"...y qué pasa si él tiene razón, si se liberan de pronto todas las fantasías, todos los deseos, no habría reglas para nada ni para nadie, no habría justicia que valiera ni policía que la hiciese cumplir". (Roberto Bermúdez, personaje de la novela "Tesis sobre un homicidio", de Diego Paszkowski).
"No hay en Tucumán personas preparadas para resolver estos delitos, ni policial ni judicialmente, y esto no es un agravio; es simplemente una constatación de la realidad". (Bettina Olmos Arévalo, viuda del contador Carlos Julio Albarracín, quien desapareció el 2/12/2002 y cuyo cuerpo fue encontrado el 17/9/2003).
Entre la investigación del crimen de Paulina Lebbos y la del embarrado proceso judicial por la desaparición de Marita Verón se define la seguridad de los tucumanos. A una chica la pueden asesinar o secuestrar, hacerla desaparecer o introducirla en las redes de trata de personas y nadie hará nada. Aunque la cárcel esté tan llena de procesados y condenados que sea necesario encerrar a los detenidos en las comisarías. ¿Cómo se entiende esto? Es que los niveles de seguridad de un lugar se miden por la cantidad de homicidios. Y si en Tucumán hay más de 100 homicidios impunes , ¿a quiénes persigue y atrapa la Policía, y a quiénes condena la Justicia? ¿A motoarrebatadores? ¿A ladrones de gallinas? De eso se trata la discusión que plantean los dos casos emblemáticos de la (in) seguridad en la provincia.
Críticas sin cuestionamientos
El Gobierno está enfocado en la causa Verón, bajo la presión política de la Presidenta -que habla de "democratizar la justicia"- y siguiendo las críticas del equipo de Susana Trimarco a los tres jueces que absolvieron a 13 acusados, entre ellos la ex esposa de la Chancha Ale y un grupo de encargados de casas de cita. Los abogados de Trimarco desmenuzaron el fallo, lo calificaron de discriminatorio y machista y aunque critican a algunos comisarios como Víctor Lisandro porque "plantó pistas falsas para entorpecer la investigación", no cuestionan al poder político que nombra jueces y policías. Los hombres del Gobierno, como el legislador Guillermo Gassenbauer, agilizan a toda velocidad el proceso contra los jueces porque "es un tema que la sociedad en general reclama que se esclarezca. Y nos parece que es una necesidad que los jueces contesten y respondan a las acusaciones que les están haciendo". La defensa del juez Emilio Herrera Molina, a quien Alperovich le rechazó el pedido de jubilación, dice que el gobernador, "cobijándose en publicitadas polleras, (es) la única persona que tuvo en sus manos los medios institucionales, políticos, materiales y efectivos para dilucidar la triste desaparición de Marita Verón", porque "ha contado con el poder absoluto" en la última década.
Algo parecido dice Alberto Lebbos, que pidió que procesen por encubrimiento a los funcionarios y policías con responsabilidad cuando fue asesinada su hija. Desde el ex ministro Mario López Herrera y el ex secretario Alberto di Lella, hasta los comisarios Héctor Rubén Brito y Hugo Sánchez, y el jefe de la comisaría de Raco en 2006, Enrique García, donde se halló el cuerpo mutilado. Desplazados de sus cargos, los acusados de encubrimiento han sido nombrados en general como asesores, o trasladados, como García, que está en la sección Logística de la Policía.
A diferencia de Trimarco, Lebbos no ha conseguido que el país tome su causa como emblema de la falta de Justicia, pese a que pidió ayuda a Aníbal Fernández (que siendo ministro envió tres detectives a mirar qué pasaba), a los defensores del pueblo del país, a los jueces de la Corte nacional Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay, y pese a que pidió audiencia con la Presidenta. "Ya no sé a quién acudir", dice.
El caso Lebbos levantó fuerte polvareda en 2006, cuando se involucró al barrabrava de Atlético Gustavo González, y este habló de "hijos del poder"; cuando el mismo Alperovich se quejó de los rumores sobre los hijos del poder y dijo que había "una pista muy fuerte que se está investigando, (....) yo creo que estamos -es una sensación, tampoco le puedo asegurar- muy cerca, muy cerca, creo yo; porque se va dando una serie de cosas y de elementos que nos pueden llevar a inferir que estamos cerca de encontrar esa banda; de saber quién es realmente el asesino y quién fue el cómplice y quién fue el que tiró realmente el cadáver" (LA GACETA, 28/4/06).
Enviando la causa a dormir
En una sesión de la Legislatura de abril de 2006, se relataron las irregularidades cometidas por los policías en la pesquisa en Raco (el mismo López Herrera confesó que no entendía por qué los agentes habían actuado fuera de la ley) y se envió todo a la Corte Suprema para que investigara. Tras la vergüenza del fiscal Alejandro Noguera (que había ido a pedirle instrucciones al gobernador), se entregó la causa al fiscal Carlos Albaca. Este, tras pelearse con el fiscal de cámara Daniel Marranzino (quien debía supervisar a Albaca pero fue sacado del caso cuando quiso que se interrogara a un tal "Pelao" que decía saber qué había ocurrido con Paulina) la investigación quedó dormida para siempre. Lebbos no puede saber qué hace Albaca -quien le dice que hay una investigación reservada- y nadie, ni el ministro fiscal Luis de Mitri, ni el presidente de la Corte, Antonio Estofán, le pide cuentas de por qué no hay detenidos, ni sospechosos, ni cruce de llamados telefónicos, a siete años del crimen.
