22 Julio 2013
DESTROZOS. El 2 de julio se produjo un duro cruce dentro de la Caja Popular. LA GACETA / FOTO DE JOSé INESTA
Todo hace prever que se vivirán días de calma en la Caja Popular de Ahorros (CPA). Al menos, por las próximas dos semanas. Ocurre que el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso la conciliación obligatoria entre las autoridades del organismo crediticio estatal y el gremio La Bancaria.
La puja entre el sindicato y el oficialismo se inició en octubre pasado, cuando la Legislatura sancionó una ley que habilitaba al Gobierno a tomar $ 172 millones del fondo de garantía de la CPA, a cambio de la emisión de Letras de Tesorería. El conflicto se profundizó con el arribo del legislador en uso de licencia Armando "Cacho" Cortalezzi a la entidad. En los últimos meses, la CPA no renovó contrato a 32 empleados ligados al gremio, conducido a nivel provincial por Eduardo Bourlé. Desde entonces, además del reclamo original por la restitución de los recursos, La Bancaria exige su reincorporación.
Las manifestaciones y los cruces entre seguidores de la intervención y dirigentes gremiales acabaron más de una vez con heridos y destrozos en la sede del organismo. En ese contexto, a partir de un planteo formulado por La Bancaria el 4 de junio, intervino ahora la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo. En la resolución, la delegada regional de Tucumán del Ministerio, María José Rubiol, calificó de extrema gravedad el conflicto por las características de la actividad y su importancia para la comunidad. "El objetivo primordial del actual procedimiento no sólo es tratar de avenir a las partes a fin de que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen; también debe garantizar la paz social en virtud de la necesidad pública de contrarrestar los efectos de posibles desbordes de las partes y la hipotética afectación de intereses de la comunidad", planteó la funcionaria.
Sobre la base de ese dictamen, el subdirector nacional de Relaciones del Trabajo, Adrián Canelo, firmó la resolución disponiendo la conciliación obligatoria por 15 días (a partir del 17 de este mes). Intimó al gremio bancario suspender las medidas de acción directa y a la Intervención a no tomar medidas ni represalias contra el personal. En ese marco, el funcionario convocó a la primera audiencia de conciliación para este jueves a las 13, en la sede del Ministerio de Trabajo en Buenos Aires.
El interventor Cortalezzi tomó con tranquilidad la disposición nacional, pero negó que se hayan producido despidos en la CPA. El titular del gremio, en tanto, consideró que el funcionario debería reincorporar a los trabajadores cuyos contratos no fueron renovados, ya que tienen derechos adquiridos y una continuidad laboral. "Cortalezzi debe darle bolilla a la disposición", desafió Bourlé.
La puja entre el sindicato y el oficialismo se inició en octubre pasado, cuando la Legislatura sancionó una ley que habilitaba al Gobierno a tomar $ 172 millones del fondo de garantía de la CPA, a cambio de la emisión de Letras de Tesorería. El conflicto se profundizó con el arribo del legislador en uso de licencia Armando "Cacho" Cortalezzi a la entidad. En los últimos meses, la CPA no renovó contrato a 32 empleados ligados al gremio, conducido a nivel provincial por Eduardo Bourlé. Desde entonces, además del reclamo original por la restitución de los recursos, La Bancaria exige su reincorporación.
Las manifestaciones y los cruces entre seguidores de la intervención y dirigentes gremiales acabaron más de una vez con heridos y destrozos en la sede del organismo. En ese contexto, a partir de un planteo formulado por La Bancaria el 4 de junio, intervino ahora la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo. En la resolución, la delegada regional de Tucumán del Ministerio, María José Rubiol, calificó de extrema gravedad el conflicto por las características de la actividad y su importancia para la comunidad. "El objetivo primordial del actual procedimiento no sólo es tratar de avenir a las partes a fin de que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen; también debe garantizar la paz social en virtud de la necesidad pública de contrarrestar los efectos de posibles desbordes de las partes y la hipotética afectación de intereses de la comunidad", planteó la funcionaria.
Sobre la base de ese dictamen, el subdirector nacional de Relaciones del Trabajo, Adrián Canelo, firmó la resolución disponiendo la conciliación obligatoria por 15 días (a partir del 17 de este mes). Intimó al gremio bancario suspender las medidas de acción directa y a la Intervención a no tomar medidas ni represalias contra el personal. En ese marco, el funcionario convocó a la primera audiencia de conciliación para este jueves a las 13, en la sede del Ministerio de Trabajo en Buenos Aires.
El interventor Cortalezzi tomó con tranquilidad la disposición nacional, pero negó que se hayan producido despidos en la CPA. El titular del gremio, en tanto, consideró que el funcionario debería reincorporar a los trabajadores cuyos contratos no fueron renovados, ya que tienen derechos adquiridos y una continuidad laboral. "Cortalezzi debe darle bolilla a la disposición", desafió Bourlé.
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