Se aniquila la independencia de los jueces - LA GACETA Tucumán

Se aniquila la independencia de los jueces

Ricardo Monner Sans - Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción.

26 Abr 2013

Cuando la actual Presidenta asumió por vez primera, dijo que la prioridad era la de mejorar la calidad institucional de la República Argentina. Al ser reelecta dijo algo diferente: que era menester hacer un "ajuste fino". Luego, vino lo de "vamos por todo". Cuando era legisladora, propugnó achicar el Consejo de la Magistratura. 

Ahora, postuló agrandarlo. Se viola la letra y el espíritu de la norma constitucional que en 1994 hizo nacer al Consejo de la Magistratura. No se lo democratiza, se lo "absorbe". Se aniquila la independencia de los jueces, y más allá de que un buen lote de ellos -en estos tiempos de claudicaciones republicanas- han hecho y hacen dormir procesos gravísimos que se vinculan con funcionarios públicos. Pulveriza la doctrina de la representación permitiendo el ingreso por sufragio popular de jueces, de abogados, de académicos. Se falsea el concepto de soberanía (artículo 33 de la Constitución Nacional) recurriendo a la simulación. 

Luego de 54 años de ejercicio profesional conozco "bastante" en punto a quiénes son los jueces idóneos y quiénes no. Pero en modo alguno puedo saber de cada uno "el todo". ¿Y la gente que nada tiene que ver con los tribunales, vota por quién? ¿Acaso por el que viene adherido a una boleta de la cual normalmente algo se sabe respecto de los encabezamientos de aspirantes a legisladores? Más que simulación: peligrosa hipocresía. 

Quien tenga más aparato publicitario está en posibilidad de imponer a los jueces, a los abogados, a los científicos. Los representantes de los jueces van entrarán al Consejo bajo la sospecha de la no imparcialidad porque será deudor de la lista que lo llevó aupado. Poderoso caballero -efectivamente- es Don Dinero. 

Mientras tanto, se achica hasta el aniquilamiento el régimen de las medidas cautelares y de los amparos. La norma es peor de lo que hizo la penúltima dictadura, la que se inició en 1966. Con la novedad de que exime de toda responsabilidad a los funcionarios públicos, a contramano de lo que señala el Código Civil y con la gravísima novedad de que el Estado podrá solicitar al Juez -seguramente "un amigo de la casa"- que dicte una cautelar que permita, por ejemplo, aniquilar el derecho de huelga. 

Por vía oblicua están reformando la Constitución Nacional. Les importa un bledo las manifestaciones populares, la gente en la calle, la corrupción que protagonizan -aunque no en exclusividad-, el achicamiento de mano de obra y el agravamiento del desempleo que se viene. 

La cuestión es seguir manejando los dineros públicos a total antojo y utilizar a la Anses como caja de financiación. Para lo cual, agregan nuevos escalones para los jubilados en su lucha siempre inatendida. Cuanto más jubilados tropiecen en los escalones se irán muriendo más rápido. Lo más reaccionario "todo junto". Con el gambito de la palabra: decirse gobierno "nacional y popular".


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