17 Septiembre 2003 Seguir en 
El cerco se estrecha cada día más sobre el fiscal de Instrucción IV Héctor Abraham Musi en torno del escándalo de las 4x4. Ayer comenzó a realizarse en la Fiscalía a su cargo una auditoría que fue considerada como parte de un "apriete" para que se presente ante la Justicia Federal o para que se aleje de su cargo.
Musi fue citado a indagatoria (paso previo a una posible imputación) la semana pasada por el juez federal Felipe Terán, pero el fiscal tucumano no se presentó; adujo que el magistrado estaba avasallando los derechos de los funcionarios locales que tienen el amparo de privilegios constitucionales, como él.
Por el caso están detenidos el empresario Pedro Tomas y el prosecretario Hugo Tarifa, subalterno de Musi. El primero sería quien vendía lujosos vehículos "mellizos", robados o contrabandeados, y el funcionario judicial quien habría otorgado oficios de depositario judicial para que particulares pudieran circular sin inconvenientes con los rodados "truchos".
El ministro fiscal Luis de Mitri dispuso que ayer mismo, a las 7, se inicie una auditoría general en la Fiscalía IV, para determinar si el número de causas que hay allí coincide con las que pasaron por Mesa de Entradas Penal, si se cumplieron las normas en la entrega de vehículos secuestrados y otras posibles irregularidades. El escándalo que se desató a mediados de agosto con las detenciones de Tomas (tiene 16 causas penales por estafas pendientes, que no se investigaron) y de Tarifa, sigue causando escozor en Tribunales. La auditoría es dirigida por la fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo, quien tiene plazo hasta el lunes próximo para elevar el informe.
Altas fuentes del Palacio de Justicia dijeron que se mantienen reuniones sectorizadas (cámaras penales, juzgados, fiscalías, funcionarios, magistrados y empleados), para analizar posibles pronunciamientos públicos en bloque sobre el tema. Pero también habría quienes preferirían sugerirle a Musi que se presente ante Terán y que aclare su situación. "Esto nos está manchando a todos por igual", dijo uno de los que impulsan esta alternativa.
Comunicaciones
En los últimos días, en tanto, mantuvieron reuniones Terán y el jefe de Gendarmería, comandante principal Ricardo Cirrincioni, para analizar los pasos a seguir en la investigación. Lo mismo hicieron los fiscales federales que están aportando elementos a la causa. Terán también habría mantenido conversaciones con De Mitri, a quien le habrían informado algunas de las pautas de la investigación, asegurándole que lejos estaba de su intención iniciar "una caza de brujas". Ayer Terán pasó el día analizando el expediente y recibiendo información acerca del trabajo que se realiza en la sección Verificación del Automotor, que depende del Registro Nacional del Automotor. En esa dependencia fue detenido el lunes un policía que habría estado encargado de entregar los comprobantes de verificación. Inclusive sería él la persona que le habría entregado documentos a Tomas, indicando que los vehículos que él tenía eran legales.
La concesión de la sección está en manos de la Cooperadora Policial. Lo que la Justicia Federal no entiende es cómo en esa dependencia, que cuenta con acceso a la red informática que les indica si un auto debe ser secuestrado -esto lo confirmaron ayer altas fuentes policiales-, entregaban documentación que decía lo contrario. La declaración del policía puede echar algo de luz sobre este punto.
Reactivan el caso de la muerte de Bobba
La causa judicial por la confusa muerte de Carlos Pedro Bobba, el testigo clave del caso de las 4x4, está desde el viernes en la Fiscalía V (originalmente estaba en la VI). Eso dispuso el ministro fiscal Luis de Mitri, al conocer la posible relación entre la muerte del mecánico y electricista de autos y el caso en el que se ven envueltos funcionarios y magistrados de la Justicia ordinaria. El fiscal Alejandro Noguera y el secretario Roque Medina recibieron la causa y ayer, tras analizarla, ordenaron una serie de medidas que la Policía deberá ejecutar hasta el lunes próximo.
Sobre todo, deberán buscar testigos del supuesto accidente de tránsito ocurrido el 15 de junio en Alderetes, ya que en las actuaciones iniciales no figura ninguno. Bobba murió tres días después de que Gendarmería allanó el galpón donde trabajaba para Pedro Tomas.
Fuentes judiciales afirmaron que en el expediente constan las pericias físico mecánicas, que indican que la moto que conducía Bobba no tenía luces traseras ni guiños, y también consta que tanto él como su amigo Guillermo Lazarte estaban alcoholizados.
