El reglamento, deuda del PE para con el bosque

El Gobierno adeuda la reglamentación del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos desde agosto de 2010. Pese a ese vacío, la Provincia autoriza desmontes y gestiona el financiamiento proveniente del Fondo Nacional de los Bosques Nativos. Feijóo, ministro de Desarrollo Productivo, prometió liquidar la obligación reglamentaria hasta el 15 de este mes.

Por Irene Benito 03 Febrero 2013

De entrada se supo que la suerte de lo legislado dependía de lo reglamentado. Que la sanción del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt, Ley 8.304) era sólo un paso intermedio. Que la letra normativa no iba, por sí sola, a implantar un nuevo paradigma ambiental. Que no bastaba con reconocer valor económico a un recurso natural (en vías de extinción) ni con consagrar la obligación de protegerlo en tres niveles de intensidad representados en el mapa con los colores del semáforo: rojo (máxima), amarillo (medio) y verde (baja).

Por eso el Otbnt, que se convirtió en ley por unanimidad, dispuso expresamente que el Poder Ejecutivo (PE) debía reglamentarlo dentro de los 60 días corridos a partir de su publicación, plazo legal que venció en agosto de 2010. Entre tanto, el Gobierno tucumano volvió a permitir los desmontes vedados desde diciembre de 2007 por la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, y hasta la adopción del Ordenamiento. Y también gestionó las tajadas correspondientes a 2009, 2010, 2011 y 2012 del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. La suma de los cuatro períodos asciende a casi $ 25 millones; un tercio de ese dinero está destinado a fortalecer las instituciones implicadas en la aplicación del Otbnt (ver "Síntesis...").

Entre el 10 y el 15
El PE encabezado por el gobernador José Alperovich avanzó sin definir el procedimiento para aspirar a las compensaciones económicas establecidas en la Ley 26.331 (por medio de la presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento), ni el trámite administrativo relativo al estudio de impacto ambiental y a la consulta a la ciudadanía exigidos por el Otbnt para conceder la autorización para el desmonte. Tampoco fijó los plazos y el mecanismo para la adecuación de los aprovechamientos productivos y de otros usos del suelo preexistentes a las categorías previstas en el Ordenamiento.

Tantas y tan decisivas fueron las cuestiones dejadas a cargo del PE que en 2010, después de la sanción del Otbnt, el legislador oficialista Roque Tobías Álvarez advirtió: "el Gobierno debe reglamentar la ley con pies de plomo". A posteriori del vencimiento del plazo legal para dictar una reglamentación, Daniel Manso, titular de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos (DFFSyS), anunció a LA GACETA que esta iba a estar lista en octubre de 2010. En enero de 2012, el funcionario explicó: "la reglamentación está terminada en un 99%. Tenemos un cuello de botella que ninguna provincia ha resuelto: la multa mínima. La Ley 26.331 prescribe que esta oscila entre 300 y 10.000 sueldos básicos de la administración pública nacional. Eso es confiscatorio. Estamos buscando una solución".

Pero 2012 empezó y acabó sin novedades, en parte porque Manso tuvo que pedir una licencia por enfermedad, situación que aún lo mantiene alejado de la DFFSyS. Su jefe, el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, afirmó a finales del mes pasado que la Ley 8.304 "está vigente en todos sus aspectos" y que el PE fiscaliza su cumplimiento. "Estamos controlando los proyectos vinculados al Otbnt que se han ido aprobando y que recibieron los fondos. En diciembre pasado, Alperovich entregó los cheques a 14 planes aprobados (correspondientes a 2010 -ver cuadro de arriba-)", precisó.

El ministro negó que la falta de reglamentación incida negativamente sobre la contención de los desmontes: "la norma se aplica rigurosamente. Todos los pedidos de autorización se despachan en función de lo permitido para las zonas rojas, amarillas y verdes. No sé exactamente qué es lo que se está resolviendo y qué no, pero el retraso no impide la vigencia de la ley. De ninguna manera es así". Y admitió que había que saldar inmediatamente la deuda del reglamento: "lo terminaremos una vez que el staff regrese de las vacaciones. Está casi hecho. Lamentablemente hubo una demora por la enfermedad del director (Manso), pero estaremos en condiciones de firmarlo entre el 10 y el 15 de febrero".

Fútbol para Todos
Si bien los aportes no reintegrables que recibió Tucumán del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos beneficiaron sobre todo a áreas protegidas, parques y reservas públicas, los actores privados han comenzado a incorporarse al sistema. En los últimos 14 planes financiados, el Estado invirtió $ 321.000 en tres reservas particulares ubicadas en zonas rojas y amarillas (en el detalle que entregó el Ministerio de Desarrollo Productivo consta el nombre del asesor -Sebastián Moyano-, pero no el del beneficiario). En la próxima partida, que comprende a 25 planes de 2011, el 90% de las iniciativas pertenecen al sector privado, según Feijóo.

Cada año aumenta el número de aspirantes a compensaciones económicas relacionadas con la protección de los bosques nativos pese al vacío reglamentario y a que el Fondo Nacional nunca recibió la masa de dinero prevista en la norma. "En 2013 sólo habrá $ 230 millones (para repartir entre las 20 provincias con ordenamientos territoriales). Ese monto debió ascender a al menos $ 1.515 millones", calcularon Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina en un informe divulgado esta semana. Dichas ONG recordaron que, en 2010, el Gobierno de la presidenta Cristina Kirchner llegó incluso a asignar $ 144 millones del Fondo de Bosques Nativos para el programa "Fútbol para Todos". Tras un lustro de vigencia del nuevo paradigma de protección de la masa boscosa argentina, las entidades civiles evaluaron: "el cambio significó un avance sin precedentes en materia ambiental. No obstante ello, su implementación efectiva enfrenta severas dificultades".