Por Redacción Política
05 Julio 2012
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El 17 de mayo pasado, Juan Alberto Kaleñuk, funcionario alperovichista de la primera hora, se desembarazó del proceso penal que en 2000 lo confinó al segundo plano de la gestión pública, sólo tres meses y 10 días después de asumir -con alto perfil- como jefe de la Policía de Tucumán. El sobreseimiento fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) con la firma de los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Luis Eduardo López, previo aval del fiscal general Leopoldo Peralta Palma.
El misionero Kaleñuk, comandante retirado de Gendarmería Nacional, asumió el control de la Policía el 30 octubre de 1999, en los inicios del Gobierno de Julio Miranda. En esa ocasión afirmó que aquella era la última oportunidad histórica para reinsertar a esa institución en la sociedad. En el acto de investidura citó a Marco Denevi: "somos lo que hacemos, no lo que decimos". El nuevo jefe reemplazaba a un bussista: el comisario general retirado Roberto Luis Véliz. Al día siguiente, Kaleñuk afirmó que la Policía debía subordinarse al poder político.
El 10 de febrero de 2000, el hoy colaborador directo del gobernador José Alperovich ya estaba afuera del cargo. La dimisión coincidió con la publicidad de la apertura de una investigación por la desaparición de mercadería secuestrada en Gendarmería Nacional durante la gestión de Kaleñuk como número uno del Destacamento Tucumán. En el ínterin, el ex jefe había decapitado a la cúpula policial. En enero, además, el ex gendarme fue acusado de modificar el escenario de un accidente (entre su auto y dos motos) para impedir la ejecución de las peritaciones judiciales.
En abril de 2000, Kaleñuk, que había estado prófugo durante casi un mes, se presentó en los Tribunales para dar su versión en el caso de las encomiendas extraviadas. Por esta pesquisa en el Juzgado Federal N° 2, el funcionario alperovichista cumplió cuatro meses de prisión preventiva. La causa iniciada en 1999 tuvo como punto de partida el sumario ordenado por el sucesor de Kaleñuk en Gendarmería, el comandante principal Juan Pedro Rubio. "Al llegar (a su cargo), se dio con que no existía el libro de entradas y salidas del galpón de secuestros, y con que faltaba mercadería. Además, un particular, Aníbal Valdiviezo, hizo una denuncia que coincidió con estas actuaciones", dijo Ricardo Maturana, el primero de los tres jueces federales que conocieron en el caso (con posterioridad, intervinieron Felipe Terán -destituido en 2006- y Mario Racedo).
En el transcurso de la instrucción, el ex fiscal federal N° 1, Emilio Ferrer (se jubiló en 2010), consideró acreditada la existencia de una asociación ilícita entre Kaleñuk y su segundo en Gendarmería, Edgardo Franco, para sustraer 1.723 cajas de mercadería secuestradas en los puestos de Molle Yaco y La Florida -so pretexto de contrabando- sobre todo a empresas de transporte (como La Sevillanita, La Veloz del Norte, El Rápido Internacional, etcétera) con la ayuda de subordinados y civiles. Ese grupo incluyó a Miguel Ángel López e Hilario Firpo Banegas (firmaban actas de retención de encomiendas); Julio Jorge Zavaleta (era jefe del depósito del Destacamento), y Valentín Flores y Carlos Dante Moya (ejecutaban las supuestas operaciones de compraventa de la mercadería).
En 2003, el ex juez Terán hizo lugar al pedido de sobreseimiento en favor de Kaleñuk presentado por el defensor Fernando Poviña (p). En ese momento, el procesado ya asesoraba a Alperovich -entonces candidato a gobernador- en materia política y de seguridad. Para desvincular a Kaleñuk, Terán hizo un paralelismo entre sus funciones como juez y las del ex gendarme, y dio a entender que no era posible controlar todo lo que ocurría en la institución.
Cuestionamiento mediante de Ferrer, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, integrada por Ernesto Wayar, Raúl Mender y Marina Cossio revocó el sobreseimiento en 2004. Dos años después, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó aquella resolución. A continuación, Poviña controvirtió todos los actos procesales que precedieron a la remisión de la causa al TOF para la celebración del juicio oral. Según ese cuerpo, el expediente llegó a finales de 2010 y nunca se puso fecha para el inicio del debate. Aunque la acción penal no estaba prescripta, el TOF sobreseyó a Kaleñuk declarando que ya había transcurrido el plazo razonable para juzgarlo.
