14 Septiembre 2011 Seguir en 
BUENOS AIRES.- La causa por la venta ilegal de armas signó la segunda parte de la década del 90, cuando finalmente la Justicia federal desempolvó una denuncia que había estado en los estantes durante más de un año, radicada por el abogado Ricardo Monner Sans, y que recayó en el juzgado del magistrado Jorge Urso. Lentamente comenzó a tejerse la trama y aparecieron cañones seriados que tuvieron como destino Croacia, ya que durante la cruenta guerra de los Balcanes ese país no tenía Ejército y sus fuerzas se organizaron gracias en buena parte a las toneladas de armas que envió la Argentina en buques croatas.
A medida que transcurría la investigación, la causa se teñía de sangre: uno de los imputados, el capitán retirado de la Armada Horacio Estrada, antes de ser indagado apareció muerto de un disparo en su departamento del microcentro porteño, en un episodio que nunca fue debidamente aclarado.
La fábrica militar de Río Tercero, de donde se sospechaba se limaron los números de serie de los cañones y se acondicionaron para su envío a Croacia, voló una mañana en una brutal explosión y se perdieron pistas que hacían a una investigación penal.
Los fusiles argentinos fueron transportados en aviones a Ecuador, pero el 8 de octubre de 1996 los testigos, el general Juan Carlos Andreoli y el coronel Rodolfo Aguilar, además de dos altos jefes del Ejército peruano y sus esposas, murieron carbonizados por las llamas del helicóptero Puma 330 que se desplomó.
Con el correr de los meses, la causa en la Justicia Federal se disolvió y siguió en el fuero penal económico, donde lo que se investigó es si hubo delito de contrabando.
En apariencia, con la absolución de 18 imputados de fuste no hubo tipicidad de delito, a pesar de las miles de fojas, declaraciones y reconocimientos en su momento de que las armas viajaron a la ex Yugoslavia y a Ecuador.
A medida que transcurría la investigación, la causa se teñía de sangre: uno de los imputados, el capitán retirado de la Armada Horacio Estrada, antes de ser indagado apareció muerto de un disparo en su departamento del microcentro porteño, en un episodio que nunca fue debidamente aclarado.
La fábrica militar de Río Tercero, de donde se sospechaba se limaron los números de serie de los cañones y se acondicionaron para su envío a Croacia, voló una mañana en una brutal explosión y se perdieron pistas que hacían a una investigación penal.
Los fusiles argentinos fueron transportados en aviones a Ecuador, pero el 8 de octubre de 1996 los testigos, el general Juan Carlos Andreoli y el coronel Rodolfo Aguilar, además de dos altos jefes del Ejército peruano y sus esposas, murieron carbonizados por las llamas del helicóptero Puma 330 que se desplomó.
Con el correr de los meses, la causa en la Justicia Federal se disolvió y siguió en el fuero penal económico, donde lo que se investigó es si hubo delito de contrabando.
En apariencia, con la absolución de 18 imputados de fuste no hubo tipicidad de delito, a pesar de las miles de fojas, declaraciones y reconocimientos en su momento de que las armas viajaron a la ex Yugoslavia y a Ecuador.
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