Según el PJ, una licitación demanda mucho tiempo

El oficialismo cerró filas durante una reunión de bloque que mantuvo ayer y hoy defenderá en el recinto el proyecto que concede superpoderes al titular del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán.

La iniciativa lleva la firma de una decena de alperovichistas y tiene dictamen favorable de la comisión de Obras Públicas, que preside el oficialista José Teri (PJ). El texto forma parte del orden del día que debatirá hoy a partir de las 9, en sesión, la Cámara. El problema es que los opositores ya adelantaron que votarán en contra porque no conocen detalles del proyecto para construir 2.500 casas en la zona de El Manantial.

En tan sólo dos artículos, se autoriza al interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano a contratar en forma directa la construcción de las 2.500 viviendas del proyecto "Manantial Sur". En el segundo, se aclara que ninguna empresa podrá resultar adjudicataria de la construcción de más de 110 unidades. Pero no se especifica cuál es la fuente de financiamiento de la obra, el monto que se invertirá ni si la selección de las firmas responsables del proyecto se hará mediante un cotejo de precios. En diálogo con LA GACETA, Durán aseguró que no envió esos datos a la Legislatura porque no se los habían solicitado. Sin embargo, adelantó que cada casa tendría un costo aproximado de $ 190.000 (en total, el emprendimiento demandaría $ 475 millones que afrontaría la Nación).

Ayer, en declaraciones a la prensa, el legislador Teri defendió la propuesta del Gobierno, y aseguró que el oficialismo sólo pretende ganar tiempo con la contratación directa de las obras. "Una licitación se prepara para tres o seis meses. ¿Una familia puede esperar un año más una vivienda?", replicó el parlamentario.

Pese a las críticas de la oposición, no será la primera vez que la Cámara avale facultades extraordinarias para Durán. En noviembre se aprobó la Ley N° 8.541, por la que se autorizó al Ipvdu a realizar contrataciones directas para trabajos en barrios por un total de $ 76,5 millones. Casualmente, esa norma también tenía apenas dos artículos. El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) llegó a plantear la inconstitucionalidad de la Ley 8.541. El macrista sustentó su queja ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en que el artículo 12 de la Carta Magna provincial fija como regla la licitación pública. Sin embargo, el planteo no fue declarado asunto de feria y aún no hubo una resolución a ese cuestionamiento judicial.