El misionero Kaleñuk, comandante retirado de Gendarmería Nacional, asumió el control de la Policía el 30 octubre de 1999, en los inicios del Gobierno de Julio Miranda. En esa ocasión afirmó que aquella era la última oportunidad histórica para reinsertar a esa institución en la sociedad. En el acto de investidura citó a Marco Denevi: "somos lo que hacemos, no lo que decimos". El nuevo jefe reemplazaba a un bussista: el comisario general retirado Roberto Luis Véliz. Al día siguiente, Kaleñuk afirmó que la Policía debía subordinarse al poder político.
El 10 de febrero de 2000, el hoy colaborador directo del gobernador José Alperovich ya estaba afuera del cargo. La dimisión coincidió con la publicidad de la apertura de una investigación por la desaparición de mercadería secuestrada en Gendarmería Nacional durante la gestión de Kaleñuk como número uno del Destacamento Tucumán. En el ínterin, el ex jefe había decapitado a la cúpula policial. En enero, además, el ex gendarme fue acusado de modificar el escenario de un accidente (entre su auto y dos motos) para impedir la ejecución de las peritaciones judiciales.
En abril de 2000, Kaleñuk, que había estado prófugo durante casi un mes, se presentó en los Tribunales para dar su versión en el caso de las encomiendas extraviadas. Por esta pesquisa en el Juzgado Federal N° 2, el funcionario alperovichista cumplió cuatro meses de prisión preventiva. La causa iniciada en 1999 tuvo como punto de partida el sumario ordenado por el sucesor de Kaleñuk en Gendarmería, el comandante principal Juan Pedro Rubio. "Al llegar (a su cargo), se dio con que no existía el libro de entradas y salidas del galpón de secuestros, y con que faltaba mercadería. Además, un particular, Aníbal Valdiviezo, hizo una denuncia que coincidió con estas actuaciones", dijo Ricardo Maturana, el primero de los tres jueces federales que conocieron en el caso (con posterioridad, intervinieron Felipe Terán -destituido en 2006- y Mario Racedo).
En el transcurso de la instrucción, el ex fiscal federal N° 1, Emilio Ferrer (se jubiló en 2010), consideró acreditada la existencia de una asociación ilícita entre Kaleñuk y su segundo en Gendarmería, Edgardo Franco, para sustraer 1.723 cajas de mercadería secuestradas en los puestos de Molle Yaco y La Florida -so pretexto de contrabando- sobre todo a empresas de transporte (como La Sevillanita, La Veloz del Norte, El Rápido Internacional, etcétera) con la ayuda de subordinados y civiles. Ese grupo incluyó a Miguel Ángel López e Hilario Firpo Banegas (firmaban actas de retención de encomiendas); Julio Jorge Zavaleta (era jefe del depósito del Destacamento), y Valentín Flores y Carlos Dante Moya (ejecutaban las supuestas operaciones de compraventa de la mercadería).
En 2003, el ex juez Terán hizo lugar al pedido de sobreseimiento en favor de Kaleñuk presentado por el defensor Fernando Poviña (p). En ese momento, el procesado ya asesoraba a Alperovich -entonces candidato a gobernador- en materia política y de seguridad. Para desvincular a Kaleñuk, Terán hizo un paralelismo entre sus funciones como juez y las del ex gendarme, y dio a entender que no era posible controlar todo lo que ocurría en la institución.
Cuestionamiento mediante de Ferrer, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, integrada por Ernesto Wayar, Raúl Mender y Marina Cossio revocó el sobreseimiento en 2004. Dos años después, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó aquella resolución. A continuación, Poviña controvirtió todos los actos procesales que precedieron a la remisión de la causa al TOF para la celebración del juicio oral. Según ese cuerpo, el expediente llegó a finales de 2010 y nunca se puso fecha para el inicio del debate. Aunque la acción penal no estaba prescripta, el TOF sobreseyó a Kaleñuk declarando que ya había transcurrido el plazo razonable para juzgarlo.
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