22 Julio 2011 Seguir en 
Los contadores tucumanos están enojados. Un proyecto elevado a la Legislatura propone la reforma del Código Procesal Laboral y con un punto que les toca el bolsillo: la reducción de los honorarios a los peritos que son convocados en los pleitos laborales. El tema llevó a la cúpula del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán a plantear ayer la inquietud de los profesionales al gobernador, José Alperovich, y al presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado. "Nos prometieron que formaremos parte de la comisión de debate del proyecto", afirmó a LA GACETA la titular del colegio de graduados, Patricia Manso.
La entidad comenzó a difundir desde ayer a los graduados sobre los avances de la iniciativa que, según Manso, es promovida desde la Corte Suprema de Justicia. "Entendemos que el proyecto atenta seriamente contra la jerarquización de la labor pericial ya que se vulneran derechos de los profesionales en Ciencias Económicas que actúan como peritos en pleitos laborales", señala el pronunciamiento del consejo directivo. La situación afectaría a unos 400 profesionales de toda la provincia.
La cuestión de mayor importancia surge de la redacción del artículo 51 del proyecto que implica la desvalorización total de los trabajos periciales presentados en el fuero laboral, ya que la base económica para la regulación se verá reducida a un tercio de la que rige actualmente, puntualiza el texto.
El Colegio de Graduados recordó la vigencia de la Ley de Aranceles Nº 7897 que establece los parámetros para fijar los honorarios en el caso de los peritos en Ciencias Económicas aprobada en 2007 con el consenso de la mayoría de los legisladores en ejercicio. "No aceptaremos que se convierta a los profesionales en ciencias económicas en la variable de ajuste en el costo de los pleitos", advierte.
El consejo directivo solicitó formalmente a la Legislatura que no se vulneren los derechos de los profesionales que actúan como auxiliares de la Justicia de percibir una remuneración digna. "Esta situación se agrava teniendo en cuenta que los tiempos de los procesos se han incrementado desmedidamente, retardando los momentos de regulación y percepción de los honorarios que de esa manera se ven reducidos en porcentajes intolerables merced a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda", señala.
La entidad comenzó a difundir desde ayer a los graduados sobre los avances de la iniciativa que, según Manso, es promovida desde la Corte Suprema de Justicia. "Entendemos que el proyecto atenta seriamente contra la jerarquización de la labor pericial ya que se vulneran derechos de los profesionales en Ciencias Económicas que actúan como peritos en pleitos laborales", señala el pronunciamiento del consejo directivo. La situación afectaría a unos 400 profesionales de toda la provincia.
La cuestión de mayor importancia surge de la redacción del artículo 51 del proyecto que implica la desvalorización total de los trabajos periciales presentados en el fuero laboral, ya que la base económica para la regulación se verá reducida a un tercio de la que rige actualmente, puntualiza el texto.
El Colegio de Graduados recordó la vigencia de la Ley de Aranceles Nº 7897 que establece los parámetros para fijar los honorarios en el caso de los peritos en Ciencias Económicas aprobada en 2007 con el consenso de la mayoría de los legisladores en ejercicio. "No aceptaremos que se convierta a los profesionales en ciencias económicas en la variable de ajuste en el costo de los pleitos", advierte.
El consejo directivo solicitó formalmente a la Legislatura que no se vulneren los derechos de los profesionales que actúan como auxiliares de la Justicia de percibir una remuneración digna. "Esta situación se agrava teniendo en cuenta que los tiempos de los procesos se han incrementado desmedidamente, retardando los momentos de regulación y percepción de los honorarios que de esa manera se ven reducidos en porcentajes intolerables merced a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda", señala.
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