20 Septiembre 2003 Seguir en 
El fiscal de Instrucción IV Héctor Abraham Musi tiene 10 días hábiles para hacer su descargo en la acusación formulada en un sumario administrativo que ordenó el ministro fiscal Luis De Mitri, en el que se pretende aclarar la situación de algunas entregas de vehículos secuestrados que serían irregulares.
Y justamente ese es el delito por el cual el juez federal Felipe Terán quiere indagar a Musi con la posibilidad de procesarlo si el fiscal quedara sin los privilegios constitucionales que tiene por ser fiscal provincial.
El sumario, según informó De Mitri, es instruido por el fiscal de Cámara Manuel López Rougés, y es independiente de la auditoría general a la Fiscalía que está realizando la fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo, y que deberá estar listo para el lunes.
Las causas que se habrían detectado en la investigación sumaria (serían las mismas que analiza el juez Terán, pero el dato no fue confirmado) carecerían del decreto del fiscal que le ordena al funcionario (el prosecretario detenido Hugo Tarifa, en este caso) para que este extienda el oficio que faculta a un tercero a circular en un vehículo que estuvo secuestrado en el proceso penal. Además, dijo De Mitri, se habrían detectado entregas prohibidas por parte de Tarifa y de Musi.
"Musi podría solicitar una licencia, pero en su situación actual no se le pueden dar instrucciones porque está en juego su derecho a la defensa. Pero puede ser conveniente que la pida", dijo De Mitri. El jefe de los fiscales agregó que del sumario puede surgir la necesidad de iniciar una investigación penal en contra de Musi, y explicó que la posibilidad de que se pida que el fiscal sea sometido a un juicio político depende de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando se le consultó sobre la evidente falta de apoyo a Musi, De Mitri dijo que si en el ejercicio de su defensa tiene razón, contará con el respaldo del Ministerio Público.
Una opción
Musi, en tanto, optó por el silencio. Sin embargo, allegados al cuestionado fiscal admitieron que estaría pensando seriamente en presentarse ante Terán para prestar declaración, medida a la que se negó el 14 de agosto, amparándose en sus fueros y denunciando un avasallamiento a la Justicia tucumana. Esta reacción no fue acompañado por otros funcionarios ni por las autoridades del Poder Judicial provincial. El juez Terán, por su parte, se mantuvo en silencio ayer, y según se informó decidió tomar todo el día y lo que resta del fin de semana para analizar las pruebas y testimonios que se incorporaron en la última semana.
No se descarta que en los próximos días el juez elabore el pedido de juicio político que podría terminar en la destitución del fiscal, situación que le permitiría al magistrado federal interrogarlo sin impedimentos y, en caso de tener suficientes elementos en su contra, disponer su procesamiento y detención.
La Justicia de Salta investiga a una importante banda de delincuentes
La Policía de Salta está realizando una investigación que puede llegar a tener conexión con el caso de las camionetas 4x4, que actualmente investiga en Tucumán la Justicia Federal.
En el caso que tiene en sus manos el juez salteño Luis María Agüero Molina estaría involucrada una aceitada red delictiva con integrantes de Buenos Aires, Tucumán, Salta y Bolivia. Según se supo, a partir de la publicación que realizó ayer el diario "El Tribuno", los delincuentes robaban costosas camionetas 4x4 en el conurbano bonaerense, sobre todo en La Plata. Uno de los puntos centrales en los que trabajaban los delincuentes era en la obtención de rodados con la documentación correspondiente. Luego, en un rápido operativo, los vehículos (también habría autos importados) eran trasladados a Tucumán, con la aparentemente complicidad de algunos miembros de controles policiales de frontera. En Tucumán, según la investigación, los ladrones tenían un depósito en el cual habría unas 50 camionetas.
Los rodados eran ofrecidos a personas de alto nivel económico de Bolivia. Les sacaban fotos a las camionetas y cada interesado podía elegirla. Cuando este pagaba, los vehículos salían de Tucumán, pasaban por Salta y así llegaban hasta Pocitos, Bolivia, desde donde eran entregados a los compradores.
Los investigadores sospechan que en Tucumán se habrían robado además 25 camionetas, que ya estarían en Bolivia, y otras 8 en Salta. Aunque el grueso de los vehículos llegaba desde La Plata. Hasta anoche, la Justicia de Tucumán no había recibido ningún exhorto para pedir allanamientos. Pero no se descarta que desde Salta quieran saber dónde estaba el depósito y ver si pueden detener a algún integrante más de la banda. Hasta ahora, cinco personas están arrestadas.