Lebbos teme que, al haberse elevado a juicio una causa contra el comisario García por adulteración de actas policiales (y no por encubrimiento, que es la acusación que él hizo), toda la maniobra de encubrimiento quede consumada, con el moño puesto.
Cosecharás tu siembra
La Justicia, asustada por el embate de Cristina y Susana Trimarco, apenas se defiende con declaraciones. "Nuestro objetivo es sembrar transparencia para cosechar confianza" dice, rimbombante, Antonio Estofán. Para ello convocó a "especialistas" del fuero penal -léase los fiscales, la mayoría de los cuales fueron nombrados por el Gobierno actual- para "comenzar a elaborar un plan de trabajo que permita que la actuación de la policía en la investigación de los delitos sea más eficiente".
O sea, a 11 años del caso Verón, a 10 años del caso Albarracín (el contador que trabajaba en una financiera de San Martín al 600, cuya muerte es un misterio); a siete años del caso de Paulina, ¿ahora los fiscales van a unificar protocolos para trabajar con la policía? ¿Con qué criterio van a dictar esos protocolos? ¿El del clamor popular, que menciona Gassenbauer? ¿Escucharán a Trimarco? ¿Escucharán a Lebbos?
La parte o el todo
Paul Bensancon, el abogado asesino de la novela "Tesis sobre un homicidio", dice que la venda de la justicia es algo concreto y no simbólico y que aunque se sepa quién es el culpable no habrá elementos para condena. Así parece plantearse en el caso Verón. "La ley es apenas un intento vano de organizar el desorden", dice Bensancon, explicando la impunidad. Pero el verdadero asunto es saber quiénes son los responsables de que esto sea así. Para Susana Trimarco (y Alperovich y el oficialismo) son los tres jueces del juicio y alguno que otro policía. Lebbos va más allá: la venda parece haber sido puesta deliberadamente en el sistema para que ciertas investigaciones aborten de entrada (por ineficiencia o por omisión) , y nadie tiene intenciones de sacarla.
Lo que se haga en adelante con las dos causas emblemáticas de Tucumán va a determinar cuál tesis impera. Bien vio G. K. Chesterton en los enigmas policíacos un emblema de misterios más altos.
"No hay en Tucumán personas preparadas para resolver estos delitos, ni policial ni judicialmente, y esto no es un agravio; es simplemente una constatación de la realidad". (Bettina Olmos Arévalo, viuda del contador Carlos Julio Albarracín, quien desapareció el 2/12/2002 y cuyo cuerpo fue encontrado el 17/9/2003).
Entre la investigación del crimen de Paulina Lebbos y la del embarrado proceso judicial por la desaparición de Marita Verón se define la seguridad de los tucumanos. A una chica la pueden asesinar o secuestrar, hacerla desaparecer o introducirla en las redes de trata de personas y nadie hará nada. Aunque la cárcel esté tan llena de procesados y condenados que sea necesario encerrar a los detenidos en las comisarías. ¿Cómo se entiende esto? Es que los niveles de seguridad de un lugar se miden por la cantidad de homicidios. Y si en Tucumán hay más de 100 homicidios impunes , ¿a quiénes persigue y atrapa la Policía, y a quiénes condena la Justicia? ¿A motoarrebatadores? ¿A ladrones de gallinas? De eso se trata la discusión que plantean los dos casos emblemáticos de la (in) seguridad en la provincia.
Críticas sin cuestionamientos
El Gobierno está enfocado en la causa Verón, bajo la presión política de la Presidenta -que habla de "democratizar la justicia"- y siguiendo las críticas del equipo de Susana Trimarco a los tres jueces que absolvieron a 13 acusados, entre ellos la ex esposa de la Chancha Ale y un grupo de encargados de casas de cita. Los abogados de Trimarco desmenuzaron el fallo, lo calificaron de discriminatorio y machista y aunque critican a algunos comisarios como Víctor Lisandro porque "plantó pistas falsas para entorpecer la investigación", no cuestionan al poder político que nombra jueces y policías. Los hombres del Gobierno, como el legislador Guillermo Gassenbauer, agilizan a toda velocidad el proceso contra los jueces porque "es un tema que la sociedad en general reclama que se esclarezca. Y nos parece que es una necesidad que los jueces contesten y respondan a las acusaciones que les están haciendo". La defensa del juez Emilio Herrera Molina, a quien Alperovich le rechazó el pedido de jubilación, dice que el gobernador, "cobijándose en publicitadas polleras, (es) la única persona que tuvo en sus manos los medios institucionales, políticos, materiales y efectivos para dilucidar la triste desaparición de Marita Verón", porque "ha contado con el poder absoluto" en la última década.
