La novedad del juicio de cuentas que el Tribunal de Cuentas (TC) inició contra el delegado de Colombres, Manuel Hernández, y su secretario, Víctor Hugo Rodríguez, no cayó bien en el Poder Ejecutivo. "Nadie quiere como gobierno que ninguna comuna sea investigada, pero en 93 comunas, en 18 municipios, puede haber alguna posibilidad de que el TC haya detectado algo en nueve años", afirmó en rueda de prensa el legislador Regino Amado, ayer a cargo del PE por el viaje del gobernador, José Alperovich, a Buenos Aires.
El monterizo se refirió al caso de Hernández y su secretario, quienes deben rendir cuentas por $ 4,45 millones ante el organismo de control. "No vamos a condenar a nadie, las investigaciones siguen adelante y hay varias instancias que pasar", dijo Amado, que de esta manera ratificó al funcionario.
Cada dos meses, las comunas rurales deben enviar informes con sus gastos e ingresos al Ministerio del Interior, que conduce Osvaldo Jaldo, y éste los remite al TC.
El 17 de setiembre, el ente de contralor emitió un acuerdo en el que anuncia el inicio de un juicio de cuentas contra los dos funcionarios de Colombres. En el informe, los auditores señalan que los administradores del pueblo, situado al este de la capital, habrían realizado nombramientos sin notificar al PE; y habrían efectuado compras directas, contrataciones y brindado ayudas sociales sin respetar algunos límites establecidos por la Ley Orgánica de Comunas Rurales. "El delegado comunal se puso a disposición", apuntó Amado sobre el futuro de Hernández.
Las autoridades del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), designaron instructor del proceso al abogado fiscal José Agustín Poviña, a quien le dieron un plazo de 60 días para elevar una resolución en el caso.