Y justamente ese es el delito por el cual el juez federal Felipe Terán quiere indagar a Musi con la posibilidad de procesarlo si el fiscal quedara sin los privilegios constitucionales que tiene por ser fiscal provincial.
El sumario, según informó De Mitri, es instruido por el fiscal de Cámara Manuel López Rougés, y es independiente de la auditoría general a la Fiscalía que está realizando la fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo, y que deberá estar listo para el lunes.
Las causas que se habrían detectado en la investigación sumaria (serían las mismas que analiza el juez Terán, pero el dato no fue confirmado) carecerían del decreto del fiscal que le ordena al funcionario (el prosecretario detenido Hugo Tarifa, en este caso) para que este extienda el oficio que faculta a un tercero a circular en un vehículo que estuvo secuestrado en el proceso penal. Además, dijo De Mitri, se habrían detectado entregas prohibidas por parte de Tarifa y de Musi.
"Musi podría solicitar una licencia, pero en su situación actual no se le pueden dar instrucciones porque está en juego su derecho a la defensa. Pero puede ser conveniente que la pida", dijo De Mitri. El jefe de los fiscales agregó que del sumario puede surgir la necesidad de iniciar una investigación penal en contra de Musi, y explicó que la posibilidad de que se pida que el fiscal sea sometido a un juicio político depende de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando se le consultó sobre la evidente falta de apoyo a Musi, De Mitri dijo que si en el ejercicio de su defensa tiene razón, contará con el respaldo del Ministerio Público.
Una opción
Musi, en tanto, optó por el silencio. Sin embargo, allegados al cuestionado fiscal admitieron que estaría pensando seriamente en presentarse ante Terán para prestar declaración, medida a la que se negó el 14 de agosto, amparándose en sus fueros y denunciando un avasallamiento a la Justicia tucumana. Esta reacción no fue acompañado por otros funcionarios ni por las autoridades del Poder Judicial provincial. El juez Terán, por su parte, se mantuvo en silencio ayer, y según se informó decidió tomar todo el día y lo que resta del fin de semana para analizar las pruebas y testimonios que se incorporaron en la última semana.
No se descarta que en los próximos días el juez elabore el pedido de juicio político que podría terminar en la destitución del fiscal, situación que le permitiría al magistrado federal interrogarlo sin impedimentos y, en caso de tener suficientes elementos en su contra, disponer su procesamiento y detención.
La Policía de Salta está realizando una investigación que puede llegar a tener conexión con el caso de las camionetas 4x4, que actualmente investiga en Tucumán la Justicia Federal.
En el caso que tiene en sus manos el juez salteño Luis María Agüero Molina estaría involucrada una aceitada red delictiva con integrantes de Buenos Aires, Tucumán, Salta y Bolivia. Según se supo, a partir de la publicación que realizó ayer el diario "El Tribuno", los delincuentes robaban costosas camionetas 4x4 en el conurbano bonaerense, sobre todo en La Plata. Uno de los puntos centrales en los que trabajaban los delincuentes era en la obtención de rodados con la documentación correspondiente. Luego, en un rápido operativo, los vehículos (también habría autos importados) eran trasladados a Tucumán, con la aparentemente complicidad de algunos miembros de controles policiales de frontera. En Tucumán, según la investigación, los ladrones tenían un depósito en el cual habría unas 50 camionetas.
Los rodados eran ofrecidos a personas de alto nivel económico de Bolivia. Les sacaban fotos a las camionetas y cada interesado podía elegirla. Cuando este pagaba, los vehículos salían de Tucumán, pasaban por Salta y así llegaban hasta Pocitos, Bolivia, desde donde eran entregados a los compradores.
Los investigadores sospechan que en Tucumán se habrían robado además 25 camionetas, que ya estarían en Bolivia, y otras 8 en Salta. Aunque el grueso de los vehículos llegaba desde La Plata. Hasta anoche, la Justicia de Tucumán no había recibido ningún exhorto para pedir allanamientos. Pero no se descarta que desde Salta quieran saber dónde estaba el depósito y ver si pueden detener a algún integrante más de la banda. Hasta ahora, cinco personas están arrestadas.
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