Si la Justicia federal ya no condena a los consumidores, ¿a quiénes detienen los policías antinarcóticos, que están haciendo un 30% más de operativos que en 2011? ¿A narcotraficantes? No parece, pese a que los agentes, de cuya buena voluntad no se duda, dicen que los detenidos son comercializadores de droga. Pero un informe realizado el año pasado en el Juzgado Federal Nº 2 dice que, sobre 50 causas, las fuerzas de seguridad reprimieron más el consumo (62 % de los expedientes) y menos el tráfico (38 %). Según ese estudio, el 90% de los detenidos en los procedimientos son desempleados de barrios pobres.
¿Quiénes son, entonces, los aprehendidos en ese 38% de las causas? En los últimos años, la sección policial que combate el tráfico de drogas, la Digedrop, ha recibido más equipamiento y se preocupó por hacer sus procedimientos bajo la supervisión de un juez federal (para que no le caiga encima la definición del juez de la Corte Suprema nacional, Raúl Zaffaroni, que dice que "la penalización de la tenencia habilita a la policía a molestar, a extorsionar, a veces a hacer caja, a meterse en la vida personal"). Actualmente los policías buscan elementos claros que puedan vincular a los detenidos con la comercialización. Igual siempre se trata de muy pocas cantidades de droga, y por lo general son personas que entran dentro de lo que el mismo Zaffaroni llama "la mafia barrial" en vecindarios empobrecidos, y cuyas capturas siempre encierran detalles grotescos. Veamos: en el caso de "La Perla Negra de la Costanera" (hace 10 días), la detenida escondía dentro del corpiño 76 "ravioles" de cocaína, y entre el ropero y el techo de la cocina, otras 533 dosis. Dentro de una bota de goma colgada de un árbol, junto a un criadero de gallos de riña, le hallaron 81 envoltorios con "bagullos" de marihuana. En Villa 9 de Julio, hace un mes, a la detenida llamada "La Vieja" la encontraron escondida bajo la cama. "Estoy durmiendo la siesta", dijo. En un armario, encontraron 50 "bagullos" de marihuana.
Se dirá que consumidores no son: pero no se parecen en nada a ninguno de los 28 detenidos del operativo "Luis XV" en abril en Buenos Aires: iban a enviar 280 kilos de cocaína a España. Esta banda tenía vinculación con 42 empresas, fue atrapada en 79 allanamientos en Puerto Madero, countries y campos en la provincia de Buenos Aires y en Rosario, tras una investigación por blanqueo de dinero.
A esos narcos no se los ve nunca en los operativos en Tucumán; aparentemente, porque no vienen por nuestra provincia. Pero su droga atraviesa nuestro territorio como un colador y parte de ella queda acá: es la que va a parar a las manos de las mafias barriales o a los corpiños de "La Perla Negra". Y aunque se las detenga a ella y a "La Vieja", "nunca se llega al organizador ni al comerciante", como dice la fiscal Mónica Cuñarro, quien coordinó durante los últimos cinco años la Comisión de Políticas Públicas en Drogas. De esto se infiere que estos tipos -los narcos en serio- encontrarán gente para seguir enviando droga a donde quieran. A ellos nadie los toca. Este juego perverso no es gratuito. Cuñarro estima que cada causa contra consumidores le cuesta al Estado unos 5.000 dólares.
Las cosas, sin embargo, están cambiando: el debate en la Cámara de Diputados así lo muestra. Pero todavía no se sabe bien hacia dónde vamos. Aunque las encuestas parecen indicar que la gente le ha perdido el miedo a la idea de despenalizar el uso de drogas, las estructuras tradicionales de la sociedad le tienen pánico a esta propuesta y en las provincias no existe el mismo convencimiento que hay a nivel nacional; más bien se sigue actuando con los mismos esquemas y las mismas estructuras. Por eso no podemos explicar por qué detenemos gente para nada, mientras la droga sigue entrando.
¿Quiénes son, entonces, los aprehendidos en ese 38% de las causas? En los últimos años, la sección policial que combate el tráfico de drogas, la Digedrop, ha recibido más equipamiento y se preocupó por hacer sus procedimientos bajo la supervisión de un juez federal (para que no le caiga encima la definición del juez de la Corte Suprema nacional, Raúl Zaffaroni, que dice que "la penalización de la tenencia habilita a la policía a molestar, a extorsionar, a veces a hacer caja, a meterse en la vida personal"). Actualmente los policías buscan elementos claros que puedan vincular a los detenidos con la comercialización. Igual siempre se trata de muy pocas cantidades de droga, y por lo general son personas que entran dentro de lo que el mismo Zaffaroni llama "la mafia barrial" en vecindarios empobrecidos, y cuyas capturas siempre encierran detalles grotescos. Veamos: en el caso de "La Perla Negra de la Costanera" (hace 10 días), la detenida escondía dentro del corpiño 76 "ravioles" de cocaína, y entre el ropero y el techo de la cocina, otras 533 dosis. Dentro de una bota de goma colgada de un árbol, junto a un criadero de gallos de riña, le hallaron 81 envoltorios con "bagullos" de marihuana. En Villa 9 de Julio, hace un mes, a la detenida llamada "La Vieja" la encontraron escondida bajo la cama. "Estoy durmiendo la siesta", dijo. En un armario, encontraron 50 "bagullos" de marihuana.
Se dirá que consumidores no son: pero no se parecen en nada a ninguno de los 28 detenidos del operativo "Luis XV" en abril en Buenos Aires: iban a enviar 280 kilos de cocaína a España. Esta banda tenía vinculación con 42 empresas, fue atrapada en 79 allanamientos en Puerto Madero, countries y campos en la provincia de Buenos Aires y en Rosario, tras una investigación por blanqueo de dinero.
A esos narcos no se los ve nunca en los operativos en Tucumán; aparentemente, porque no vienen por nuestra provincia. Pero su droga atraviesa nuestro territorio como un colador y parte de ella queda acá: es la que va a parar a las manos de las mafias barriales o a los corpiños de "La Perla Negra". Y aunque se las detenga a ella y a "La Vieja", "nunca se llega al organizador ni al comerciante", como dice la fiscal Mónica Cuñarro, quien coordinó durante los últimos cinco años la Comisión de Políticas Públicas en Drogas. De esto se infiere que estos tipos -los narcos en serio- encontrarán gente para seguir enviando droga a donde quieran. A ellos nadie los toca. Este juego perverso no es gratuito. Cuñarro estima que cada causa contra consumidores le cuesta al Estado unos 5.000 dólares.
Las cosas, sin embargo, están cambiando: el debate en la Cámara de Diputados así lo muestra. Pero todavía no se sabe bien hacia dónde vamos. Aunque las encuestas parecen indicar que la gente le ha perdido el miedo a la idea de despenalizar el uso de drogas, las estructuras tradicionales de la sociedad le tienen pánico a esta propuesta y en las provincias no existe el mismo convencimiento que hay a nivel nacional; más bien se sigue actuando con los mismos esquemas y las mismas estructuras. Por eso no podemos explicar por qué detenemos gente para nada, mientras la droga sigue entrando.
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