Gran revuelo en las alturas de la Corte

El domingo 9 de junio último, en vuelo rasante pasó por Tucumán Julián Álvarez, subsecretario de Justicia de la Nación. Al cerrar las Jornadas sobre Democratización de la Justicia, dejó públicamente una orden con voz tonante: resolver el caso de Marita Verón y condenar a los culpables. No hay que ser muy suspicaz para entender hacia dónde apuntaba el funcionario ultra K: la Corte Suprema tucumana. En la jerga abogadil, ésta quedó debida y fehacientemente notificada sobre cómo debe definir el entuerto que desbordó las fronteras del país y convirtió a la madre de la víctima en un ícono de la lucha contra la trata de personas, a tal punto que fue propuesta para el premio Nobel de la Paz. Al momento de bajar ese cúmplase chavista, Álvarez tenía a su diestra a Susana Trimarco, la madre de la joven desaparecida, de quien nada se sabe desde hace más de una década.

En la dirección marcada por el talibán K, el ministro fiscal de Corte dio ya el primer paso. Luis de Mitri acaba de alumbrar su dictamen no vinculante sobre el caso. No anda por las ramas. Con la rapidez que no tuvo en otras causas, pidió el patíbulo para todos los imputados, riojanos en su mayoría. De los 13 absueltos, queda una docena por el fallecimiento de una imputada. Los supremos tienen ahora una cuestión ultra caliente que derrite sus manos. En su intimidad, de verdad, nunca hubieran deseado que llegase un asunto de esta naturaleza con una presión exterior que, aunque no lo reconozcan, los condiciona.

Desde la cúspide del poder central se los mira fijo. Aquí, funcionan los "ojos y oídos" de la reina Cristina, que no son, como pudiera pensarse, los de la Sra. Betty, tercera autoridad en la sucesión presidencial, sino Susana Trimarco, de trato y teléfono sin escalas con la Presidenta, de los que carece el propio gobernador. Bien lo saben los cortesanos que pisan suelo enjabonado y miden milimétricamente sus pasos. Para peor, los supremos están entrampados entre fuegos cruzados de una campaña electoral sin tregua en la que al cristinato -jugado a matar o morir por la eternidad en el poder- se le desacomodó la estantería, hasta en el terruño santacruceño.

Destinatarios identificados

Las palabras de Álvarez soltadas exprofeso con destinatarios con nombre y apellido, pintan de modo inequívoco -por si alguien tiene alguna duda- que la republicana división de poderes está en desuso en la Argentina. Una obsolescencia antidiluviana. Que dijera lo que dijo, no extraña a nadie en esta hora autocrática del país con valores subvertidos. Llama, en cambio, sí, la atención que el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, la Facultad de Derecho de la UNT y la Universidad Católica no se hayan pronunciado sobre tamaño exabrupto. Los titulares de esos órganos, en vez de defender la independencia de la Justicia y de los togados que la administran, dieron por respuesta un ensordecedor silencio.

El propósito desembozado de Alperovich es revertir el cimbronazo absolutorio lo antes posible. La Presidenta no admite ni olvida ese final inesperado. El guillotinamiento de los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano se mancó en el camino y va para largo, con la consecuente aflicción del mandamás. Con las ropas chamuscadas por el fallo adverso, sin saber qué hacer en aquella hora crítica, empujó el juicio político, por imposición de Trimarco, y echó al ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera. Pero como aún existen magistrados sin miedo, apegados al derecho y la Constitución, una cámara del fuero contencioso trabó la embestida por ese atajo.

Con el recurso de casación aceptado, quedó abierta la vía de la Corte Suprema, que es la que el patrón apura ahora y en la que puso todas sus fichas. La opinión de De Mitri está en el escritorio del vocal Antonio Gandur, quien tiene la mirada clavada en la voluminosa causa y, en particular, escarba la absolución de los imputados, que no son egresados de Harvard, ni miembros de hermandad religiosa alguna. De ahí a que los prostibularios hayan participado del secuestro, prostitución, desaparición y asesinato de Marita Verón, es otra historia. Al menos, así lo entendió la Cámara Penal al sostener que no había pruebas suficientes para condenarlos, porque no se había superado el principio de inocencia.

