01 Julio 2003 Seguir en 
Adjudicatarios de casas del barrio 240 Viviendas, de Villa Carmela, denunciaron que sus casas no pueden ser terminadas porque fueron ocupadas por "vecinos" descontentos con los lotes que les habían tocado en el sorteo inicial. El barrio será inaugurado oficialmente hoy.
En mayo del año pasado, cerca de 60 familias preadjudicatarias habían anunciado su decisión de ocupar sus casas inconclusas, "ante la sospecha de que personas ajenas al barrio iban a usurparlas", dijeron entonces a LA GACETA. Ahora, Jessica Valor, Martín Salas, Manuel Ramos Román,
preadjudicatarios de este barrio construido en dos etapas a través de la CGT, dijeron que reclamaron la situación ante distintas gestiones del Instituto Provincial de la Vivienda (incluida la actual, de Gustavo Durán) y que no tuvieron respuesta.
No pueden trabajar
"La terminación interior está pendiente y no por falta de voluntad de la empresa constructora sino porque no pueden trabajar en las casas ocupadas", sostuvo Romano. "Hay personas que ya hicieron refacciones; esto dificulta aún más la tarea de la empresa", añadió. "Según el acta de sorteo 421, de la Secretaría de Gobierno, somos preadjudicatarios de las casas: Nº 2 manzana B; Nº 1, manzana L, Nº 2, manzana L y Nº 1, manzana C. Lo único que queremos es que cada cual tome posesión de lo que le pertenece. Nos parece una injusticia y un fastidio el hecho de haber estado pagando por una casa libre y tener que hacer un juicio de desalojo", opinó Jessica Valor. Aseguran que el Gobierno inició un juicio de desalojo, que recayó en la Fiscalía VIII, a cargo hasta hace una semana de la fallecida fiscal Joaquina Vermal.
Carlos Rivas Jordán denunció que la CGT le vendió a su yerno, Miguel A. Martínez Piquera, una transferencia en el barrio, pero que después no le dieron la casa. "Queríamos comprar una transferencia. En la CGT nos dijeron que tenían una casa disponible y que ahí podíamos hacer las gestiones pagando una suma que evitaba gastos de escribanía. El 13 de diciembre de 2002, en Crisóstomo Alvarez 560, local 3, mi yerno abonó al contado $ 1.740 en concepto de terreno y cuota; y le dieron un recibo como preadjudicatario. Pero después averiguamos que no figuramos en el Instituto de la Vivienda. El 8/ 3/ 2003 le pedimos a Daniel Acosta, de la CGT, que nos precise cuál casa que nos había tocado, y el 9/4 nos contestó que no tiene ubicación, dado que somos suplentes", relató indignado.
En mayo del año pasado, cerca de 60 familias preadjudicatarias habían anunciado su decisión de ocupar sus casas inconclusas, "ante la sospecha de que personas ajenas al barrio iban a usurparlas", dijeron entonces a LA GACETA. Ahora, Jessica Valor, Martín Salas, Manuel Ramos Román,
preadjudicatarios de este barrio construido en dos etapas a través de la CGT, dijeron que reclamaron la situación ante distintas gestiones del Instituto Provincial de la Vivienda (incluida la actual, de Gustavo Durán) y que no tuvieron respuesta.
No pueden trabajar
"La terminación interior está pendiente y no por falta de voluntad de la empresa constructora sino porque no pueden trabajar en las casas ocupadas", sostuvo Romano. "Hay personas que ya hicieron refacciones; esto dificulta aún más la tarea de la empresa", añadió. "Según el acta de sorteo 421, de la Secretaría de Gobierno, somos preadjudicatarios de las casas: Nº 2 manzana B; Nº 1, manzana L, Nº 2, manzana L y Nº 1, manzana C. Lo único que queremos es que cada cual tome posesión de lo que le pertenece. Nos parece una injusticia y un fastidio el hecho de haber estado pagando por una casa libre y tener que hacer un juicio de desalojo", opinó Jessica Valor. Aseguran que el Gobierno inició un juicio de desalojo, que recayó en la Fiscalía VIII, a cargo hasta hace una semana de la fallecida fiscal Joaquina Vermal.
Carlos Rivas Jordán denunció que la CGT le vendió a su yerno, Miguel A. Martínez Piquera, una transferencia en el barrio, pero que después no le dieron la casa. "Queríamos comprar una transferencia. En la CGT nos dijeron que tenían una casa disponible y que ahí podíamos hacer las gestiones pagando una suma que evitaba gastos de escribanía. El 13 de diciembre de 2002, en Crisóstomo Alvarez 560, local 3, mi yerno abonó al contado $ 1.740 en concepto de terreno y cuota; y le dieron un recibo como preadjudicatario. Pero después averiguamos que no figuramos en el Instituto de la Vivienda. El 8/ 3/ 2003 le pedimos a Daniel Acosta, de la CGT, que nos precise cuál casa que nos había tocado, y el 9/4 nos contestó que no tiene ubicación, dado que somos suplentes", relató indignado.
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