Por Redacción Política
12 Septiembre 2012
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La falta de aplicación plena de la Ley 7.365 -promulgada el 17 de marzo de 2004- provoca que el 74% de los cargos de la Justicia de Paz sean ocupados por funcionarios legos. Es decir, la mayoría de los jueces de paz en Tucumán no tiene el título de abogado, como exige la normativa. Ahora, a más de ocho años de la promulgación de la ley, representantes de los tres poderes del Estado se abocarán a encontrar una solución, según adelantaron.
Pese a la vigencia de la ley el Gobierno, con el concurso de la Corte Suprema de Justicia, siguió designando legos, como consta en el informe que este diario publicó el lunes (58 de los 78 Juzgados de Paz que existen en la provincia son ocupados por funcionarios que no son abogados). Sin embargo, el gobernador José Alperovich minimizó ayer esa omisión y circunscribió la discusión a una mejor división de territorios. "Los tres poderes deben reunirse para delimitar los territorios donde tienen que estar los jueces letrados. Además, tienen que analizar la competencia que tendrán cada uno de estos jueces y determinar en qué zonas van a estar", dijo Alperovich. Un planteo similar había formulado a este diario el vocal de la Corte Daniel Posse: "hay juzgados de Paz que sí justifican la presencia de abogados y otros que no".
En procura de agilizar el ordenamiento de los juzgados de Paz, Alperovich le encomendó al presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, que revise la Ley 7.365. "Pedí una entrevista con el presidente de la Corte Suprema, Antonio Estofán. Nos reuniremos el lunes para tratar de buscar una solución que permita resolver todo antes de fin de año", anticipó Amado a LA GACETA. Uno de los objetivos de Amado es que los cambios no incrementen el presupuesto de la Provincia. "Trabajaremos para que la división de territorios no se aumente en relación a la separación actual. Aunque si es inevitable, se crearán nuevos juzgados", aclaró. La Ley 7.365 fue el resultado de una iniciativa del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Pese a la vigencia de la ley el Gobierno, con el concurso de la Corte Suprema de Justicia, siguió designando legos, como consta en el informe que este diario publicó el lunes (58 de los 78 Juzgados de Paz que existen en la provincia son ocupados por funcionarios que no son abogados). Sin embargo, el gobernador José Alperovich minimizó ayer esa omisión y circunscribió la discusión a una mejor división de territorios. "Los tres poderes deben reunirse para delimitar los territorios donde tienen que estar los jueces letrados. Además, tienen que analizar la competencia que tendrán cada uno de estos jueces y determinar en qué zonas van a estar", dijo Alperovich. Un planteo similar había formulado a este diario el vocal de la Corte Daniel Posse: "hay juzgados de Paz que sí justifican la presencia de abogados y otros que no".
En procura de agilizar el ordenamiento de los juzgados de Paz, Alperovich le encomendó al presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, que revise la Ley 7.365. "Pedí una entrevista con el presidente de la Corte Suprema, Antonio Estofán. Nos reuniremos el lunes para tratar de buscar una solución que permita resolver todo antes de fin de año", anticipó Amado a LA GACETA. Uno de los objetivos de Amado es que los cambios no incrementen el presupuesto de la Provincia. "Trabajaremos para que la división de territorios no se aumente en relación a la separación actual. Aunque si es inevitable, se crearán nuevos juzgados", aclaró. La Ley 7.365 fue el resultado de una iniciativa del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
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