22 Agosto 2003 Seguir en 
El prosecretario de la Fiscalía IV, Hugo Jorge Tarifa, y el empresario Pedro Tomas, ambos detenidos por el caso de las camionetas 4x4 que estaban circulando aparentemente con oficios judiciales entregados en forma presuntamente irregular, ampliaron ayer su declaración ante el juez federal Felipe Terán.
Según trascendió, ambos habrían dado nuevos detalles que ayudarían a los investigadores a ahondar la pesquisa. Aparentemente, Tarifa negó en todo momento que él personalmente haya decidido entregar los oficios judiciales aunque, según fuentes judiciales, eran él quien los firmaba. Los investigadores intentan saber ahora si en las fiscalías penales del Poder Judicial local es una práctica común la de entregar los oficios judiciales declarando depositario de un vehículo a cualquier persona.
Tomas, en tanto, habría dado nuevas explicaciones acerca de la forma en la que él habría obtenido las camionetas que, según comprobó personal de Gendarmería, eran "mellizas", robadas o ingresadas al país de contrabando. Al empresario se le secuestraron varias camionetas -algunas de las cuales habría conducido él personalmente- en un galpón y en una concesionaria que serían de su propiedad.
También habría declarado Sandra Abascal, la esposa de Tomas, quien habría firmado algunos documentos que la involucrarían en el caso, dijeron fuentes judiciales. La mujer habría afirmado que lo hacía con conocimiento de su marido, y sin sospechar que podría estar haciendo algo ilegal.
Mientras tanto, el expediente que tiene en sus manos el juez Terán se hace cada vez más voluminoso. Según trascendió, inclusive se podrían hacer investigaciones conjuntas con otras provincias, ya que aparentemente la organización podría tener grandes ramificaciones. Justamente, la Gendarmería sigue secuestrando camionetas, mientras intenta llegar a la sede de la gavilla, que podría estar en Córdoba o en Buenos Aires. En uno de esos lugares inclusive podrían haberse realizado las falsificaciones de las cédulas verdes, de los números de chasis y de motor y hasta de las chapas patentes, todos trabajos de "altísima" calidad.
Según trascendió, ambos habrían dado nuevos detalles que ayudarían a los investigadores a ahondar la pesquisa. Aparentemente, Tarifa negó en todo momento que él personalmente haya decidido entregar los oficios judiciales aunque, según fuentes judiciales, eran él quien los firmaba. Los investigadores intentan saber ahora si en las fiscalías penales del Poder Judicial local es una práctica común la de entregar los oficios judiciales declarando depositario de un vehículo a cualquier persona.
Tomas, en tanto, habría dado nuevas explicaciones acerca de la forma en la que él habría obtenido las camionetas que, según comprobó personal de Gendarmería, eran "mellizas", robadas o ingresadas al país de contrabando. Al empresario se le secuestraron varias camionetas -algunas de las cuales habría conducido él personalmente- en un galpón y en una concesionaria que serían de su propiedad.
También habría declarado Sandra Abascal, la esposa de Tomas, quien habría firmado algunos documentos que la involucrarían en el caso, dijeron fuentes judiciales. La mujer habría afirmado que lo hacía con conocimiento de su marido, y sin sospechar que podría estar haciendo algo ilegal.
Mientras tanto, el expediente que tiene en sus manos el juez Terán se hace cada vez más voluminoso. Según trascendió, inclusive se podrían hacer investigaciones conjuntas con otras provincias, ya que aparentemente la organización podría tener grandes ramificaciones. Justamente, la Gendarmería sigue secuestrando camionetas, mientras intenta llegar a la sede de la gavilla, que podría estar en Córdoba o en Buenos Aires. En uno de esos lugares inclusive podrían haberse realizado las falsificaciones de las cédulas verdes, de los números de chasis y de motor y hasta de las chapas patentes, todos trabajos de "altísima" calidad.
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