La Sala Penal de la Corte -integrada por Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sdbar- está en una posición extremadamente delicada y nada fácil. Así como Menem tuvo a su servicio personal una corte automática, Alperovich no se quedó atrás. También él armó la propia. De los cinco miembros de la actual, metió a los empujones -y por la claraboya- sin ningún proceso de selección, por sí y ante sí, a dos funcionarios de su dependencia directa y a la primera mujer en acceder a tan alto sitial. Los restantes, que vienen de atrás, han hecho su propio aporte voluntario al zar subtropical. Una Corte de conjueces, presidida por Gandur precisamente, le concedió como una gracia especial el tercer mandato que hoy usufructúa. Este fallo entró en la historia porque borró el tiempo y desconoció el primer período de Alperovich (2003/07), estableciendo que éste era el segundo y segundo el tercero. Un disparate jurídico, es lo menos que dijeron los constitucionalistas de esa sentencia.

La sociedad, junto con la comunidad de abogados, siempre vio a la actual cohorte como lábil y complaciente. Y no se equivoca. En la mayoría de los casos falló con un ojo puesto en la sentencia y con el otro en la Casa de Gobierno, de manera de no irritar al príncipe, diría Niccoló Maquiavelo. Su tercer mandato contrariando la manda constitucional, es la demostración más notoria.

La figura fantasmal de la madre de Marita sobrevuela el Palacio de Justicia y se mete en sus entresijos, transfigurada, de la noche a la mañana, en gobernante con mando paralelo en el feudo de la tucumanía, de cuyo humor todos están pendientes. ¿Qué es lo que puede hacer la Corte con el expediente de su hija desaparecida? Vale un ejercicio en prospectiva. 1) Confirmar el veredicto de los jueces llevados al matadero: una locura, ni pensarlo, atento a la orden de Alvarez. 2) Declarar lisa y llanamente nula la causa y volver a fojas cero con un nuevo juicio. Esto desataría las iras de la inquilina de la Casa Rosada, las de Trimarco, veedora sin cartera, y las de zar vernáculo por cuyo destino nadie daría un céntimo. La hipótesis 3, de la cual es probable que se cuelgue el tribunal como madero salvador, es lo que llaman en el argot tribunalacio un fallo sustitutivo, mediante el cual se revoca la sentencia de la Cámara Penal y, a la vez, se condena a los imputados, como pide De Mitri. A los cortesanos, paralizados por las posibles consecuencias del caso, les permite salir del laberinto por arriba.

Escapatoria tangencial

Esa escapatoria tangencial es de alto costo político para ellos y con graves consecuencias para su prestigio. Es, sin embargo, por la cual se inclinarían. De esta manera, satisfacen las expectativas de Trimarco en primer lugar, las de Cristina, sumamente interesada en la definición, y las del mandamás, que dormiría sin Lexotanil.

No todo termina ahí. Si la sentencia fuera condenatoria para los imputados -lo que se descuenta-, éstos pueden apelar ante la Suprema Corte Nacional, que timonea Ricardo Lorenzetti, hoy ametrallado y humillado por el poder político central. Por su desempeño, está a distancias oceánicas del tribunal vernáculo. Sin las pasiones políticas de aldea que inficionan la causa, aquel órgano supremo, en su momento, evaluará si realmente hubo pruebas sólidas para justificar la absolución o no. Puede ocurrir lo que ya pasó con la camarista penal Alicia Freidenberg, echada del cargo con la complicidad del oficialismo parlamentario, por capricho a dúo del mandatario y el ministro político. La causa llegó hasta la última instancia nacional, Freidenberg volvió a sus funciones y, encima, cobró daños por salarios caídos.

Con la rechazada renuncia de Herrera Molina, negándosele su derecho a jubilarse, y la de Alberto Piedrabuena que correrá la misma suerte, hay un embrollo descomunal. Claudia Sdbar forma parte del jurado que debe resolver la apelación del juez de marras por la negativa oficial. Cuida con celo sus académicos papiros porque es asidua concurrente a foros nacionales e internacionales. Como no podría votar contra una ley expresa, le saca el cuerpo a la jeringa. Para no quedar en falsa escuadra con el Jefe por un fallo que no lo favorecería, intentó excusarse con endeble argumento, pero sus pares Gandur y Salvador Ruiz no aceptaron su huida hacia adelante. Entonces, decidió pedir licencia para volver diez días después de la feria judicial y así esquivar la firma.

Algo parecido ocurrió con el camarista Rodolfo Novillo. Se resistía a firmar el fallo de Salvador Ruiz como preopinante por la dimisión no aceptada de Alberto Piedrabuena. Fue necesaria la intercesión del Supremo Tribunal para que se allanara a suscribir el mandoble contra el mandamás. Nadie entiende el porqué de su actitud, contrariando lo que hizo con Herrera Molina. Cosas de la aldea.