La Justicia avanza con las pesquisas para determinar si hubo irregularidades en la construcción del nuevo edificio legislativo, a partir de la denuncia que presentó un sector del radicalismo.
Desde la semana pasada, a partir del planteo formulado por el abogado y ex legislador Juan Roberto Robles, los vocales de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, Ebe López Piossek y Sergio Gandur, comenzaron a tomar declaración testimonial a los testigos aportados por el denunciante y por la Fiscalía de Estado, a través del abogado Aldo Luis Cerutti. En ese sentido, uno de los primeros en comparecer fue el senador nacional José Cano (UCR).
El opositor era legislador cuando la Cámara facultó al vicegobernador Juan Manzur a contratar en forma directa la empresa que diseñó la obra, la firma que construyó el edificio y la compra de todo el mobiliaro interno. En aquella ocasión, Cano fue el único parlamentario que votó en contra.
En sede judicial, el radical recordó el proceso de sanción de aquellas normas. "El Poder Legislativo tiene entre otros roles el de ser contralor de los actos de gobierno, y quien debe controlar debe dar el ejemplo de cumplimiento de las normas. Entonces, bajo ningún punto de vista puede el Legislativo otorgarle facultades extraordinarias al presidente del cuerpo para que decida el monto, los presupuestos y las empresas", remarcó. Luego, sostuvo: "esa facultad (la conferida a Manzur) hizo que finalmente la sociedad o el ciudadano no tengan acceso a los montos finales de la obra que terminó el Poder Legislativo, invirtiendo el doble de lo que se había presupuestado en su momento".
En su acción declarativa de certeza, el abogado Robles aspira a que la Justicia diga si resulta "arbitraria, irrazonable e inconstitucional la decisión oficial de ejecutar una obra sin ningún control por parte de los órganos competentes ni de los ciudadanos". Y reclamó que se haga cesar "el profundo estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad o no del accionar del Poder Ejecutivo, al negarse a rendir cuentas sobre la fastuosa obra de la Legislatura".
Ante los jueces, Cano también sembró sospechas sobre la vinculación entre la construcción de la sede del Partido Justicialista (en Rivadavia 157) y el edificio de la Cámara (en avenida Sarmiento y Muñecas). Ambos inmuebles fueron construidos por la empresa Tensolite SA. En su declaración, el senador habló de circunstancias llamativas: "como el hecho de la relación que tiene la empresa que construyó la obra de la Legislatura con la construcción casi simultánea del Partido Justicialista".
"La discrecionalidad en los actos de gobierno y simplificar las normas vigentes en la voluntad de una sola persona genera una delgada línea entre la legalidad y la corrupción", añadió Cano.
Durante la etapa de pruebas abierta en la causa, además, testificó el periodista José Ignacio Sbrocco, coautor del libro "El zar tucumano". En su planteo judicial, Robles recordó la sanción de la ley que dio origen a la obra y cuyo presupuesto aprobado por el Tribunal de Cuentas fue de unos $ 93 millones. Luego, desde la Cámara confiaron que costó casi $ 130 millones. Con la acción declarativa de certeza, el ex legislador busca que se dilucide cómo se financió y ejecutó el lujoso inmueble de avenida Sarmiento y calle Muñecas.
Diferencia abismal
En 2008, los legisladores del oficialismo facultaron al presidente del cuerpo, Juan Manzur, a contratar en forma directa el diseño, las obras y el mobiliario del edificio.
El presupuesto inicial aprobado para los trabajos por el Tribunal de Cuentas fue de $ 93 millones. Según el PE, se terminaron invirtiendo unos $ 130 millones.
El Partido Justicialista inauguró su nueva sede en mayo de 2010, con la presencia de Néstor Kirchner. Costó alrededor de $ 2,7 millones.
