Corte y Ministerio Público: crisis de confiabilidad

Corte y Ministerio Público: crisis de confiabilidad

Por Luis Iriarte | Convencional Constituyente Federal

07 Julio 2013
El asesinato de Paulina Lebbos es uno de los resonantes casos de impunidad cuya investigación judicial dejó al descubierto, una vez más, la inconfiable vigilancia que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, debieran efectuar la Corte Suprema de Justicia y el ministro Fiscal sobre todos los magistrados que integran el Poder Judicial. El fiscal que originariamente investigaba esta causa requirió en el domicilio del gobernador, José Alperovich, amparado en las sombras de la noche, la "colaboración" del titular del Ejecutivo provincial para que le aporte datos que pudieran esclarecer el caso. Sorprendido por un fotógrafo de LA GACETA en esta excursión nocturna, fue apartado por la Corte y el ministro Fiscal, sin que se le aplique sanción alguna por tan grave inconducta.

Tiempo después fue "recompensado" con su ascenso a fiscal de Cámara. El fiscal que lo sustituyó tuvo siete años la investigación de este crimen, "bajo secreto del sumario", sin resultado alguno, sin que el ministro Fiscal ni la Corte lo inspeccionaran por sus pésimas prácticas en tan prolongado período. Terminó apartándose al detectarse -por un emisario letrado del Ejecutivo Federal- graves inconsistencias en su investigación. No tuvo ningún tipo de sanción. La crisis de confiabilidad de ambos organismos, máximas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, es de larga data. Una inspección de la Corte en un Juzgado de Instrucción reveló, hace varios años, datos escalofriantes: funcionaba, de hecho, un juzgado paralelo de causas sin registro alguno, pese a lo cual se mantuvo en el cargo a su titular, hasta que un juez Federal pidió su enjuiciamiento político.

La Fiscalía Anticorrupción fue otro hecho detonante de deformación institucional. Fue creada insólitamente por resolución del Ministro Fiscal de entonces, usurpando facultades propias de la Corte, la cual, obediente, puso a disposición del flamante fiscal los medios técnicos y económicos necesarios para tan delicada misión. Tiempo después, este fiscal Anticorrupción denunció públicamente por medios gráficos, radiales y televisivos, que dos miembros de la Corte -cuyos nombres mantuvo en silencio- lo habían presionado en sus investigaciones. El fiscal no hizo la denuncia penal que correspondía ante tan grave acusación, firmando luego calladamente un "apercibimiento" aplicado por la Corte, sanción que no requiere instruir sumario alguno previo.

Los tucumanos nunca supimos la verdad de estos enfrentamientos internos del poder. Finalmente, la Corte retomó su competencia y eliminó la Fiscalía Anticorrupción con argumentos inconsistentes, sin resistencia alguna del Ministro Fiscal que lo había creado. Hoy la Corte "urge" por una Acordada, al nuevo fiscal de Instrucción del caso "Lebbos", una pronta y prolija definición de la investigación, por el escándalo que involucra presuntamente -en este crimen- a "hijos del poder", contrastando con su largo letargo de inacción, indiferencia y ausencia de control por más de siete años con el inoperante fiscal anterior. Por circunstancias parecidas, Catamarca fue intervenida por el caso "María Soledad Morales", poniendo fin al reinado feudal de "Ramoncito" Saadi. Personalmente descreo que el Congreso nacional resuelva allanar nuestra autonomía por estos hechos que alcanzaron dimensión nacional. Lebbos nunca pudo lograr que la Presidenta lo reciba para relatarle su trágica versión de los hechos. Huelo impunidad en toda esta trama.

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