03 Julio 2003 Seguir en 
Madrid.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió la nulidad del juicio oral contra el ex represor argentino, Adolfo Scilingo, acusado de delitos de lesa humanidad, por considerar que no se puede juzgar un caso separado del resto del sumario por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina. El fiscal Pedro Rubira se refirió también al caso del ex militar argentino, Ricardo Miguel Cavallo, recientemente extraditado por México para ser juzgado por crímenes cometidos durante el régimen militar en Argentina (1976-83). En su escrito ante la principal instancia penal española, Rubira señala la "falta de competencia de los tribunales españoles para investigar hechos cometidos por ciudadanos extranjeros fuera del territorio nacional", y reiteró la prescripción de los delitos imputados a Scilingo, así como la aplicación del principio de "cosa juzgada".
Rubira considera que muchos de los militares argentinos procesados por el juez Baltasar Garzón ya fueron juzgados en Argentina y liberados en virtud de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que equivale a un indulto. La mayoría de estas alegaciones ya fueron contestadas y rebatidas por la Sala III de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Testigos
El juez Garzón tomó ayer declaración a dos testigos que acusaron a Cavallo, ex capitán de corbeta apodado "Sérpico", de participar en secuestros y torturas de personas, y en la expropiación de bienes de desaparecidos durante última la dictadura militar argentina. Marcelo Hernández relató en qué circunstancias fue secuestrado el 10 de enero de 1977 por un "grupo de tareas" de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), e identificó a Cavallo como torturador e integrante de operativos de secuestro. Por su parte, Federico Gómez ratificó la declaración que hizo ante Garzón en 1997 y amplió su testimonio con la presentación de pruebas que involucran a Cavallo en el entramado de saqueo de bienes de desaparecidos y, en particular, de su padre, Conrado Gómez, abogado penalista secuestrado el 11 de enero de 1977. "Le señalé los documentos de las sociedades anónimas que crearon a partir de los bienes robados y que hacen que la ESMA siga funcionando mediante el saqueo a las víctimas", explicó. (Télam)
Rubira considera que muchos de los militares argentinos procesados por el juez Baltasar Garzón ya fueron juzgados en Argentina y liberados en virtud de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que equivale a un indulto. La mayoría de estas alegaciones ya fueron contestadas y rebatidas por la Sala III de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Testigos
El juez Garzón tomó ayer declaración a dos testigos que acusaron a Cavallo, ex capitán de corbeta apodado "Sérpico", de participar en secuestros y torturas de personas, y en la expropiación de bienes de desaparecidos durante última la dictadura militar argentina. Marcelo Hernández relató en qué circunstancias fue secuestrado el 10 de enero de 1977 por un "grupo de tareas" de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), e identificó a Cavallo como torturador e integrante de operativos de secuestro. Por su parte, Federico Gómez ratificó la declaración que hizo ante Garzón en 1997 y amplió su testimonio con la presentación de pruebas que involucran a Cavallo en el entramado de saqueo de bienes de desaparecidos y, en particular, de su padre, Conrado Gómez, abogado penalista secuestrado el 11 de enero de 1977. "Le señalé los documentos de las sociedades anónimas que crearon a partir de los bienes robados y que hacen que la ESMA siga funcionando mediante el saqueo a las víctimas", explicó. (Télam)