Algo parecido dice Alberto Lebbos, que pidió que procesen por encubrimiento a los funcionarios y policías con responsabilidad cuando fue asesinada su hija. Desde el ex ministro Mario López Herrera y el ex secretario Alberto di Lella, hasta los comisarios Héctor Rubén Brito y Hugo Sánchez, y el jefe de la comisaría de Raco en 2006, Enrique García, donde se halló el cuerpo mutilado. Desplazados de sus cargos, los acusados de encubrimiento han sido nombrados en general como asesores, o trasladados, como García, que está en la sección Logística de la Policía.
A diferencia de Trimarco, Lebbos no ha conseguido que el país tome su causa como emblema de la falta de Justicia, pese a que pidió ayuda a Aníbal Fernández (que siendo ministro envió tres detectives a mirar qué pasaba), a los defensores del pueblo del país, a los jueces de la Corte nacional Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay, y pese a que pidió audiencia con la Presidenta. "Ya no sé a quién acudir", dice.
El caso Lebbos levantó fuerte polvareda en 2006, cuando se involucró al barrabrava de Atlético Gustavo González, y este habló de "hijos del poder"; cuando el mismo Alperovich se quejó de los rumores sobre los hijos del poder y dijo que había "una pista muy fuerte que se está investigando, (....) yo creo que estamos -es una sensación, tampoco le puedo asegurar- muy cerca, muy cerca, creo yo; porque se va dando una serie de cosas y de elementos que nos pueden llevar a inferir que estamos cerca de encontrar esa banda; de saber quién es realmente el asesino y quién fue el cómplice y quién fue el que tiró realmente el cadáver" (LA GACETA, 28/4/06).
Enviando la causa a dormir
En una sesión de la Legislatura de abril de 2006, se relataron las irregularidades cometidas por los policías en la pesquisa en Raco (el mismo López Herrera confesó que no entendía por qué los agentes habían actuado fuera de la ley) y se envió todo a la Corte Suprema para que investigara. Tras la vergüenza del fiscal Alejandro Noguera (que había ido a pedirle instrucciones al gobernador), se entregó la causa al fiscal Carlos Albaca. Este, tras pelearse con el fiscal de cámara Daniel Marranzino (quien debía supervisar a Albaca pero fue sacado del caso cuando quiso que se interrogara a un tal "Pelao" que decía saber qué había ocurrido con Paulina) la investigación quedó dormida para siempre. Lebbos no puede saber qué hace Albaca -quien le dice que hay una investigación reservada- y nadie, ni el ministro fiscal Luis de Mitri, ni el presidente de la Corte, Antonio Estofán, le pide cuentas de por qué no hay detenidos, ni sospechosos, ni cruce de llamados telefónicos, a siete años del crimen.
Lebbos teme que, al haberse elevado a juicio una causa contra el comisario García por adulteración de actas policiales (y no por encubrimiento, que es la acusación que él hizo), toda la maniobra de encubrimiento quede consumada, con el moño puesto.
Cosecharás tu siembra
La Justicia, asustada por el embate de Cristina y Susana Trimarco, apenas se defiende con declaraciones. "Nuestro objetivo es sembrar transparencia para cosechar confianza" dice, rimbombante, Antonio Estofán. Para ello convocó a "especialistas" del fuero penal -léase los fiscales, la mayoría de los cuales fueron nombrados por el Gobierno actual- para "comenzar a elaborar un plan de trabajo que permita que la actuación de la policía en la investigación de los delitos sea más eficiente".
O sea, a 11 años del caso Verón, a 10 años del caso Albarracín (el contador que trabajaba en una financiera de San Martín al 600, cuya muerte es un misterio); a siete años del caso de Paulina, ¿ahora los fiscales van a unificar protocolos para trabajar con la policía? ¿Con qué criterio van a dictar esos protocolos? ¿El del clamor popular, que menciona Gassenbauer? ¿Escucharán a Trimarco? ¿Escucharán a Lebbos?
La parte o el todo
Paul Bensancon, el abogado asesino de la novela "Tesis sobre un homicidio", dice que la venda de la justicia es algo concreto y no simbólico y que aunque se sepa quién es el culpable no habrá elementos para condena. Así parece plantearse en el caso Verón. "La ley es apenas un intento vano de organizar el desorden", dice Bensancon, explicando la impunidad. Pero el verdadero asunto es saber quiénes son los responsables de que esto sea así. Para Susana Trimarco (y Alperovich y el oficialismo) son los tres jueces del juicio y alguno que otro policía. Lebbos va más allá: la venda parece haber sido puesta deliberadamente en el sistema para que ciertas investigaciones aborten de entrada (por ineficiencia o por omisión) , y nadie tiene intenciones de sacarla.
Lo que se haga en adelante con las dos causas emblemáticas de Tucumán va a determinar cuál tesis impera. Bien vio G. K. Chesterton en los enigmas policíacos un emblema de misterios más altos.
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