09 Julio 2013
BUENOS AIRES.- No fue el mejor día para el Gobierno de la Ciudad. Ayer, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se presentó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo para solicitar la inconstitucionalidad de la Ley 4.565 de la Ciudad de Buenos Aires, que limita facultades de ese organismo en la regulación de medios audiovisuales en territorio porteño.
El ente presidido por Martín Sabbatella pidió que se declare la "inconstitucionalidad" de 19 artículos de la norma y la inmediata suspensión de sus efectos "a través del dictado de una medida cautelar", se informó oficialmente.
En contraposición con lo expresado por Mauricio Macri, que impulsó la ley para "resguardar la libertad de expresión", la Afsca señala que "las declaraciones de la Legislatura respecto de ese derecho intentan encubrir el fin perseguido por la ley: satisfacer ilegítimamente la clara necesidad del Grupo Clarín". El pedido se funda en el artículo 31, que establece que las leyes del Congreso "son la ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella".
También ayer se conoció que el auditor porteño Eduardo Epszteyn denunció diferencias de hasta un 100% en lo que se paga por los materiales para el Metrobús de la 9 de Julio respecto de los del Corredor Sur, que unirá Constitución con Puente La Noria. "La forma en la que se está trabajando es poco transparente", denunció Epszteyn en declaraciones radiales.
En tanto, la presidenta, Cristina Fernández, cargó contra la gestión de Macri por el traslado del monumento de Colón. "Hasta la historia viene con (medidas) cautelares. No podía parar de reírme", dijo en Twitter, tras apuntar que vio el documental "Buscando al Comandante Andresito", que en su inicio relata, dijo, "cómo nos ocultan la verdadera historia argentina". (Télam-DyN)
El ente presidido por Martín Sabbatella pidió que se declare la "inconstitucionalidad" de 19 artículos de la norma y la inmediata suspensión de sus efectos "a través del dictado de una medida cautelar", se informó oficialmente.
En contraposición con lo expresado por Mauricio Macri, que impulsó la ley para "resguardar la libertad de expresión", la Afsca señala que "las declaraciones de la Legislatura respecto de ese derecho intentan encubrir el fin perseguido por la ley: satisfacer ilegítimamente la clara necesidad del Grupo Clarín". El pedido se funda en el artículo 31, que establece que las leyes del Congreso "son la ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella".
También ayer se conoció que el auditor porteño Eduardo Epszteyn denunció diferencias de hasta un 100% en lo que se paga por los materiales para el Metrobús de la 9 de Julio respecto de los del Corredor Sur, que unirá Constitución con Puente La Noria. "La forma en la que se está trabajando es poco transparente", denunció Epszteyn en declaraciones radiales.
En tanto, la presidenta, Cristina Fernández, cargó contra la gestión de Macri por el traslado del monumento de Colón. "Hasta la historia viene con (medidas) cautelares. No podía parar de reírme", dijo en Twitter, tras apuntar que vio el documental "Buscando al Comandante Andresito", que en su inicio relata, dijo, "cómo nos ocultan la verdadera historia argentina". (Télam-DyN)
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