Indagan a un letrado por los títulos de la deuda

César Roque Paliza (h), único imputado en la causa "Scaravilli López" que aún no prestó declaración indagatoria, podría cumplir ese trámite hoy desde las 9.30 en el Juzgado Federal Nº 2. Esas son las nuevas coordenadas de una citación frustrada en tres oportunidades desde 2007. La Justicia atribuye al abogado Paliza una supuesta participación en una maniobra para defraudar al Estado Nacional con títulos de la deuda pública.

El cuarto llamado a indagatoria fue decretado el 26 de diciembre por el conjuez Hugo Danesi, que interviene en la causa en virtud de la excusación de Fernando Poviña (h) y Daniel Bejas, respectivos jueces federales Nº 2 y N° 1. Antes, el caso estuvo en manos del ex magistrado subrogante Mario Racedo (se hizo cargo del Juzgado Nº 2 en 2006, desde la suspensión del ex juez Felipe Terán y hasta el juramento de Poviña, en diciembre de 2011). Danesi ordenó por primera vez la comparecencia de Paliza para el 18 de diciembre, pero este no asistió y adujo que había sido notificado en un domicilio equivocado.

Antes, el letrado había faltado a las audiencias fijadas en 2007 y 2011, objetando el sistema de subrogancias por medio del cual Racedo asumió en el Juzgado Federal Nº 2. Mientras, la Justicia indagó a los otros tres imputados: Domingo Scaravilli López; Roberto Sosa, ex gerente de la Nueva Bolsa de Comercio, y Jorge Parache, ex juez federal Nº 1 (es defendido por Hernán Frías Silva y Fernando Poviña, padre del magistrado federal Nº2).

La indagatoria no obliga al citado a declarar, que puede abstenerse sin perjudicar la presunción de inocencia, según el Código Procesal Penal. Pero el conjuez ha de celebrar ese acto para definir la situación procesal de los implicados (el código autoriza a concretar esta comparecencia con auxilio de la fuerza pública). Caben tres posibilidades: la falta de mérito, el sobreseimiento y el procesamiento.

En la causa "Scaravilli López", el fiscal Brito consideró que había pruebas suficientes para atribuir a los imputados una maniobra especulativa consistente en la compra de títulos post default (a precio vil) con el fin de entablar una demanda para exigir que estos sean pagados como si hubiesen sido adquiridos antes de la cesación de pagos de diciembre de 2001 (en pesos dolarizados). Según el fiscal, el demandante Scaravilli López habría invertido $ 295.750 en bonos depreciados y obtenido una ganancia de $ 1,2 millón gracias a la medida cautelar dispuesta por Parache en la que ordenó al erario que se abstuviese de concretar la pesificación.