La dinámica política de nuestro país ha disparado ciertas discusiones en la agenda pública sobre si la democracia tiene como objetivo promover el consenso entre los ciudadanos, o, por el contrario, si la democracia debe ser entendida como conflicto en sí mismo. Una luz de alarma se enciende cuando estas dos posturas se tergiversan en la escena pública y se reformulan en versiones más extremas, donde, por un lado el conflicto es visto desde la visión amigo-enemigo, y, por el otro, el consenso se entiende como la realización de una voluntad única.
El fin último de la democracia es garantizar que las personas tengan la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisión pública sobre asuntos que les concierne.
De esto se desprende, en primer término, que en una sociedad realmente democrática la diversidad de opiniones y de intereses, muchas veces opuestos, es un hecho natural y deseable. También surge, en segundo lugar, una especial preocupación por los grupos e individuos que se enfrentan a barreras económicas, sociales o culturales que los ponen en una situación de desventaja respecto de sus pares a la hora de hacer oír su voz en el debate público.
Ni lo uno
Justamente, para estos grupos la propuesta de una democracia basada en el conflicto desde una perspectiva amigo-enemigo implicaría una casi segura y anticipada condena a fracasar en su intento de expresar y hacer oír su voz. Ya que en estas circunstancias, la solución del conflicto se asume como inevitablemente ligada a la anulación del adversario por parte del más fuerte.
En este escenario, la democracia implicaría el agravamiento de la situación de estos grupos ya que los mismos no tendrían ningún otro remedio que salir a la arena democrática en claras condiciones de desventaja.
Ni lo otro
Igualmente, la propuesta de una democracia que busca imponer una voluntad única respaldada en un supuesto consenso también juega en contra de la realización de los intereses de estos grupos. En contextos de intereses disimiles, la obtención de consensos, si esto alguna vez se pudiese alcanzar, requeriría el desarrollo de complejos y prolongados procesos y la inversión de tiempo y recursos que generalmente grupos y personas desaventajadas carecen, lo que también los podrían en una situación desfavorable en el debate público. Esto se agrava cuando observamos que estos grupos desaventajados muchas veces representan intereses minoritarios, lo que significa que lograr un apoyo consensuado de los mismos es una tarea aún más desgastante.
En estas líneas, pareciera errado proponer que gobiernos democráticos se guíen ya sea por los ideales de conflicto o de consensos que muchas veces se sostienen en la agenda pública. La democracia implica asumir las diferente voces, muchas veces opuestas, pero a la vez implementar mecanismos de discusión pública que no anulen la capacidad de los grupos e individuos, sobre todo los más desaventajados, de expresar y hacer oír sus voces en el proceso de toma de decisión pública.
El fin último de la democracia es garantizar que las personas tengan la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisión pública sobre asuntos que les concierne.
De esto se desprende, en primer término, que en una sociedad realmente democrática la diversidad de opiniones y de intereses, muchas veces opuestos, es un hecho natural y deseable. También surge, en segundo lugar, una especial preocupación por los grupos e individuos que se enfrentan a barreras económicas, sociales o culturales que los ponen en una situación de desventaja respecto de sus pares a la hora de hacer oír su voz en el debate público.
Ni lo uno
Justamente, para estos grupos la propuesta de una democracia basada en el conflicto desde una perspectiva amigo-enemigo implicaría una casi segura y anticipada condena a fracasar en su intento de expresar y hacer oír su voz. Ya que en estas circunstancias, la solución del conflicto se asume como inevitablemente ligada a la anulación del adversario por parte del más fuerte.
En este escenario, la democracia implicaría el agravamiento de la situación de estos grupos ya que los mismos no tendrían ningún otro remedio que salir a la arena democrática en claras condiciones de desventaja.
Ni lo otro
Igualmente, la propuesta de una democracia que busca imponer una voluntad única respaldada en un supuesto consenso también juega en contra de la realización de los intereses de estos grupos. En contextos de intereses disimiles, la obtención de consensos, si esto alguna vez se pudiese alcanzar, requeriría el desarrollo de complejos y prolongados procesos y la inversión de tiempo y recursos que generalmente grupos y personas desaventajadas carecen, lo que también los podrían en una situación desfavorable en el debate público. Esto se agrava cuando observamos que estos grupos desaventajados muchas veces representan intereses minoritarios, lo que significa que lograr un apoyo consensuado de los mismos es una tarea aún más desgastante.
En estas líneas, pareciera errado proponer que gobiernos democráticos se guíen ya sea por los ideales de conflicto o de consensos que muchas veces se sostienen en la agenda pública. La democracia implica asumir las diferente voces, muchas veces opuestas, pero a la vez implementar mecanismos de discusión pública que no anulen la capacidad de los grupos e individuos, sobre todo los más desaventajados, de expresar y hacer oír sus voces en el proceso de toma de decisión pública.








