18 Septiembre 2003 Seguir en 
El juez federal Felipe Terán está tranquilo. Sabe que tiene las pruebas necesarias como para seguir investigando la causa de las 4x4. Por eso ayer ratificó que, en el momento adecuado, le pedirá el juicio político al fiscal de Instrucción Héctor Abraham Musi, quien se negó a declarar ante él amparándose en sus privilegios constitucionales.
"Tengo elementos suficientes para pedir su desafuero pero, como la investigación es larga, buscaré el momento, la oportunidad, el mérito y la conveniencia para hacerlo", explicó.
Ayer, ante Terán, declaró en calidad de testigo el secretario de la Fiscalía IV, Edgardo Ataliva Herrera, quien negó su vinculación a las operaciones. También lo hizo, pero como acusado, el policía Pedro Miguel Hoyos, que trabaja en la División Transporte y que está detenido, acusado de haber entregado certificaciones truchas de la verificación de autos y camionetas que formarían parte de la maniobra delictiva.
Mientras tanto, la fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo continúa haciendo la auditoría en la Fiscalía IV, cuyo titular es Musi, y a la que pertenece Herrera y el prosecretario detenido hugo Tarifa. Este, en su declaración, habría nombrado a sus dos superiores como quienes le daban las órdenes para que firme los oficios truchos que le permitía a los poseedores de vehículos "mellizos" circular.
Esta declaración, y supuestas escuchas telefónicas ordenadas por el juez Terán serían los elementos con que cuenta el magistrado para insistir en la citación a Musi. También el empresario detenido Pedro Tomas, quien habría vendido las camionetas 4x4 del escándalo, habría mencionado a Musi en la declaración ampliatoria que prestó a fines de agosto, antes de ser procesado e imputado. La citación a Herrera (como secretario es responsable de la Fiscalía) fue pedida por el fiscal federal Emilio Ferrer, junto con las de los restantes empleados de esa oficina. Esta medida continuará desarrollándose en los próximos días.
Decisión legislativa
La suma de estos elementos, especulan en la Justicia Federal, podría ayudar a fundamentar mejor un pedido de juicio político en contra de Musi para poder interrogarlo y, eventualmente, procesarlo. Será la Legislatura la que finalmente deberá decidir si Musi será destituido, tras lo cual no podría negarse a declarar en la causa. "Ahora estoy tomando declaraciones a una serie de testigos y presuntos imputados, lo que se acumulará a la causa y servirán de mayores elementos contra Musi", dijo Terán.
Con respecto al policía Hoyos, el juez indicó que "él tenía el número de clave adjudicada a través de la cual podía ingresar al Registro Nacional del Automotor y sacar los números de dominio que tenía cada vehículo y acreditarles a rodados mellizos".
Mientras tanto, continúan produciéndose cambios en las fiscalías penales de Tucumán. Sólo en la X no hubo hasta ahora movimientos de empleados o funcionarios. La medida, al igual que la tardía auditoría a Musi (fue ordenada 25 días después de que Tarifa fuera suspendido tras su detención), son interpretadas por muchos funcionarios y magistrados como un "apriete" de la Corte para impulsar a Musi a que se presente antes de que el escándalo se torne inmanejable.
Red Argentina de Justicia para la Democracia
Los miembros de la Red Argentina de Justicia para la Democracia (filial Tucumán) afirmaron que los fueros constitucionales no tienen por objeto obstaculizar, retardar o impedir investigaciones. Así se refirieron a la actitud del fiscal Héctor Abraham Musi, quien no fue a declarar ante el juez federal Felipe Terán. Se amparó en sus privilegios constitucionales y advirtió que, de haberlo hecho, se habrían vulnerado a los poderes de Tucumán.
"El uso, disposición y/o tráfico, fuera de los supuestos legales y/o para beneficio personal de bienes confiados en custodia de la Justicia por parte de funcionarios, magistrados o empleados del Poder Judicial constituye una grave falta de ética, contraviene normas internas del Poder Judicial y amerita su investigación a tenor de las normas correspondientes del Código Penal", afirmaron Manuel López Rougés, Gladys Ríos, Emilio Herrera Molina, María Poliche de Sobrecasas, Miguel Iácono, Carlos Norry, Teresa Carnival de Davio, Alicia Noli, Pedro Roldán Vázquez, María Elisa Molina y Cecilia Tasquer de Villaluenga.
"Por tal motivo -agregaron- entendemos que la investigación dispuesta por el ministerio público no debe circunscribirse a un solo ámbito, sino que debe extenderse a todos los estamentos del Poder Judicial". Esto viene a raíz de la auditoría que la Corte ordenó en la fiscalía de Musi.
Difusión pública
"Los resultados de dicha investigación deben ser publicados tan pronto como sea legalmente posible, a fin de que la comunidad pueda examinar cabalmente el accionar de este poder del Estado de modo que sea posible recuperar en plenitud su credibilidad", dicen. "Todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial estamos y debemos estar a disposición en todo momento de cualquier órgano afectado a la investigación de nuestras conductas. Los fueros constitucionales de los magistrados judiciales tienen la función de posibilitar por parte de ellos el desempeño independiente de su cometido constitucional", afirman. "En ningún caso -finalizan- tienen por objeto impedir investigaciones y eventualmente favorecer la impunidad so pretexto del goce del privilegio aludido".
