14 Diciembre 2011
MAGISTRADO. Daniel Bejas alertó a las fuerzas nacionales sobre la fuga. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
La fuga del supuesto informante y torturador de la última dictadura Juan Carlos Benedicto, dada a conocer la semana pasada, indignó a grupos de Derechos Humanos de Tucumán: protestarán el viernes, a las 11.30, frente a los tribunales federales de Las Piedras y Congreso y culparon por la huida al juez federal Nº 1, Daniel Bejas, a quien acusaron de "concederles beneficios a los genocidas".
El escribano Benedicto está imputado en la causa sobre el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga durante la última dictadura militar. Según la investigación, cuando tenía 18 años se desempeñaba como informante e integraba los grupos de tareas de las fuerzas represoras.
Desde diciembre de 2010 Benedicto estaba arrestado en el penal de Villa Urquiza, bajo la modalidad de la prisión preventiva. El imputado fue llevado a su casa hace dos meses, debido a que debía someterse a una cirugía en la rodilla y la rehabilitación no podía ser llevada a cabo en la cárcel. Unos 30 días atrás, el escribano intentó quitarse la vida en su vivienda. Por ello, fue internado en el Instituto Corbalán, situado en avenida Colón al 1.000.
"Exigimos al juez Bejas explicaciones sobre cómo es posible que el imputado bajo custodia policial se haya dado a la fuga. Repudiamos las concesiones a los genocidas, que van desde permitir traslados a domicilios a quienes ya habían violado dicha modalidad como es el caso de Benedicto, hasta otorgarles computadoras a los represores", manifestaron, en un comunicado, Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos), Familiares de Detenidos Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc), la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), la Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, la Asociación Tucumana Contra la Impunidad (ATCI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH-Tucumán), Familiares de Detenidos Desaparecidos del Empalme-Ranchillos; querellantes de la causa "Arsenales" y "Pozo de Vargas" y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Tucumán.
A su vez, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia envió un comunicado en el que expresa su preocupación por la huida de Benedicto. "Bajo diferentes argucias había obtenido previamente la salida de la cárcel facilitando así sus planes de fuga. Ya sucedió antes y ello manifiesta la ausencia de políticas claras en el régimen de prisión de sospechosos de delitos de lesa humanidad, y la necesidad de cuerpos confiables de custodia", dijo el titular de la Secretaría, Humberto Rava.
El funcionario sostuvo que no hay una conciencia clara sobre la necesidad de alojar en la cárcel al delincuente genocida. Y alertó sobre la necesidad de que la Justicia adopte protocolos rigurosos de actuación en la materia. "Se deben crear cuerpos de seguridad profesionales, con convicción democrática", afirmó Rava.
El escribano Benedicto está imputado en la causa sobre el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga durante la última dictadura militar. Según la investigación, cuando tenía 18 años se desempeñaba como informante e integraba los grupos de tareas de las fuerzas represoras.
Desde diciembre de 2010 Benedicto estaba arrestado en el penal de Villa Urquiza, bajo la modalidad de la prisión preventiva. El imputado fue llevado a su casa hace dos meses, debido a que debía someterse a una cirugía en la rodilla y la rehabilitación no podía ser llevada a cabo en la cárcel. Unos 30 días atrás, el escribano intentó quitarse la vida en su vivienda. Por ello, fue internado en el Instituto Corbalán, situado en avenida Colón al 1.000.
"Exigimos al juez Bejas explicaciones sobre cómo es posible que el imputado bajo custodia policial se haya dado a la fuga. Repudiamos las concesiones a los genocidas, que van desde permitir traslados a domicilios a quienes ya habían violado dicha modalidad como es el caso de Benedicto, hasta otorgarles computadoras a los represores", manifestaron, en un comunicado, Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos), Familiares de Detenidos Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc), la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), la Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, la Asociación Tucumana Contra la Impunidad (ATCI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH-Tucumán), Familiares de Detenidos Desaparecidos del Empalme-Ranchillos; querellantes de la causa "Arsenales" y "Pozo de Vargas" y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Tucumán.
A su vez, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia envió un comunicado en el que expresa su preocupación por la huida de Benedicto. "Bajo diferentes argucias había obtenido previamente la salida de la cárcel facilitando así sus planes de fuga. Ya sucedió antes y ello manifiesta la ausencia de políticas claras en el régimen de prisión de sospechosos de delitos de lesa humanidad, y la necesidad de cuerpos confiables de custodia", dijo el titular de la Secretaría, Humberto Rava.
El funcionario sostuvo que no hay una conciencia clara sobre la necesidad de alojar en la cárcel al delincuente genocida. Y alertó sobre la necesidad de que la Justicia adopte protocolos rigurosos de actuación en la materia. "Se deben crear cuerpos de seguridad profesionales, con convicción democrática", afirmó Rava.
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