tarifa está detenido el empresario Pedro Tomas quien poseía una concesionaria de vehículos. También otras siete personas (un policía, dos abogados, la esposa y el cuñado de Tomas y otro prosecretario judicial) están procesadas en la causa, aunque por ahora permanecen en libertad.
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