"Tengo elementos suficientes para pedir su desafuero pero, como la investigación es larga, buscaré el momento, la oportunidad, el mérito y la conveniencia para hacerlo", explicó.
Ayer, ante Terán, declaró en calidad de testigo el secretario de la Fiscalía IV, Edgardo Ataliva Herrera, quien negó su vinculación a las operaciones. También lo hizo, pero como acusado, el policía Pedro Miguel Hoyos, que trabaja en la División Transporte y que está detenido, acusado de haber entregado certificaciones truchas de la verificación de autos y camionetas que formarían parte de la maniobra delictiva.
Mientras tanto, la fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo continúa haciendo la auditoría en la Fiscalía IV, cuyo titular es Musi, y a la que pertenece Herrera y el prosecretario detenido hugo Tarifa. Este, en su declaración, habría nombrado a sus dos superiores como quienes le daban las órdenes para que firme los oficios truchos que le permitía a los poseedores de vehículos "mellizos" circular.
Esta declaración, y supuestas escuchas telefónicas ordenadas por el juez Terán serían los elementos con que cuenta el magistrado para insistir en la citación a Musi. También el empresario detenido Pedro Tomas, quien habría vendido las camionetas 4x4 del escándalo, habría mencionado a Musi en la declaración ampliatoria que prestó a fines de agosto, antes de ser procesado e imputado. La citación a Herrera (como secretario es responsable de la Fiscalía) fue pedida por el fiscal federal Emilio Ferrer, junto con las de los restantes empleados de esa oficina. Esta medida continuará desarrollándose en los próximos días.
Decisión legislativa
La suma de estos elementos, especulan en la Justicia Federal, podría ayudar a fundamentar mejor un pedido de juicio político en contra de Musi para poder interrogarlo y, eventualmente, procesarlo. Será la Legislatura la que finalmente deberá decidir si Musi será destituido, tras lo cual no podría negarse a declarar en la causa. "Ahora estoy tomando declaraciones a una serie de testigos y presuntos imputados, lo que se acumulará a la causa y servirán de mayores elementos contra Musi", dijo Terán.
Con respecto al policía Hoyos, el juez indicó que "él tenía el número de clave adjudicada a través de la cual podía ingresar al Registro Nacional del Automotor y sacar los números de dominio que tenía cada vehículo y acreditarles a rodados mellizos".
Mientras tanto, continúan produciéndose cambios en las fiscalías penales de Tucumán. Sólo en la X no hubo hasta ahora movimientos de empleados o funcionarios. La medida, al igual que la tardía auditoría a Musi (fue ordenada 25 días después de que Tarifa fuera suspendido tras su detención), son interpretadas por muchos funcionarios y magistrados como un "apriete" de la Corte para impulsar a Musi a que se presente antes de que el escándalo se torne inmanejable.
Los miembros de la Red Argentina de Justicia para la Democracia (filial Tucumán) afirmaron que los fueros constitucionales no tienen por objeto obstaculizar, retardar o impedir investigaciones. Así se refirieron a la actitud del fiscal Héctor Abraham Musi, quien no fue a declarar ante el juez federal Felipe Terán. Se amparó en sus privilegios constitucionales y advirtió que, de haberlo hecho, se habrían vulnerado a los poderes de Tucumán.
"El uso, disposición y/o tráfico, fuera de los supuestos legales y/o para beneficio personal de bienes confiados en custodia de la Justicia por parte de funcionarios, magistrados o empleados del Poder Judicial constituye una grave falta de ética, contraviene normas internas del Poder Judicial y amerita su investigación a tenor de las normas correspondientes del Código Penal", afirmaron Manuel López Rougés, Gladys Ríos, Emilio Herrera Molina, María Poliche de Sobrecasas, Miguel Iácono, Carlos Norry, Teresa Carnival de Davio, Alicia Noli, Pedro Roldán Vázquez, María Elisa Molina y Cecilia Tasquer de Villaluenga.
"Por tal motivo -agregaron- entendemos que la investigación dispuesta por el ministerio público no debe circunscribirse a un solo ámbito, sino que debe extenderse a todos los estamentos del Poder Judicial". Esto viene a raíz de la auditoría que la Corte ordenó en la fiscalía de Musi.
Difusión pública
"Los resultados de dicha investigación deben ser publicados tan pronto como sea legalmente posible, a fin de que la comunidad pueda examinar cabalmente el accionar de este poder del Estado de modo que sea posible recuperar en plenitud su credibilidad", dicen. "Todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial estamos y debemos estar a disposición en todo momento de cualquier órgano afectado a la investigación de nuestras conductas. Los fueros constitucionales de los magistrados judiciales tienen la función de posibilitar por parte de ellos el desempeño independiente de su cometido constitucional", afirman. "En ningún caso -finalizan- tienen por objeto impedir investigaciones y eventualmente favorecer la impunidad so pretexto del goce del privilegio aludido".
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