Las presiones políticas sobre la Justicia

La Constitución Nacional marca expresamente el valor de la división de los poderes y otorga a la Justicia el carácter independiente, en la ordenación y distribución de funciones del Estado. La teoría de la separación de poderes se acuña en la obra de Montesquieu y aunque ha ido adaptando su vigencia a la evolución histórica, ese principio -básicamente- se ha respetado en el tiempo, aún con algunas modificaciones oportunas y efectivas.

La vigencia, el respeto y la aplicación de los valores y principios de la Carta Magna forman parte del compromiso de responsabilidad de los argentinos; ceñirse a sus dictados es un desafío moral, un precepto legal ineludible para todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso, un buena parte de la opinión pública ha quedado preocupada en estos días, cuando las palabras de la Presidenta de la Nación generaron un incidente institucional que no pasó inadvertido. Cristina Fernández de Kirchner planteó que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que frenó con fallo el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que disponía la recuperación por parte del Estado del predio de La Rural, "ha traspasado todos los límites". A través de su cuenta de Twitter, ha expresado su desagrado con esa decisión judicial, porque "no sólo se quiebra el principio de igualdad ante la ley sino que además surge un superpoder sobre el Ejecutivo y el Legislativo" y refiriéndose a que la Justicia mantiene en estudio la Ley de Medios ha advertido que la situación implica "un desequilibrio total del sistema democrático, jueces gobiernan, anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y Legislativo".

Antes, había señalado que la Corte Suprema de Justicia era un poder político del Estado que debía actuar siguiendo la sintonía del Poder Ejecutivo, pero advirtió que "los que somos votados dependemos de los jueces, a quienes no los vota nadie". Lo que corresponde marcar esta vez es que lo dicho implica un acto de presión para con uno de los poderes surgido de la Carta Magna, una intromisión política injustificada y la admisión de que de un tribunal debe ajustarse al mandato o a las requisitorias del Gobierno. En esa línea, la presidenta de Las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, admitió sin tapujos que "ejerce presiones" sobre los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Sus declaraciones surgieron en respuesta a la denuncia realizada por el fiscal general Diego Nicholson, quien la denunció por amenazar a los integrantes del más alto tribunal de justicia de la Argentina, luego de que dijera que estaba dispuesta a entrar por la fuerza a tribunales a exigir que los jueces dictaminaran en favor del Gobierno por la ley de medios.

Esta intención de someter a la Justicia al poder político o de buscar domesticar a los magistrados con amenazas y presiones debe ser rotundamente rechazado; no sólo por esa versión que desde el Gobierno se echó a andar para "democratizar la Justicia y establecer sobre ella un control republicano", sino porque directamente implica desconocer el pilar fundamental en el que se asienta el estado de derecho. Los principales países de Occidente han construido su presente a partir de un respeto irrestricto de sus leyes, al andamiaje jurídico que dio sustento a las naciones y del respeto cabal a la legislación democrática. La historia argentina está lamentablemente salpicada de graves, dolorosas y tristes transgresiones a nuestra Constitución. Y es la independencia de la Justicia una de las claves que se debe preservar como garantía del orden y la legalidad vigente. La propia Carta Magna y la legislación señalan el camino para reorientar situaciones subjetivamente adversas y a ellos -no a la intimidación o a la intromisión- debe apelar el Gobierno para mostrar su disconformidad con ciertos fallos o pronunciamientos judiciales.