Hoy, en tanto, la esposa de Bobba, Marcela Medina, se constituiría en querellante en la causa.
Musi fue citado a indagatoria (paso previo a una posible imputación) la semana pasada por el juez federal Felipe Terán, pero el fiscal tucumano no se presentó; adujo que el magistrado estaba avasallando los derechos de los funcionarios locales que tienen el amparo de privilegios constitucionales, como él.
Por el caso están detenidos el empresario Pedro Tomas y el prosecretario Hugo Tarifa, subalterno de Musi. El primero sería quien vendía lujosos vehículos "mellizos", robados o contrabandeados, y el funcionario judicial quien habría otorgado oficios de depositario judicial para que particulares pudieran circular sin inconvenientes con los rodados "truchos".
El ministro fiscal Luis de Mitri dispuso que ayer mismo, a las 7, se inicie una auditoría general en la Fiscalía IV, para determinar si el número de causas que hay allí coincide con las que pasaron por Mesa de Entradas Penal, si se cumplieron las normas en la entrega de vehículos secuestrados y otras posibles irregularidades. El escándalo que se desató a mediados de agosto con las detenciones de Tomas (tiene 16 causas penales por estafas pendientes, que no se investigaron) y de Tarifa, sigue causando escozor en Tribunales. La auditoría es dirigida por la fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo, quien tiene plazo hasta el lunes próximo para elevar el informe.
Altas fuentes del Palacio de Justicia dijeron que se mantienen reuniones sectorizadas (cámaras penales, juzgados, fiscalías, funcionarios, magistrados y empleados), para analizar posibles pronunciamientos públicos en bloque sobre el tema. Pero también habría quienes preferirían sugerirle a Musi que se presente ante Terán y que aclare su situación. "Esto nos está manchando a todos por igual", dijo uno de los que impulsan esta alternativa.
Comunicaciones
En los últimos días, en tanto, mantuvieron reuniones Terán y el jefe de Gendarmería, comandante principal Ricardo Cirrincioni, para analizar los pasos a seguir en la investigación. Lo mismo hicieron los fiscales federales que están aportando elementos a la causa. Terán también habría mantenido conversaciones con De Mitri, a quien le habrían informado algunas de las pautas de la investigación, asegurándole que lejos estaba de su intención iniciar "una caza de brujas". Ayer Terán pasó el día analizando el expediente y recibiendo información acerca del trabajo que se realiza en la sección Verificación del Automotor, que depende del Registro Nacional del Automotor. En esa dependencia fue detenido el lunes un policía que habría estado encargado de entregar los comprobantes de verificación. Inclusive sería él la persona que le habría entregado documentos a Tomas, indicando que los vehículos que él tenía eran legales.
La concesión de la sección está en manos de la Cooperadora Policial. Lo que la Justicia Federal no entiende es cómo en esa dependencia, que cuenta con acceso a la red informática que les indica si un auto debe ser secuestrado -esto lo confirmaron ayer altas fuentes policiales-, entregaban documentación que decía lo contrario. La declaración del policía puede echar algo de luz sobre este punto.
Reactivan el caso de la muerte de Bobba
La causa judicial por la confusa muerte de Carlos Pedro Bobba, el testigo clave del caso de las 4x4, está desde el viernes en la Fiscalía V (originalmente estaba en la VI). Eso dispuso el ministro fiscal Luis de Mitri, al conocer la posible relación entre la muerte del mecánico y electricista de autos y el caso en el que se ven envueltos funcionarios y magistrados de la Justicia ordinaria. El fiscal Alejandro Noguera y el secretario Roque Medina recibieron la causa y ayer, tras analizarla, ordenaron una serie de medidas que la Policía deberá ejecutar hasta el lunes próximo.
Sobre todo, deberán buscar testigos del supuesto accidente de tránsito ocurrido el 15 de junio en Alderetes, ya que en las actuaciones iniciales no figura ninguno. Bobba murió tres días después de que Gendarmería allanó el galpón donde trabajaba para Pedro Tomas.
Fuentes judiciales afirmaron que en el expediente constan las pericias físico mecánicas, que indican que la moto que conducía Bobba no tenía luces traseras ni guiños, y también consta que tanto él como su amigo Guillermo Lazarte estaban alcoholizados.
Hoy, en tanto, la esposa de Bobba, Marcela Medina, se constituiría en querellante en la causa.
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