Fueron necesarios casi 11 años en el gobierno, sumados los dos que formó parte del gabinete de Julio Miranda, para que José Alperovich -caso Marita Verón mediante- se decidiera a hacer algo contra la trata de personas y la explotación sexual en Tucumán.
Fue pura coincidencia que Alperovich anunciara el miércoles a la mañana que en la próxima sesión de la Legislatura, la semana que viene, comenzará a tratarse (un eufemismo republicano para decir que comenzará a aprobarse) el proyecto de ley "Prostíbulos Cero". Fue pura coincidencia que apenas unas horas antes, precisamente el martes a las 21, el legislador de La Cámpora, Jesús Salim, presentara en mesa de entradas un proyecto muy pero muy parecido, titulado "explotación de la prostitución ajena".
Salim no hizo más que acatar una cruzada casi personal que encabeza "la señora", quien asumió en forma directa la lucha contra la trata de personas, pese a que es un problema muy complejo que involucra delictivamente a todos los sectores del poder y que requiere de mucho más que romanticismo militante para combatirlo.
Tucumán se promociona por estos días, justa o injustamente y gracias al mediático caso Verón, como la capital nacional de la explotación sexual. Alperovich no iba a dejar que los chicos de La Cámpora se robaran la foto en los diarios de la lucha contra la trata y por eso desactivó el proyecto camporista y fotocopió uno que llevará la firma del Poder Ejecutivo.
Al margen de estos egoísmos personales por sobre los intereses comunes, el proyecto "Prostíbulos cero" no es más que eso, una foto para los diarios.
En la provincia de Córdoba rige desde mediados de junio una ley idéntica (la primera en el país de este tipo) y los resultados, en apenas dos meses, ya son contundentes: ha empujado más a la marginalidad a un rubro que ya de por sí es marginal. Las prostitutas se han volcado masivamente a las calles; algunos prostíbulos se han transformado en "residenciales" que alquilan piezas "por hora"; otras whiskerías -así les llaman a los prostíbulos en Córdoba- han mutado en boliches bailables repletos de "damas gratis"; se están multiplicando los "departamentos privados"; y han nacido nuevas modalidades de oferta sexual, como las "despedidas de solteros con asado", que consisten en que un proxeneta organiza despedidas que incluyen asado y chicas en casas particulares (La Voz del Interior, 25-07-12).
La Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar), sindicato que representa a las prostitutas, también denunció en Córdoba la complicidad, vinculación y participación de policías, funcionarios, jueces y fiscales en la trata de personas y explotación sexual. Claro que esto ocurre en Córdoba; en Tucumán es distinto.
Este nuevo proyecto alperovichista es sólo para "la foto": busca congraciarse con la cruzada presidencial, contrarrestar la imagen negativa que genera el caso Verón y clausurar con mucha prensa adicta algunas casas de cita "para la gilada", como se dice vulgarmente. En el fondo, lo que se persigue es que todo siga igual y que nadie se anticipe a presentar un proyecto en serio que termine afectando este enorme negocio.
Porque si se quisiera combatir la trata de personas, instrumentos legales sobran, como la ley federal 26.364 de "Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas", sancionada y promulgada en 2008, que prevé penas de entre tres y 15 años de prisión para los proxenetas.
Por si no bastara, existe otro dato curioso: la ley 12.331 declaró que el proxenetismo es un delito en todo el país. Y fue aprobada el 11 de enero de 1937.
Fue pura coincidencia que Alperovich anunciara el miércoles a la mañana que en la próxima sesión de la Legislatura, la semana que viene, comenzará a tratarse (un eufemismo republicano para decir que comenzará a aprobarse) el proyecto de ley "Prostíbulos Cero". Fue pura coincidencia que apenas unas horas antes, precisamente el martes a las 21, el legislador de La Cámpora, Jesús Salim, presentara en mesa de entradas un proyecto muy pero muy parecido, titulado "explotación de la prostitución ajena".
Salim no hizo más que acatar una cruzada casi personal que encabeza "la señora", quien asumió en forma directa la lucha contra la trata de personas, pese a que es un problema muy complejo que involucra delictivamente a todos los sectores del poder y que requiere de mucho más que romanticismo militante para combatirlo.
Tucumán se promociona por estos días, justa o injustamente y gracias al mediático caso Verón, como la capital nacional de la explotación sexual. Alperovich no iba a dejar que los chicos de La Cámpora se robaran la foto en los diarios de la lucha contra la trata y por eso desactivó el proyecto camporista y fotocopió uno que llevará la firma del Poder Ejecutivo.
Al margen de estos egoísmos personales por sobre los intereses comunes, el proyecto "Prostíbulos cero" no es más que eso, una foto para los diarios.
En la provincia de Córdoba rige desde mediados de junio una ley idéntica (la primera en el país de este tipo) y los resultados, en apenas dos meses, ya son contundentes: ha empujado más a la marginalidad a un rubro que ya de por sí es marginal. Las prostitutas se han volcado masivamente a las calles; algunos prostíbulos se han transformado en "residenciales" que alquilan piezas "por hora"; otras whiskerías -así les llaman a los prostíbulos en Córdoba- han mutado en boliches bailables repletos de "damas gratis"; se están multiplicando los "departamentos privados"; y han nacido nuevas modalidades de oferta sexual, como las "despedidas de solteros con asado", que consisten en que un proxeneta organiza despedidas que incluyen asado y chicas en casas particulares (La Voz del Interior, 25-07-12).
La Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar), sindicato que representa a las prostitutas, también denunció en Córdoba la complicidad, vinculación y participación de policías, funcionarios, jueces y fiscales en la trata de personas y explotación sexual. Claro que esto ocurre en Córdoba; en Tucumán es distinto.
Este nuevo proyecto alperovichista es sólo para "la foto": busca congraciarse con la cruzada presidencial, contrarrestar la imagen negativa que genera el caso Verón y clausurar con mucha prensa adicta algunas casas de cita "para la gilada", como se dice vulgarmente. En el fondo, lo que se persigue es que todo siga igual y que nadie se anticipe a presentar un proyecto en serio que termine afectando este enorme negocio.
Porque si se quisiera combatir la trata de personas, instrumentos legales sobran, como la ley federal 26.364 de "Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas", sancionada y promulgada en 2008, que prevé penas de entre tres y 15 años de prisión para los proxenetas.
Por si no bastara, existe otro dato curioso: la ley 12.331 declaró que el proxenetismo es un delito en todo el país. Y fue aprobada el 11 de enero de 1937.
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